Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad
Foto tomada de: Portafolio
A comienzos de septiembre, el presidente Gustavo Petro reavivó su discurso sobre ser víctima de un "golpe blando", afirmando que las instituciones del Estado estaban siendo instrumentalizadas en su contra. Estas declaraciones surgieron tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de investigar su campaña presidencial por posibles irregularidades en los topes de gastos de 2022. En un contexto donde el presidente ha sido crítico de las acciones del CNE y la Comisión de Acusaciones, Petro ha vinculado estos procesos con una estrategia más amplia de lawfare, similar a lo que ha ocurrido en otros países de América Latina.
En respuesta a lo que considera una amenaza a su mandato, Petro ha impulsado la movilización de sus bases políticas y sociales. El 15 de septiembre se espera que movimientos sociales, sindicatos y seguidores de su proyecto político se reúnan para marchar en defensa del gobierno y en rechazo a lo que ven como intentos de desestabilización. Este llamado busca fortalecer su narrativa de resistencia frente a sectores de oposición que, según él, utilizan las instituciones para frenar sus reformas y debilitar su gestión.
Sin embargo, ¿qué tanto hay de cierto en los temores del presidente ante un “golpe blando”?, ¿hasta dónde puede llegar el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones de la Cámara?
Los verdaderos límites que tiene el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones de la Cámara
Fuente: Valora Analitik
Lo primero que hay que reconocer es que la única entidad que tiene la facultad para juzgar al presidente es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, tal cual está referido en los artículos 174, 175 y 178 de la Constitución Política de Colombia, junto con el artículo 66 de la ley 1952 de 2019. En ellos consta que solamente el Congreso de la República tiene la facultad para investigar y sancionar al presidente.
No obstante, lo que resolvió la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 de agosto es que el Consejo Nacional Electoral tiene toda la capacidad para investigar de manera administrativa a la campaña presidencial de Gustavo Petro, así como tiene la capacidad de tomar decisiones sancionatorias en aquel marco administrativo que puedan repercutir en los miembros del comando de campaña, en el mismo candidato electo y en los directivos de los partidos o movimientos políticos que avalaron la campaña.
Lo único que no puede hacer el Consejo Nacional Electoral es destituir del cargo al presidente, pues en ese caso la competencia la tiene el Senado de la República, luego de que la Comisión de Acusaciones de la Cámara acuse de manera formal al presidente.
En este caso, algunos activistas y analistas políticos han señalado la posibilidad de que el presidente, en caso dado de comprobarse que se superaron los topes de gastos dentro de su campaña en 2022, pueda ser destituido invocando el artículo 109 de la Constitución, que señala que ante la violación de los topes, se pueden destituir personas electas por voto popular a través de la pérdida de investidura (para congresistas, concejales y diputados) o pérdida del cargo (para alcaldes y gobernadores).
El problema que tiene invocar el artículo 109 en este caso es que en ningún momento el texto del artículo es claro en señalar a la figura del presidente, del mismo modo entraría en conflicto con el artículo 174, 175 y 178 de la Constitución, frente a cuál debería ser, en ese caso, el conducto regular que denote cómo y cuándo debería aplicarse este artículo cuando involucre al primer mandatario.
Según lo reportó La Silla Vacía en abril de este año, la mayor parte de esta iniciativa ha surgido en círculos de derecha radical que ven en esta opción una salida rápida para sacar al presidente y a la vicepresidenta de sus cargos. Este grupo (conocido como “Juicio Político a Petro”, cuya página web dejó de funcionar, según lo indagado para este artículo) estaba promovido por Pierre Onzaga, empresario y arquitecto bogotano, quien ha sido una de las principales figuras de las marchas contra las FARC desde 2008, y quien ha colaborado en la organización de varias de las manifestaciones contra el gobierno desde septiembre de 2022.
Ahora, si el CNE prueba que la campaña de Gustavo Petro a la presidencia en 2022 superó el tope de gastos, debe compulsar copias de aquella decisión y denunciar al presidente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que allí se investigue. Allí, el presidente de la comisión designa a tres investigadores entre los congresistas que la componen, para que indaguen y decidan si existe suficiente material probatorio para archivar o no la denuncia.
Este proceso ya se abrió el 6 de diciembre de 2023, cuando la Comisión de Acusaciones inició una investigación previa por estos hechos. El 27 de febrero de 2024 la misma comisión ordenó recolectar nuevas pruebas, el 14 de marzo la comisión escuchó a Nicolás Petro, así como el 18 de abril escuchó en versión libre a Ricardo Roa, exgerente de la campaña y al empresario Euclides Torres. El 16 de mayo la Comisión le pidió al CNE la investigación por financiación a los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, ponentes de esta.
Posteriormente, el 26 de mayo y el 6 de junio, la comisión remitió varias de las denuncias contra la campaña Petro al CNE, mientras que el 5 de junio y con votación 8 a 1, el CNE se declaraba competente para investigar la campaña, y ese mismo día solicitó la intermediación del Consejo de Estado por posible conflicto positivo de competencias con la Comisión de Acusaciones, que terminó dirimiendo este tribunal el pasado 6 de agosto.
Luego del receso de mitad de año, las actividades dentro de la Comisión de Acusaciones están prácticamente paralizadas, luego de que en varias oportunidades se haya roto el quórum para sesionar. Con la decisión del CNE de no votar la ponencia de Prada y Ortiz, tomada el 29 de agosto, la comisión se rompió, por lo que las investigaciones previas, junto con la posibilidad de decidir si la comisión sigue con el proceso o se inhibe del mismo están ahora mismo detenidas.
Futurología remota
Fuente: Portafolio.com
En caso dado de que los tres investigadores designados por la comisión (Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, y Wadith Manzur, del Partido Conservador) encuentren pruebas suficientes que demuestren que la denuncia es cierta, pueden presentar una acusación formal ante la plenaria de la Cámara de Representantes, que deberá votarla con mayoría absoluta para que pase a juicio político en el Senado.
En Senado se nombraría un representante acusador para el juicio y se votaría, también con mayoría absoluta, si el presidente es culpable de los cargos de los que se le acusa. En el caso de ser votado afirmativo, el presidente, junto con la vicepresidenta, tendrían que salir del cargo, así como el proceso pasaría a la Corte Suprema de Justicia.
Tal y como lo señalamos en este artículo y en este otro, lo más lejano que ha llegado un proceso contra un presidente ha sido el juicio adelantado por el proceso 8000 contra el entonces presidente Ernesto Samper, que se cayó precisamente en la votación plenaria de Cámara, bajo el auspicio del caso Heyne Mogollón.
Frente a la potencial votación de la ponencia de los magistrados Prada y Ortiz en el CNE, se esperaba que esta semana se reunieran para tomar la decisión, pero no fue así. El argumento para ello es que aún no todos los magistrados tienen un concepto definitivo frente a la ponencia, lo que deja como escenario probable la siguiente semana, pues el lunes 16 de septiembre se vuelven a reunir los magistrados y es potencialmente posible que discutan y voten esta ponencia.
¿Temores reales o infundados de lawfare?
Fuente: Grupo de Puebla.org
Tras la decisión del Consejo de Estado y la ronda de estudio que propuso el CNE sobre la ponencia que acusa a su campaña de superar el tope de gastos y de otras irregularidades en la campaña de 2022, Gustavo Petro volvió a señalar en el discurso de que era potencial víctima de todo un proceso de lawfare en su contra, en medio de la firma de una directiva presidencial en la que ordena a funcionarios del ejecutivo estigmatizar a la prensa, el 9 de septiembre.
También en X (anteriormente Twitter), el 7 de septiembre el presidente Petro señaló que el Consejo de Estado le despojó de su fuero constitucional, así como indicó que desde el Consejo Nacional Electoral esgrimen y conspiran un golpe de Estado en contra suya, señalando que el marco de investigación para topes de gastos se encuentra en un plazo de 30 días posterior al cierre de la campaña.
A partir de esas declaraciones, el 9 de septiembre, comenzó a avivar el discurso de la defensa del Estado social de derecho y a llamar al “poder constituyente” para que se movilizara en defensa del gobierno del cambio.
No obstante, la idea de un golpe blando en su contra parece no sostenerse, y la fragilidad de sus argumentos demostrarían el por qué no estaría en marcha uno. Aunque es verdad que la oposición ha buscado por vías institucionales frenar los proyectos de reforma y ha utilizado las vías jurídicas para tratar de entorpecer muchas de las decisiones del ejecutivo, Petro ha omitido señalar en sus discursos que tiene un colchón de votos en el CNE y en la Comisión de Acusaciones que, eventualmente, podrían impedir que cualquier investigación termine llegando lejos, tal como lo contamos en este y este artículo en días anteriores.
Es más, que la comisión haya investido como investigadores a dos representantes a la Cámara por su partido hace que cualquier proceso tenga mucha más laxitud con él por su cercanía política. Es altamente improbable que la ponencia de Prada y Ortiz logren pasar en el CNE, y que, de la Comisión de Acusaciones, que sigue paralizada, salga una ponencia que apruebe acusar al presidente, por los votos que el gobierno tiene en ambas corporaciones.
No obstante, el discurso del golpe blando capitaliza bastante bien entre sus bases sociales y políticas, especialmente frente al descontento generalizado por la lentitud en la aprobación de las reformas en el Congreso y por la creciente radicalización de la derecha frente a la gestión del gobierno nacional.
Esto, junto con las presuntas pruebas de que existió un intento de atentado contra el presidente el 20 de julio (que Revista RAYA denunció y que Noticias Caracol cuestionó) y con los ataques contra la vicepresidenta en el Cauca en meses y años anteriores, alimentan la narrativa de que el gobierno está siendo asediado por todos los flancos por las élites políticas y económicas, junto con la institucionalidad del Estado.
A pesar de ello, existiría un desfase entre este discurso y los avances que el mismo ha tenido en el marco del Acuerdo Nacional, especialmente con las élites económicas que ya le han copiado varias veces a consolidar proyectos productivos y de transición energética en alianza con el Estado, y con las élites políticas que han vivido parte de la fragmentación de los partidos políticos en el Congreso, con la que el gobierno logró la aprobación de la reforma pensional y espera, eventualmente, lograr la aprobación del resto de proyectos de su paquete legislativo.
Sin embargo, el temor de Petro no es infundado, y tiene origen más en el espejo de otros países latinoamericanos que en la realidad misma de Colombia en sus últimas 3 décadas. El caso de Manuel Zelaya en Honduras (en la que el Congreso, de manera ilegal, sesionó para destituirlo); el caso de Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil (en la que hubo un proceso de impeachment contra la presidenta y un proceso judicial del que fueron absueltos); así como su propio caso cuando fue alcalde de Bogotá, tras la destitución ordenada por el procurador Ordóñez en 2013; el caso de Pedro Castillo y sus antecesores en Perú desde 2016; del mismo modo que las acusaciones contra Rafael Correa en Ecuador y el proceso contra Cristina Fernández en Argentina, han hecho que se cuestione a ciertos sectores del poder político latinoamericano por utilizar e instrumentalizar a las instituciones judiciales en contra de mandatarios y funcionarios para desestabilizar sus gobiernos o destituirlos.
No obstante, no todo proceso judicial en este caso entra en esa definición, así como la correlación de fuerzas entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial juegan un papel muy importante, de igual manera que el sistema político de cada país y los conductos para que un presidente o funcionario elegido por voto popular salgan del poder.
En el caso colombiano, con lo engorroso que es el proceso para que un presidente sea juzgado dentro de un sistema presidencialista, y donde ha primado el equilibrio de poderes y el sistema de pesos y contrapesos, la posibilidad de un lawfare (concepto que Petro ha estado utilizando desde 2018) se reducen ampliamente.
Se espera que entre el 14 y el 16 de septiembre se reúna una asamblea de movimientos sociales, sindicatos y las bases políticas del progresismo, para definir su rumbo hacia 2026. Entre las acciones contempladas por esta asamblea, se ha programado una marcha por la defensa del gobierno y en contra del “golpe blando”. Según los organizadores del evento, no se hablará de una potencial campaña a la reelección de Petro.
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