Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
La aprobación por parte del Concejo de Medellín, el 21 de agosto de 2024, de la venta de las acciones que tiene las Empresas Públicas de Medellín (EPM) en la compañía Tigo-Une, despertó en Colombia de nuevo el debate sobre la conveniencia o no que tiene, para los ciudadanos-usuarios de los servicios públicos domiciliarios, la privatización de activos estatales.
La venta de activos de empresas públicas o mixtas y de los derechos a participar en ciertos mercados fue un tema de mucha importancia y debate, tanto en Colombia como en el contexto latinoamericano, en las últimas dos décadas del siglo pasado. Durante ese tiempo se vivió el tsunami de las privatizaciones. El Estado vendió muchas de sus empresas y posibilitó que el sector privado ofreciera bienes y servicios donde antes tenía exclusivo dominio.
Una situación similar se dio, de manera especial, hace pocas semanas en Medellín. El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, quien es el presidente de la Junta Directiva de EPM, propuso al Concejo de Medellín la aprobación de un acuerdo municipal que le permitiera, en menos de 24 meses, realizar la enajenación de las acciones que tiene en su emblemática empresa descentralizada de telecomunicaciones Tigo-Une.
Ante esta situación se esperaba que, por ser un activo público, perteneciente a la ciudadanía, se iba a dar una discusión mucho más profunda y de mayor seriedad que las que se dio en el país hace cerca de 30 años, cuando los gobiernos decidieron entregar muchas de las empresas y monopolios estatales al sector privado. Sin embargo, esto no ocurrió, la decisión la tomó el gobierno municipal de manera rápida —vía exprés—.
En menos de dos semanas y apenas con dos debates en el Concejo, se aprobó la venta de la compañía. El alcalde Federico realizó la propuesta, invitó a unos cuantos académicos al recinto del honorable Concejo, se escuchó rápidamente a cada concejal y, finalmente, se tomó la decisión de enajenar un bien público que, por más de 100 años, le había pertenecido al gobierno local.
Fueron16 votos a favor, cinco en contra y una abstención. Este fue un proceso muy extraño, pues el alcalde Gutiérrez logró poner al Concejo, en muy poco tiempo, de acuerdo en la venta. Fue extraño porque con el anterior mandatario, Daniel Quintero, quien había realizado la misma propuesta, no se le permitió la enajenación. Y ahora, el mismo órgano consultivo y decisorio, sin escuchar muchos argumentos, dijo sí por mayoría.
Ahora, el alcalde de Medellín, como presidente de EPM, contará con una magnífica cifra —cercana a los 1.6 billones de pesos— para invertir en la ciudad. Un plan de inversiones que ya se tiene organizado y con el cual se emprenderá una serie de programas muy cercanos a las propuestas que él puso en su Plan de Desarrollo Municipal; aunque muy alejada de las responsabilidades que la compañía de servicios públicos domiciliarios tiene en sus ejes misionales.
Lo que sigue ahora es que, en pocos meses, una de las empresas públicas más antiguas e importantes de la ciudad, pase a manos del sector privado. Según la Ley 226 de 1995, lo que sigue es valorar la empresa —hoy calculado su valor en 1.6 billones de pesos, cuando hace un año era de 2.3 billones—, ofrecérsela a los interesados más cercanos —empleados, ciudadanía y el mismo Estado— y, finalmente, entregársela al mercado.
Lo que se calcula es que la empresa transnacional Millicom, que hoy es la socia de Tigo-Une, se quede finalmente con toda la compañía. Este gigante privado ha manifestado su interés de quedarse con el negocio, y hará todo lo posible para que las acciones se vendan muy barato al inicio y luego buscará tentar a los accionistas minoritarios para que le vendan la participación con una ganancia considerable para todos.
De esta manera el alcalde Federico —quien repetirá muy pronto como candidato a la Presidencia de la República— pasará a la historia como el alcalde de la ciudad de Medellín que vendió una empresa local de telecomunicaciones, con más de un siglo de historia, en un momento donde se requería para muchas cosas, entre ellas, hacer un balance de cómo se gestiona una de las empresas públicas más estratégicas para ofrecer telefonía e internet a las poblaciones más pobres y excluidas de Colombia.
Es decir, con la venta de Tigo-Une los empleados, la empresa, la ciudad, el Estado y la ciudadanía pierden muchas cosas. Pierden los 3.800 trabajadores que ahora ven con inseguridad y desconfianza el futuro de la compañía; ellos no tienen claro qué pasará con sus puestos de trabajo. Pierde EPM, que ahora tendrá una compañía cada vez más concentrada en el negocio de la energía y el agua potable y se aleja de una canasta de oferta más amplia de los servicios públicos domiciliarios.
Pierde la ciudad de Medellín, entregando un valioso activo en el momento preciso donde se le ha declarado Distrito de Ciencia y Tecnología y que requiere sinergia en TIC. Y pierde el Estado, quien contará con una empresa menos para hacerle frente al comportamiento agresivo del sector privado, en el renglón estratégico de los servicios públicos para el bienestar de la ciudadanía.
Precisamente, el ciudadano-usuario es el más perjudicado, en especial, aquel que habita en los territorios más alejados y marginados. Para ellos será difícil que una empresa transnacional, que piensa en la ganancia y que se quedará con Tigo-Une, los miren como uno de sus segmentos de mercado. Verán cómo se aleja el sueño de tener un servicio público de telecomunicaciones como derecho. La idea de tener un servicio a bajo costo y de calidad ya no será posible.
También hay que considerar las pérdidas inmediatas. La decisión exprés está imposibilitando que se haga un balance sobre las bondades y debilidades del modelo descentralizado de comunicaciones que se tuvo por más de un siglo. Une es una empresa que nació en Medellín, tuvo dominio territorial, logró superar los retos que le presentó las coyunturas políticas y económicas en el pasado y hoy desaparecerá sin entregarnos un balance de lo que fue la empresa y significó la descentralización del servicio de telecomunicaciones en Colombia.
Hubiese sido muy apropiado que en esta coyuntura se revisara la manera cómo operó esta empresa en la historia reciente. Una compañía que le tocó pasar por todos los procesos de reforma regulatoria y de mercado durante las últimas tres décadas. Recordemos que Une es una empresa comercial del Estado, que se resistió a las privatizaciones, y tomó el camino de ampliar su oferta de servicios por todo el país; algo muy distinto a ETB, que se concentró en ofrecer servicios en Bogotá.
Finalmente, con la venta del activo público le estamos dando una mala señal a la ciudadanía. De nuevo, como ocurrió a finales del siglo XX, le estamos insinuando que lo Estatal es malo; que el sector público no es capaz de enfrentar los retos del mercado; y que la competencia, el progreso y la adaptación la hace mejor el sector privado. Le estamos diciendo a la ciudadanía que para tener unas empresas públicas bien gestionadas, eficientes y que ofrecen servicios de calidad y con cobertura debemos en tragarla a los particulares.
En conclusión, le podemos decir al alcalde de Medellín: ¡Gracias por la manera tan eficiente como logró la venta de una de las compañías emblemáticas del país en materia de servicios públicos! ¡Gracias por la venta exprés que logró, con la que se llevó la oportunidad de discutir la importancia de contar con empresas grandes con patrimonio Estatal! Y ¡Gracias por tomar la decisión cuasi-individual de vender el patrimonio de todos y todas, para invertirlo en su plan de gobierno!
*Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflictos del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
**Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
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