Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares.
En distintas ciudades de Colombia el pueblo se volcó a las calles. El miedo no se ausentó. No solo el miedo al contagio, sino el miedo a la policía y, como no, el miedo que han sufrido las distintas regiones de un país que —por ejemplo— supera 60 masacres en nueve meses. Un Gobierno Nacional al que se le volvió pan de todos los días que miles de personas tengan que salir desplazadas forzadamente huyen de la violencia. De la indolencia del gobierno ante velorios de líderes, lideresas, indígenas y afros que están siendo asesinados.
Según cifras de la Fundación Paz y Reconciliación, durante el gobierno de Iván Duque han sido asesinados 231 líderes y lideresas. Además, son 152 firmantes de la paz asesinados durante los dos años de Duque en la Casa de Nariño. Pares ha venido advirtiendo que la democracia en Colombia atraviesa una profunda crisis en materia de DDHH y, en este sentido, contempla que la protesta social no obedece a una sola razón. Por el contrario, da cuenta de una Colombia que, lejos de tener garantías, alerta al mundo como el partido de gobierno ha roto el equilibrio de poderes.
El Paro Nacional, según sectores del Comité del Paro es un hecho. Durante las siguientes semanas se desarrollarán protestas en Colombia. El 21 de octubre se estima que será, tras movilizaciones durante este mes, un momento clave para la gran jornada de paro nacional. En la que, por ejemplo, hará parte las comunidades indígenas a través de la Minga.
La protesta no se apagó
Tras diez meses de la jornada del 21N de 2019, y en medio de una pandemia mundial, Colombia se encuentra en la antesala de la retoma del Paro Nacional. De esta forma, desde tempranas horas de la mañana del lunes 21 de septiembre Bogotá fue uno de los escenarios en los que las personas se fueron congregando para, como lo decían los manifestantes, recordarle al presidente de la República que el Paro no murió. Y que, dadas las circunstancias, el miedo al contagio es un segundo punto cuando en Colombia asesinan todos los días.
Tras diez meses de la jornada del 21N de 2019, y en medio de una pandemia mundial, Colombia se encuentra en la antesala de la retoma del Paro Nacional. Imagen: Pares.
Distintos sectores confluyeron en la jornada de movilizaciones que tuvieron como fecha el 21 de septiembre. Sin duda, la consigna es en oposición al gobierno de Iván Duque. Tras ello, están las consignas que reclaman por la protección de líderes y lideresas sociales, atención a los feminicidios en Colombia, reformas labores, implementación del Acuerdo de Paz, derecho a la educación gratuita, defensa de los páramos, medidas para mitigar la crisis económica de los sectores más empobrecidos en el país.
¿De qué país habla Duque? Comentaba la gente, de qué país le habla al mundo decían los manifestantes que, como forma de contar la otra historia, se tomaron las calles para dar cuenta —a nivel internacional— de todo lo que está ocurriendo en suelo colombiano. También le reclaman a los medios tradicionales por el silencio ante la crisis que atraviesa el país y la estigmatización que consideran es amplificada en los noticieros.
La labor de distintas organizaciones de Derechos Humanos en las movilizaciones continúa siendo una necesidad de primera mano en Colombia. Su trabajo permite registrar lo que sucede frente al accionar de la Policía y el ESMAD.
Balance de Defender la Libertad
En la capital de la república, a corte de 9:50 pm del 21 de septiembre de 2020, la Campaña Defender la Libertad: asunto de todas registró 30 personas retenidas y 15 personas heridas.
Para Ariel Ávila, subdirector de Pares, la protesta social es un derecho democrático. “De hecho, la democracia es en sí porque se hace en el espacio público. Porque hay protestas, porque hay disenso.” Se refirió a la protesta como una característica de la democracia. A marchar que esto es un derecho, para eso es una democracia. O bueno que nos digan si no lo es.
Para el analista político tiene que existir una correlación de responsabilidades por parte de la Fuerza Pública. “Para evitar esta sensación de impunidad que haya una responsabilidad política. Hasta hoy, ningún coronel, ningún general ha caído por lo que corrió el 9 y 10 de septiembre. Ni el ministro de Defensa. Es como si no hubiese pasado nada, pero esto fue una masacre. En un ejercicio democrático, esto no puede pasar.
La Corte sale en defensa de la protesta social
A pesar de la avanzada uribista en contra de la justicia, en donde la Corte Suprema de Justicia ha tenido que soportar improperios sobre su función de cara al equilibrio de poderes; la Corte sale con un fallo histórico en defensa de la protesta social. La Corte, tras su análisis resaltó que existen agresiones sistemáticas por parte de la Fuerza Pública ante la protesta, ordenó al Gobierno Nacional garantizar este derecho fundamental.
Para Ariel Ávila, subdirector de Pares, la protesta social es un derecho democrático. “De hecho, la democracia es en sí porque se hace en el espacio público. Porque hay protestas, porque hay disenso.” Imagen: Pares.
La Corte se dirigió a la presidencia y al ministerio de Defensa. De manera clara ordenó: “la suspensión de las escopetas calibre 12 usadas por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD), la neutralidad del Gobierno Nacional –incluida la no estigmatización de quienes protestan–, la conformación de una “mesa de trabajo” para reestructurar las directrices del uso de la fuerza y la presentación de disculpas del Ministro de Defensa por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019.” Escopeta que, hace 10 meses asesinó a Dilan Cruz.
La antesala de lo que sería una reforma estructural
La Corte también hizo especial énfasis en un diagnóstico negativo por parte de la Fuerza Pública en materia de DDHH. La Sala de Casación Civil hizo hincapié, por ejemplo, en:
(i) La falta de una Ley Estatutaria que desarrolle los alcances y limitaciones de la fuerza pública, su direccionamiento centralizado o descentralizado, su naturaleza y el juzgamiento de sus conductas, cuando se ejerce el derecho fundamental a la protesta pacífica.
(ii) La violación sistemática de tal prerrogativa por parte de la fuerza pública, en especial, del ESMAD, y la amenaza real que esa institución supone para esa garantía superlativa.
(vi) Desatención a las obligaciones convencionales del Estado respecto de los Derechos Humanos.
(vii) Ausencia de vigilancia y control de las actuaciones de las autoridades demandadas, en relación el derecho de reunión.
(viii) El vacío que supone como institución del ESMAD que no es capaz de garantizar el orden sin violar las libertades y los derechos de los ciudadanos a disentir, pues tampoco hace un uso adecuado de las armas de dotación asignadas.
(ix) La ausencia de resultados verificables de los cursos de formación en derechos humanos, ordenados respecto de los miembros de la fuerza pública, no sólo por el Consejo de Estado sino, además, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en múltiples discursos donde ha sido condenado el Estado por el ejercicio excesivo y arbitrario de sus agentes.
Dos años de crisis en el Ministerio de Defensa
De hecho, uno de los sectores más criticados en el regreso del uribismo tiene que ver con la Fuerza Pública, hecho que se evidencia en las protestas sociales. Justamente, el entonces ministro Guillermo Botero tuvo que renunciar tras la presión social que venía por cuenta de nombramientos de cúpulas con prontuarios de ejecuciones extrajudiciales, el regreso de estos asesinatos por parte de la fuerza pública y el bombardeo que dejó al descubierto las mentiras del entonces jefe de cartera frente a dicha operación, en el Caquetá en donde fueron asesinados 18 niños.
Tras la renuncia de Guillermo Botero Gil como ministro de defensa —que fue aceptada por el presidente Duque el pasado 6 de noviembre de 2019—el ministerio de Defensa continúa de escándalo tras escándalo. Hoy por hoy, una de las carteras ministeriales más poderosas, como lo es el sector de Defensa, está al mando de Carlos Holmes Trujillo y el panorama no mejora. De hecho, sectores de la sociedad civil, organizaciones de DDHH, organizaciones de víctimas y la bancada de oposición están pidiendo su renuncia inmediata.
Holmes Trujillo, cercano de las toldas uribistas, incluso se ha referido a la situación de las Fuerzas Militares tal como lo ha señalado León Valencia quien, en sus palabras, escribió: ‘Carlos Holmes Trujillo ha reconocido que existe una profunda división en las filas’.
En su último capítulo Trujillo se enfrenta a una decisión histórica de la Corte Suprema de Justicia para que éste tenga que ofrecer disculpas por el uso de la fuerza que comanda. Fuerza que, como se ha podido constatar, ha cobrado la vida de manifestantes en las ciudades; pero también en los campos por cuenta de la insistencia de la presencia de fuerza armada ante la protesta campesina. Imagen: Pares.
Tal como refiere el documento: Trujillo tiene “dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes el enteramiento de esta providencia, proceda a presentar disculpas por los excesos de la fuerza pública, en especial, aquéllos cometidos por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional – ESMAD- durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019, las cuales deberán difundirse en el mismo término, por radio, televisión y redes sociales.”
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