Por: Laura Cano, periodista Pares.
El pasado 26 de marzo la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) confirmó el primer caso positivo de Coronavirus. Se trataba de una mujer, mayor de 60 años y perteneciente al pueblo Yukpa, ubicado en el barrio Escobal, en Cúcuta. Desde ese momento, y tras reiterativas exigencias para que se implementaran medidas de protección, lo que ha resultado es una escalada en los contagiados, número que llega a los 142.
Con corte al 11 de mayo, la ONIC informó que, a la fecha, al menos, son 13 los pueblos afectados, entre estos están: Tikuna, Tariano, Miraña, Inga, Yucuna, Ocaina, Mokana, Zenú, Yukpa, U´wa, Wayuu, Pastos y Yanaconas. Además, se han registrado 8 fallecimientos a causa del virus. Adicionalmente, se alerta que urgen pruebas por nexo epidemiológico, y que al momento hay 15 casos por confirmar.
Por otra parte, se ha instado en que 321.611 familias indígenas están en riesgo, reportándose 5.887 más en comparación con el informe anterior, presentado el 07 de mayo. Es decir, en este factor hubo un aumento del 1.9%. Por otro lado, se asevera que 535.113 familias están “ad-portas de una crisis humanitaria”.
Ante este panorama que se muestra cada vez más crítico, varias organizaciones nacionales e internacionales han exigido al Gobierno Nacional que garantice y no vulnere los derechos fundamentales como a la salud de los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia, atendiendo a enfoques de interculturalidad, género y solidaridad intergeneracional; tomando en cuenta los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales, con especial atención a la situación de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad en relación con la pandemia, especialmente personas mayores y/o con condiciones preexistentes, en áreas distantes a centros de salud.
Los territorios reclaman atención
Aunque los niveles más altos de contagio se concentran en algunas ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, las cuales acumulan el 59,8% de los casos, llama la atención que en poco tiempo la pandemia ha logrado trasladarse a municipios cercanos con poblaciones de 100.000 habitantes aproximadamente, donde el principal problema es la capacidad de atención hospitalaria, pues al haber un sistema centralizado de salud y con precarias condiciones de cobertura, estas zonas quedan en un alto riesgo de contagio y propagación. Asimismo, otra condición para tener en cuenta es que cerca de estos puntos se encuentran la mayoría de los asentamientos indígenas.
“Los datos del Instituto Nacional de Salud (INS) y del Sistema de Monitoreo Territorial (SMT) – ONIC indican que el número de municipios nuevos a los cuales se ha traslado la pandemia son 22, a saber: Fómeque, Une, Silvania y Gachancipá (Cundinamarca), Paipa y Moniquirá (Boyacá), Oporapa (Huila), Villanueva (Santander), Candelaria (Atlántico), Rovira (Tolima), Fonseca (La Guajira), Los Palmitos (Sucre), Puerto Leguizamo (Putumayo), Maria La Baja y Magangué (Bolívar), Riosucio (Caldas), Pamplona y Los Patios (Norte de Santander), Montelíbano (Córdoba), Santa Lucia (Atlantico), Magui (Nariño), Puerto Nariño (Amazonas)”.
Igualmente, a través del SMT se ha insistido en la instalación de medidas de protección efectivas, argumentando, entre otras cosas, que el virus se ha expandido a 207 municipios con presencia de población indígena, lo que representa el 55% de los territorios donde hay presencia de pueblos indígenas, habiendo 20 en estado crítico: Cumba, Ipiales, Pasto, Riosucio, Túquerres, San Andrés de Sotavento, Maicao, Córdoba, Aldana, Caldono, Toribío, Tuchín, Guachucal, Cuaspúd, Riohacha, Leticia, Manaure, Sampués, Santander de Quilichao y Chía. Registrándose en estos últimos un total de 196.859 indígenas.
A esto se agrega que los departamentos con más número de familias en riesgo son Nariño (115.036), Cauca (50.880), Córdoba (40.590), La Guajira (30.064), Caldas (20.500), Sucre (15.865). Asimismo, los indígenas con mayor amenaza, a pesar de que los pueblos indígenas son sujetos de especial protección constitucional, son: Pastos, Zenú, Nasa, Embera Chamí, Wayuu, Muisca, Mokaná.
Leticia y fronteras, puntos que ameritan priorización
Recientemente a través de Pares se alertó que Leticia estaba al borde de una crisis humanitaria. Esto luego que se conociera una renuncia masiva del personal de salud del E.S.E Hospital San Rafael, el único ente de salud que estaba prestando los servicios de atención por el Covid-19. La razón fue la escasez e inexistencia de elementos y garantías para que el personal atendiera los posibles enfermos por Covid-19. Además, de una deuda con varios proveedores cercana a los $12.000 millones.
Esto y la ausencia de, aunque sea, una Unidad De Cuidados Intensivos, ha hecho el panorama cada vez más crítico; un foco de contagios y de desatención médica, panorama que afecta de manera directa a las 5.525 familias indígenas que habitan en esta zona del país, las cuales hacen parte de los pueblos Ocaina, Matapí, Tanimuca y Cubeo.
Es necesario nombrar que a la fecha en el Amazonas hay 718 personas contagiadas por el virus, de las cuales 146 se ubican en comunidades indígenas. Adicional, se ha denunciado que en Leticia solo hay ocho (8) respiradores para adultos, un pediátrico y una neonata, además, que la planta de oxígeno existente no sirve.
A esto se suma el riesgo en el que están estos pueblos por las pocas medidas que se han tomado para regular los pasos fronterizos. La ONIC en su más reciente informe agregó:
“(…) es preciso señalar que el riesgo de las comunidades en la ciudad de Leticia es bastante amplio por cercanía con poblados de Brasil y Perú, lugares con los que históricamente se mantienen relaciones de cercanía e interacción, razón por la que se ha declarado la alerta en toda la cuenca Amazónica y muy especialmente en el Trapecio Amazónico, donde se evidenció la falta de coordinación entre países fronterizos, la incapacidad institucional para hacerle frente a la pandemia y el abandono Estatal al que han estado enfrentadas las poblaciones indígenas”.
Por otro lado, también están en alerta departamentos como Nariño, el cual representa el riesgo más alto de contagio en familias indígenas, situación acentuada por la cercanía de éste con Ecuador, en donde no han cesado los reclamos para que se controle el paso entre países.
“El proceso de monitoreo, la ONIC ha identificado en el ámbito de las fronteras (ciudades cercanas) con Colombia un total de 13.170 casos en 44 centros poblados vecinos, donde el mayor porcentaje se encuentra en Brasil (73%), Perú (19,9%) y Ecuador (5.3%), estos casos aunque no son nacionales ponen en riesgo a las comunidades que habitan en territorios de frontera o que son binacionales, incluso en mayor grado que los casos nacionales; de tal forma es claro que las zonas transfronterizas presentan unos niveles de riesgo importantes para los 52 pueblos Indígenas que las habitan”.
El Gobierno ¿dónde está?
Aunque las alertas han llegado desde varios sectores sobre los niveles de riesgo que los pueblos indígenas enfrentan con el virus y se ha insistido en la implementación de medidas diferenciadas de protección para esta población, en la que se respeten y tengan en cuenta sus propuestas e iniciativas que se han estado llevando a cabo en cada territorio.
Sin embargo, estas exigencias han caído en oídos sordos, en un Gobierno que en cambio de soluciones ha decidido llevar a estas comunidades represión para las exigencias a través del ESMAD.
Por una parte, cabe señalar que los usos excesivos de la Fuerza Pública contra indígenas han sido reiterativamente denunciados desde que comenzó la cuarentena. El 29 de abril la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana alertó agresiones a mingueros que se encontraban bloqueando la vía de Condagua, Putumayo, ya que como se argumentaba, el Gobierno no había enviado una comisión para atender la grave situación que hay a causa del COVID-19. En ese escenario 6 indígenas quedaron heridos por cuenta del ESMAD.
El 06 de mayo la comunidad Wayuu ubicada en Riohacha, tras días de espera de alimentos y elementos de bioseguridad, decidido hacer un bloqueó solicitando a su vez la presencia del Secretario de Gobierno. No obstante, de nuevo el Escuadrón fue el que llegó al punto, donde además de reprimir el acto de protesta se llevaron detenidos a 10 jóvenes.
El 07 de mayo otro caso de abuso de fuerza se presentó en Bogotá, en el barrio Candelaria la Nueva, luego que el Escuadrón llegara para desalojar a indígenas Embera que habían decidido ocupar unos conjuntos desocupados.
Allí, aparte de las intimidaciones, también se denunció que a raíz de los golpes que propinaron los agentes del organismo a la comunidad indígena, Amparo Morri, quien se encontraba en estado de embarazo perdió a su hijo.
Vale la pena señalar que los abusos del ESMAD bajo el interés de desalojar habitantes de varios sectores han sido reiterativos, sobre todo en barrios de Ciudad Bolívar. Además, que estas acciones por parte de la gente han respondido a la desatención estatal y distrital que ha dejado a muchos sin un lugar que habitar durante la cuarentena.
Por otro lado, la ONIC ha denunciado que se ha insistido por varias vías la atención, acciones y respuestas de Iván Duque, exigiendo, principalmente, garantías de alimentación, agua y salud. Aunque estos deberes no habían sido cumplidos por parte del Gobierno, éste informó al CIDH la entrega de ayudas humanitarias por medio del programa “Colombia Está Contigo-Un Millón de Familias”, así como el desarrollo del “Plan de acciones urgentes en los territorios indígenas para la mitigación de la pandemia COVID-19 y para el autocuidado propio en el marco del SISPI en coordinación con el SGSSS”.
“Estas gestiones que hasta el momento no se han concretado de manera efectiva, puesto que, en la mayoría de los territorios indígenas no se registra la entrega de equipos de bioseguridad, ni fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos indígenas, ni programas de información adecuados, y tampoco garantías para el aislamiento preventivo obligatorio”, afirmó la ONIC.
Igualmente, la ONIC agregó que varias organizaciones indígenas de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones (MPC) comunicaron el 28 de abril, que desde el 17 de abril se ha insistido en una reunión con organismos estatales para dar vía al plan de acciones, sin embargo, la respuesta había sido el silencio administrativo. “Ante la falta de respuesta por parte del gobierno es fundamental seguir ampliando la comunicación con las comunidades y la participación directa a los territorios en el ejercicio de reporte y monitoreo, para dejar constancia sobre la inoperancia del Estado”.