Una tormenta sacudió el proceso de paz en las tres últimas semanas. El rayo que desató la tempestad fue la sentencia de la Corte Constitucional que abría las puertas para que los congresistas, sin el aval del gobierno, pudieran presentar modificaciones a los proyectos de ley que le han estado dando vida jurídica a los acuerdos de paz de La Habana.
No fue el único fogonazo en el cielo. También era evidente que tanto el gobierno como las Farc no estaban cumpliendo con los compromisos solemnes que habían adquirido el 24 de noviembre en el Teatro Colón, y en medio de esa situación la oposición uribista arreciaba sus ataques a los acuerdos de paz y en la opinión pública se respiraba un ambiente de pesimismo.
Las Farc debían entregar todas sus armas el 31 de mayo y abandonar las zonas veredales transitorias de normalización para iniciar su reincoporación a la vida civil. Era el famoso y esperado Día D+180. Era el minucioso plan acordado en La Habana en los días finales de la negociación. Pero cuando faltaban 20 días para la fecha límite solo 1.000 de los 7.000 guerrillleros habían entregado sus armas y solo una de las 942 caletas de armas declaradas ante Naciones Unidas había sido abierta.
Pero al lado de ese plan había otro: el Estado debía -en fechas concomitantes con el desarme de las Farc garantizar la amnistía para la inmensa mayoría de los guerrilleros, levantar las órdenes de captura para los postulados a la justicia especial para la paz, liberar a los innumerables presos de esta organización y rodear de seguridad a los guerrilleros en tránsito a la vida civil y a los líderes sociales comprometidos con la paz. Estaba obligado a tener listo el plan de reincorporación y el paquete de leyes y decretos que regularán el posconflicto.
Más lejos, mucho más lejos, estaba el gobierno que las Farc en el cumplimiento de estas metas. Ni las incertidumbres jurídicas habían sido despejadas, ni la seguridad física parecía garantizada; entre tanto, 40 líderes sociales habían sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz y también algunos familiares de guerrilleros. De 25 proyectos de ley que deben tramitarse en el fast track solo se han presentado 12, de los cuales 5 han logrado aprobación y 7 están en trámite. Más angustioso aún es el hecho de que ningún guerrillero tiene claro su destino después de abandonar las zonas veredales de transición. Las Farc tenían la disyuntiva más preocupante. Si paralizaban indefinidamente la entrega de armas e insistían en quedarse en las zonas veredales de normalización hasta que los compromisos del gobierno se cumplieran a cabalidad, le daban al uribismo un “bocado de cardenal” y aplazaban o quizás anulaban su participación en la campaña electoral de 2018. Pero si aceleraban su desarme y desmovilización, se metían en un túnel de incertidumbres sobre el cumplimiento de los acuerdos y en una ola de presiones de sus propios combatientes.
Escogieron el segundo camino. Optaron por una fuga hacia adelante. Se comprometieron a culminar la entrega de armas el 20 de junio, a salir de las zonas el 1 de agosto y a dar por entregadas todas las caletas el 1 de septiembre. También disolverán todas las estructuras milicianas y de apoyo y entregarán la lista de sus integrantes para su legalización plena en el proceso de paz.
Esperan, claro está, que el gobierno pueda mover, coordinar y disciplinar a toda la institucionalidad para dar un gran salto en la “implementación” de los acuerdos. Que pueda ganar la voluntad de los congresistas de la coalición de gobierno para respetar sin ambages el espíritu y la letra de los acuerdos de La Habana. Que pueda cumplir con las amnistías, la reintegración digna, la seguridad física, las reformas a la política y al agro, las garantías para la participación política, todo antes de que termine el año, todo antes de que empiece en firme la campaña política.
Columna de opinión publicada en Revista Semana
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