Por: Juan Alejandro Pérez Montañez, Investigador Programático & Diego Alejandro Pedraza Corredor, Asistente de investigación. Línea de Democracia y Gobernabilidad.
Foto tomada de: El Espectador y DW
Iván Name ha sido durante este 2024 una de las figuras mediáticas más reacias al Gobierno Nacional. Name, quien ha dilatado el proceso de debate de la reforma pensional, ahora entra al debate de la reforma a la salud, a la cual seguramente le dará su estocada final con la creación de la subcomisión que estudia la apelación de esta.
Name, aliado de la operación tortuga
Iván Leónidas Name, presidente del Congreso para esta segunda legislatura (2023-2024) ha sido un problema, incluso desde antes de su elección, para el Gobierno Nacional. Vale la pena recordar que era Angélica Lozano la candidata dentro del Partido Alianza Verde que el Gobierno Nacional apoyaba para presidir esta legislatura y no al mencionado, Iván Name.
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Sin importar esto, Name, político más tradicional que alternativo, fue elegido el 20 de julio de 2023 con 54 votos (52%), contra 50 votos (48%) de Lozano. Pese a ser del mismo partido, Iván Leónidas Name nunca estuvo dispuesto a aceptar a Lozano como presidenta, pese a la existencia de acuerdos tácitos como pasa cada cuatro años con la instalación de un nuevo Congreso.
Con un discurso totalmente opositor al Gobierno, que denotaba lo que sería su año en la presidencia del legislativo, Name logró los votos de las bancadas de los dos partidos de oposición, que son el Partido Centro Democrático y el Partido Cambio Radical, al igual que los votos de partidos independientes como La U, Conservador, Colombia Justa Libres y MIRA, además de unos cuantos votos, seguramente, de senadores liberales. La elección del senador por el Partido Alianza Verde ha sido una de las derrotas más costosas para el Gobierno Nacional que ha encontrado en Name a uno de sus principales opositores.
La configuración de los votos obtenidos por Name mostraban desde el inicio de la segunda legislatura lo difícil que sería pasar las reformas del Gobierno.
En los casi nueve meses que lleva en la presidencia, Name ha cumplido lo que prometió en su discurso tanto de postulación como luego en el de su elección. Ha sido “excesivamente” garantista en el uso de la palabra pese a que la ley 5 de 1992 establece tiempos muy claros de 20 minutos (máximo) para intervenir sobre un tema y 5 minutos (máximo) para réplicas. El uso excesivo de la palabra ha sido una estrategia para ralentizar los procesos de debate y de votación de proyectos de ley no solo de origen del Ejecutivo.
Específicamente Name, en debates como el de la reforma pensional, ha favorecido la denominada operación tortuga. Durante el periodo electoral y poselectoral del 2023 no agendó nunca el debate de la reforma. Para el 2024 ha agendado los debates, pero ha otorgado el uso de la palabra, muchas veces sin control. Además, diferentes coyunturas, como la propuesta de una Constituyente, han generado que en ese uso de la palabra se tomen sesiones enteras, evitando así el debate de la reforma pensional.
Vale la pena recordar que Name, quien también ha liderado por medio de la dirección del Senado los debates de la autonomía regional, está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con Los Rastrojos Costeños. De igual manera Name, según Casa Macondo, es mencionado en audios en poder de la Fiscalía en el marco de la investigación de “Las Marionetas”.
Ahora Name, busca completar su jugada con las maniobras que está implementando contra la ya hundida, reforma a la salud, proponiendo una subcomisión dentro del Senado de la República. Subcomisión que tiene como fin responder a las apelaciones que se presentaron sobre el trámite de la reforma a la salud. Siendo este el último intento de la bancada de gobierno por revivir el proyecto que generó mayores ruidos y menos consensos dentro del legislativo.
La última jugada: La subcomisión de la reforma a la salud
La subcomisión que definirá el destino de la reforma, puede ser conformada de la manera en que lo considere el presidente del Senado, tal y como lo ampara la Ley 5. Basado en eso la mesa directiva determinó, que esta subcomisión sea conformada por los siete presidentes de las comisiones constitucionales permanentes del Senado y el panorama que se presenta no trae los mejores augurios para la iniciativa. Los siguientes son los integrantes:
En Comisión primera está Germán Blanco. Uno de los conservadores más radicales y con mayor oposición al gobierno nacional.
En Comisión segunda el presidente es Lidio García, quien es una de las fichas más fuertes del partido Liberal, se dice que su nombre está pactado para presidir el Senado en el último año del cuatrienio, por lo cual es factible que se oponga a una decisión favorable al gobierno.
En Comisión tercera está Efraín Cepeda, quien es el gran opositor de las toldas conservadoras, se dice que será el presidente de la tercera legislatura y por ende no se cree que favorezca al gobierno con una decisión alrededor de la reforma a la salud.
El Comisión cuarta es Juan Felipe Lemos. Miembro del partido de la U, opositor al gobierno y afín con los partidos de derecha más radical. No se cree que vaya a apoyar la subcomisión que quiere revivir la reforma a la salud.
En Comisión quinta preside Jaime Durán, quien es miembro del partido liberal y que ha sido de los congresistas “rojos” que más iniciativas ha apoyado del gobierno, sin embargo, su apoyo no es irrestricto y eso pone en duda su voto.
En Comisión sexta, está Gustavo Moreno, miembro del partido En Marcha. Hasta el momento no se le ha visto afín con el gobierno, no se cree que arriesgue en estos momentos su capital político por dar un apoyo al gobierno con la iniciativa.
En Comisión séptima la presidenta es Marta Peralta. Es la única congresista del Pacto dentro de esta subcomisión, si bien es cierto que las relaciones con el gobierno se han visto afectadas por cuenta del proyecto de Acto Legislativo de transfuguismo al que se opone Peralta, se piensa que sería la única que apoye al gobierno en la búsqueda de revivir la reforma a la salud.
El panorama bajo las manos de ellos pareciera bastante claro. En el balance inicial, la subcomisión parte con una mayoría considerable que se opondría a que las apelaciones presentadas puedan revivir la reforma a la salud. Y todo producto de que los intereses de los partidos que componen el legislativo están apuntando en otra dirección diferente a la que intenta promover el ejecutivo nacional.
El interés del presidente del Congreso puede verse como premeditado, pero deja sobre la mesa también el tema de la baja gobernabilidad que tiene el gobierno dentro del legislativo. Situación que seguramente será una constante en la tercera y cuarta legislatura y que dejan a la vista un panorama inseguro para el trámite de las nuevas reformas que intente avanzar el ejecutivo.
Si el cálculo con la subcomisión es acertado, la reforma a la salud quedaría completamente sepultada y las nuevas estrategias deberían apuntar a una concertación previa sin arriesgar el capital político y la gobernabilidad que le pueda quedar a este gobierno en los dos años que restan de su ejecución.
Sin embargo, es algo poco probable de que pase y todo apunta, tal y como la ha venido diciendo la Fundación Paz y Reconciliación, a que la radicalización democrática siga siendo el camino por el que opte el gobierno en este tiempo que le resta de ejecución.