Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
La Universidad de Antioquia (UdeA) está pasando por una de las etapas más difíciles en sus 221 años de historia. Se encuentra en un momento de crisis financiera, pero también en medio de una disputa política entre el Gobierno nacional y el departamental y local. Ambos tipos de actores la están usando como instrumento político para aumentar su poder regional y nacional. Una disputa que de no resolverse rápidamente terminará por afectar seriamente a uno de los patrimonios intelectuales y culturales más importantes del país.
Como todos saben, la crisis de la UdeA es la misma por la que están pasando la mayoría de las universidades públicas del país. Desde hace tres décadas, el dinero que le transfiere el Gobierno nacional, vía Ley 30 de 1992, no es suficiente para cubrir todos los gastos e inversiones necesarias para su apropiado funcionamiento. Estas transferencias estatales equivalen hoy a tan solo el 45% del presupuesto de la Universidad, lo que la obliga a conseguir el restante porcentaje con la venta de servicios educativos.
Debido a esta situación, desde hace años, la UdeA viene realizando esfuerzos diarios para poder pagar cumplidamente la nómina a sus empleados y a proveedores de servicios. Pero desde mediados de 2024 se encontró, por primera vez en los últimos tres decenios, con la dificultad de pagar cumplidamente los intereses a las deudas, la nómina de sus empleados y realizar las inversiones en infraestructura. De allí que haya tenido que salir al espacio público a manifestarle al Estado y a la sociedad sus problemas financieros, pues a ellos se debe.
En este contexto es que tanto el Gobierno nacional —de Gustavo Petro— como el regional y local —la gobernación en cabeza de Andrés Julián Rendón y la municipal con el alcalde de Medellín y excandidato a la Presidencia Federico Gutiérrez— están aprovechando este momento crítico para instrumentalizar a la Universidad de Antioquia y convertirla en un artefacto para ganar mayor poder. Ambos tipos de gobiernos se encuentran en una dura disputa por acumular poder y llegar fortalecidos a las elecciones de 2026.
A pesar de que falta más de un año y medio para conocer quién se queda o no con la Presidencia, en Antioquia parece que desde el primer día de 2024 comenzó la disputa política por el poder regional y nacional. Tanto el gobierno Petro como los de Gutiérrez y Rendón están aprovechando el difícil momento de la UdeA para ganar poder electoral. Se presentan como los benévolos salvadores de la universidad o como los defensores críticos de las acciones que uno u otro bando hagan alrededor del problema.
Desde que apareció en escena la crisis a mediados de año, ambos tipos de gobierno han seguido la misma lógica. Parten por advertir que hacen lo que las normas les permiten; que la Ley 30 de 1992 estableció un sistema de contribuciones que ellos siguen y respetan. Pero que, a pesar de ello, están dispuestos a hacer sacrificios y ofrecer alternativas para paliar la crisis. Eso sí, esperando que la UdeA realice unas acciones enmarcadas en un plan de austeridad, como reducir los contratos hora-cátedra, aumentar la docencia de los profesores vinculados o bajar los salarios, entre otras medidas.
La Gobernación de Antioquia, debido a que preside el Consejo Superior Universitario y sabe las dificultades que tiene el plantel educativo, se le ha visto muy activa ofreciendo a la UdeA adelantar las transferencias financieras que le hace anualmente para que pague una quincena o presentándole la opción de gestionar un préstamo con bajo interés, a través del Instituto de Desarrollo de Antioquia (IDEA), para que cubra sus gastos hasta el 31 de diciembre.
Lo mismo hace el Gobierno nacional. En varias ocasiones se le ha visto diciendo que ha elevado las transferencias del Estado a las universidades públicas, que la compensación por aumentar la cobertura es considerable, y que ningún gobierno anterior ha realizado tantos esfuerzos por pasar más recursos a estas instituciones públicas de educación. Se ufana de estar tramitando ante el Senado una propuesta de ley que cambie definitivamente los artículos 86 y 87 de la Ley de Educación Superior.
Incluso, el mismo alcalde Federico Gutiérrez, quien de manera reiterada reconoce que no tiene ninguna responsabilidad financiera con la Universidad de Antioquia, pues ya hace lo suficiente con las tres organizaciones locales de educación —ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor—, se le ve buscando opciones para ser el protector de la educación superior pública. Está buscando aprovechar el momento para luego capitalizarlo como futuro candidato a la Presidencia.
Lo problemático de toda esta situación es que ninguno de los tres gobiernos ofrece soluciones definitivas y de largo plazo. Todos ellos, que fácilmente podrían presentar soluciones más profundas y comprometidas para atender el problema, lo único que quieren es mantener el problema financiero vivo. Han comprendido la utilidad política que tiene mantener a la UdeA en crisis y a los estudiantes y profesores manifestándose en la calle, pues de todo este movimiento ganan los tres cada día.
Gana el presidente Petro cuando logra que los jóvenes furiosos salgan constantemente a la calle a protestar y muestren su inconformismo; esta fue la estrategia que le sirvió para llegar a la Presidencia y está será la bandera que desea seguir manteniendo durante el tiempo que esté en el poder. Por tanto, espera que la juventud y los profesores lo apoyen y con sus acciones muestran el inconformismo de un modelo educativo en crisis que él puede cambiar. De allí que el ministro de Educación le ofrezca a los jóvenes, en las asambleas universitarias, acompañarlos a la calle a exigir más recursos.
Ganan el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín cuando la gente ve a unos jóvenes universitarios protestando y violentando las calles. Con ello se abre la posibilidad de insistir en sus discursos lo importante que son las propuestas represivas y lo conveniente que resulta para el país resucitar el modelo de seguridad democrática. Incluso, ven en estas manifestaciones una oportunidad para pensar en el cambio del actual rector, para que llegue “por fin” la tranquilidad a la UdeA y se permita instaurar otra cabeza que esté alineado con ellos.
En conclusión, la Universidad de Antioquia se encuentra en medio de una confrontación política, entre el poder nacional y los regionales, por llevar uno u otro bando a la Presidencia de la República. Una pelea que ha convertido a la UdeA en un campo de batalla o si se quiere un instrumento para acumular poder político. Una pelea que durará mucho tiempo, al menos 18 meses mientras se hacen las elecciones presidenciales. Pero en la que, al final, todos perdemos.
Pierde el Gobierno nacional, al poner en riesgo la segunda institución educativa más importante del país, quien hoy, a pesar de la crisis, sigue aportando a la investigación. Y pierde los gobiernos departamental y municipal, pues se está afectando seriamente la calidad y cobertura de la educación, en un departamento donde la UdeA hace presencia con el multicampus en todo el territorio paisa y, además, donde más de la mitad de sus estudiantes son de Medellín.
Pero, en especial, perdemos todos como sociedad, al permitir que, por un lado, se critique y ponga en cuestionamiento la importancia de la educación pública para el desarrollo, la equidad y el cambio social; y por el otro, que se perdone al Estado por no cumplir con su responsabilidad de ofrecer a todos los ciudadanos una educación pública y gratuita, responsabilidad que se la entregan a la misma universidad al tener ella que conseguir el dinero para que se amplíe y mantenga el derecho a la educación en los territorios.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
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