Por: Lina Macías y Daniel Esteban Abello Clavijo. Investigadores Pares.
Señalamiento a líderes y falta de garantías de participación (III – última parte)
Si el año pasado se cerró en el país con una cifra alarmante de 87 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, el trágico arranque del presente año es un llamado urgente a impulsar acercamientos que contemplen necesidades diferenciales, colectivas y que, en últimas, se ajusten a contextos complejos, yendo más allá del estrecho enfoque en protección física y material que ha sido promovido una y otra vez desde distintas instituciones del Estado sin mayores resultados.
Además, en el panorama actual parece haber claves que permiten entrever que la situación, ya de por sí crítica, puede no haber tocado fondo: por una parte, de acuerdo con investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación, entre los perfiles de víctimas predominan ampliamente los líderes y lideresas que son: (1) reclamantes de tierras y Verdad, (2) participan de procesos políticos, (3) miembros de JAC (Juntas de Acción Comunal) que se oponen a economías ilegales de distinto tipo y (4)defensores y defensoras de derechos colectivos ligados a comunidades negras e indígenas.
Para comprender esta dinámica y evidenciar los peligros que esta encierra para el posconflicto, la Fundación Paz y Reconciliación Pares, ha identificado los cuatro (4) principales conflictos que sufre hoy el departamento del Guaviare. En este artículo presentamos el cuarto y último de ellos:
Líderes sociales: estigmatizados y señalados
El Guaviare como territorio ha sido forjado por diferentes olas colonizadoras, y si bien las antiguas FARC-EP lograron un control predominante sobre el departamento, también es cierto que este también has sido ejercido por distintos grupos políticos cercanos al paramilitarismo.
Un ejemplo de esta relación ha sido la conducción política de “Nevio Echeverry Cadavid (2001 – 2003), José Alberto Pérez (2004 – 2007) y Oscar de Jesús López Cadavid (2008 – 2011) señalados por Don Mario de haber tenido nexos con el paramilitarismo, se han posicionado económica y políticamente y han fomentado una cultura del desprecio, la discriminación y la exclusión social de aquellos que van en contra de sus “intereses”. (2)
Ante el panorama electoral, los líderes sociales expresan que se ha adelantado una campaña de estigmatización y señalamiento silencioso hacia líderes sindicales y políticos que representen oposición al gobierno actual.
Dice Julio Fuentes, defensor de Derechos Humanos del departamento que “aunque no ha habido una criminalización directa a los líderes sociales, si han ocurrido señalamiento a algunos líderes de la alianza campesina, a líderes del Guayabero, líderes de JAC o a cabezas visibles de los ETCR que se asocian a un partido o a una postura política” (J. Fuentes, comunicación personal, abril 26 de 2019).
Estos señalamientos elevan su nivel de riesgo en un contexto político donde se juegan intereses sobre la tierra, los recursos naturales y las economías ilícitas.
Cuenta un líder sindical que la gente teme verse asociada o favorable al Partido FARC o a líderes de posturas alternativas, puesto que esto genera consecuencias directas a los simpatizantes, como por ejemplo la no vinculación laboral de ellos y sus familiares dentro del departamento o detenciones arbitrarias por parte de policía o las Fuerzas Militares aduciendo que pertenecen a alguna guerrilla o disidencia.
Esta situación tiene una repercusión directa en el ejercicio de participación ciudadana y su incidencia en los asuntos públicos del departamento: la población se ve presionada de manera directa o indirecta a reelegir una y otra vez a la misma clase política que compra, manipula y extorsiona a comunidades y saquea su territorio.
Es una práctica social que profundiza la concentración del poder y promueve la violencia sistemática de quieres defienden los derechos de las comunidades.
Líderes sociales, por la reconstrucción del territorio
Si el Estado no logra responder eficazmente ante la emergencia de estas conflictividades y al vacío de poder y control que ocupaba la guerrilla, estará abriendo la puerta a la instauración de “nuevos poderes” que buscarán obstaculizar la implementación del Acuerdo para proteger sus intereses y dar paso a la degradación paulatina de la Amazonia, que representa una de las ultimas reservas de vida que el planeta tiene como especie.
Es sobre esta reflexión que los líderes y lideresas sociales, campesinos, indígenas, afrodescendientes y defensores de derechos humanos vienen proponiendo alternativas, como la producción agrícola responsable, la protección del bosque amazónico y sus comunidades indígenas.
A su vez, hacen un llamado permanente para frenar la lógica de la acumulación y de depredación así como resistiendo a las viejas prácticas del miedo y la coerción que distintos grupos armados quieren impulsar nuevamente por el control territorial.
Como lo señala Julio Fuentes, “se trata de romper el círculo vicioso de miseria, corrupción y expropiación que viene deteriorando nuestra selva amazónica, esta es la única que nos queda”.
Lo que está sobre la mesa es la manera de abordar la idea de seguridad, que hasta el momento parece reducirse a visiones individuales, pasajeras y policiales, amalgamadas bajo la vieja fórmula de “hacer llegar el Estado” desde arriba.
Son apremiantes los enfoques que den prelación a las particularidades territoriales, reconociendo lo que ya está en marcha y los riesgos latentes; a ampliar la cabida de las medidas colectivas y a la identificación de más autores intelectuales.
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[2] “En marzo de 2010, Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, exintegrante de las AUC, aseveró en una versión ante la Unidad de Fiscalías de Justicia y Paz, que los gobernadores mencionados llegaron a esos cargos gracias a la injerencia de los grupos paramilitares y que Echeverry Cadavid fue auspiciador de los primeros grupos paramilitares en Paratebueno, donde tiene una hacienda. El 19 de enero de 2011, López Cadavid, primo de Echeverry Cadavid fue condenado a 90 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia, por concierto para promover grupos armados al margen de la ley” (López, Revista Sur, 2017).