Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
La pesca milagrosa es una metáfora religiosa. Se usa en la Biblia, por lo menos, en dos episodios. En el Evangelio de Lucas, Jesús les dice a tres de sus apóstoles —Pedro, Santiago y Juan— que se los imagina como “pescadores de hombres”. Y en el Evangelio de Mateo, donde, en una situación de difícil pesca en el mar de Galilea, el nazareno les indica de manera precisa el lugar donde los pescadores pueden tirar las redes y extraer, de forma extraordinaria, cientos de peces.
Paradójicamente, en Colombia, está metáfora se ha transferido al análisis del conflicto armado interno. Comenzó a aparecer entre 1998 y 2006, en la época de mayor violencia en el país, cuando las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-ep) la usaron para nombrar una de sus más temidas estrategias de guerra, con las que causaban alto impacto entre la población civil y el mismo Estado.
En aquella época —como se diría en las lecturas bíblicas— el ex cabecilla de las Farc, Henry Castellanos, alias “Romaña”, usó está estrategia para intimidar a la población y aumentar el poder territorial. Aprovechaba las épocas de Semana Santa y vacaciones para montar retenes en las carreteras y sembrar pánico entre la ciudadanía. Llamando a esta práctica infame “pesca milagrosa”.
Esta estrategia la practicaron tanto las organizaciones guerrilleras como el paramilitarismo. Ambos ejércitos criminales se ubicaban en lugares estratégicos de la geografía nacional, por donde se daba un flujo vehicular, paraban a las personas y seleccionaban entre ellas las que podían usar. En el caso de la guerrilla, en la mayoría de casos, con fines extorsivos —políticos o económicos—. También con la idea de afectar el orden público, quemaban los carros y afectaban la movilidad.
Pero la peor situación ocurría con los grupos paramilitares. Los bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) paraban los vehículos y se llevaban a la gente. Pero, generalmente, las retenciones eran cortas pues el objetivo era asesinarlas y desaparecerlas. En este sentido, las pescas milagrosas se convirtieron en una práctica terrorífica, que servía para causar pánico, pues cuando se les nombraba la gente se imaginaba la peor de las situaciones.
Fue una costumbre tan efectiva y poderosa que, incluso, varios años después, el mismo Estado usó las pescas milagrosas como instrumento de guerra. Durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), el Ejército Nacional fue el responsable de retener y asesinar a, por lo menos, 6.402 civiles —en su mayoría jóvenes campesinos y personas de bajos recursos de las ciudades—. Usó la misma estrategia de los grupos criminales para capturar en sus redes a estos inocentes, los cuales fueron a parar en las cifras de los Falsos Positivos o ejecuciones extrajudiciales.
Afortunadamente, al finalizar la primera década del presente siglo, está situación comenzó a desaparecer y bajar a casi cero los casos. La Política de Seguridad Democrática y con ella la estrategia “Vive Colombia, Viaja por Ella”, liderada por la Fuerza Pública, ayudó a reducir la vieja práctica de las pescas milagrosas. Situación que, finalmente, con la salida de la guerra de las Farc-ep en 2016, luego del proceso de desarme y desmovilización, casi que desaparece.
De allí entonces que la reciente situación que ocurrió el pasado 23 de julio de 2024, cogió por sorpresa a la mayoría de las personas. Hacía mucho tiempo que no se escuchaba de retenes y pescas milagrosas en las carreteras colombianas. Incluso, los mismos miembros de las disidencias de las Farc-ep o del Estado Mayor Central (EMC) no se imaginaban que iban a ser víctimas de las mismas prácticas que usaban en las décadas anteriores.
En esta fecha, el Ejército realizó un retén en el sector Puente Gabino —corregimiento de Porce del municipio de Santo Domingo, Antioquia—. Lo hizo en el momento en que una caravana de siete camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) se dirigía desde Tibú, en Norte de Santander, hasta Anorí, en el Nordeste antioqueño. Encontrándose que al interior de estos vehículos viajaban 34 integrantes de las disidencias de las Farc.
Como es habitual en este tipo de retenes, el Ejército paró los vehículos y procedió a la solicitud de las identificaciones respectivas. Encontrando que la mayoría de los integrantes pertenecían al EMC, a pesar de ello poseían permiso del Estado para circular. Sus órdenes de captura se encontraban suspendidas debido a que a la fecha integraban las comisiones de paz con las que el Gobierno nacional negocia.
Lo sorprendente del retén ocurrió cuando los miembros del Ejército se dieron cuenta que algunas personas no tenían los permisos de movilización. En la caravana se encontraban Jesús Orrego Arango, alias “Firu” —comandante del frente 36— y Erlinson Chavarría Escobar alias Ramiro —líder del frente 18—, al igual que Yuli Vélez, alias “Érika Castro”.
Estos tres importantes miembros de las disidencias de las Farc tenían órdenes de captura vigentes y no portaban documentos que los utilizaban para movilizarse libremente por el territorio nacional. Para la Fuerza Pública no es admisible que delincuentes, sin permiso oficial, se movilicen en carros del Estado. Lo que provocó que de manera inmediata los miembros del Ejército retuvieron los vehículos y las personas que los ocupaban.
Frente a esta situación son muchas las críticas que se pueden realizar. Primero, a la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien tenía la responsabilidad de hacer cumplir los protocolos para el transporte de personas protegidas y no permitir que otras personas y elementos, como armas y menores de edad, se transportaran allí.
Segundo, a los líderes del EMC. Está es una acción claramente violatoria de la ley y de los protocolos acordados en los procesos de paz. Acciones como estas minan la confianza en el proceso. Estos son hechos que generan incertidumbre sobre la continuidad y seguridad de las negociaciones en curso y complican al Gobierno en la intención de continuar con los diálogos de negociación.
Sin embargo, quiero resaltar aquí la manera adecuada como el Ejército Nacional procedió. Su actuación en estas nuevas “pescas milagrosas” es muy distinta a la que nos tenía acostumbrados en las décadas de los ochenta, los noventa y en los dos mil. El Ejército realizó un retén, pero en este caso, a pesar de las situación, respetó las normas y siguió los protocolos que le exige el derecho.
Debido a que eran carros oficiales, pues pertenecían a la UNP, esperó que la Fiscalía le autorizara la inspección de los vehículos. Está labor la realizó cuatro horas después, en las instalaciones del batallón Pedro Nel Ospina en Bello, en el norte del Valle de Aburrá. Respetó el protocolo de seguridad que exigía la situación, ya que el territorio era zona de influencia del Clan del Golfo o del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y podrían correr riesgo los ocupantes de los vehículos si estos fueran abiertos en carretera.
Está situación evidencia de inmediato el cambio que viene dándose en el Ejército Nacional. Si este retén hubiese ocurrido en la década de 1980, el derramamiento de sangré habría sido alto: Primero el Ejército habría asesinado a los escoltas de la UNP, cuando estos buscaran proteger a las personas que están a su cargo. Y luego le hubiesen seguido los negociadores de la guerrilla, en especial, los integrantes ilegales que estaban sin permiso.
Lo digo, porque esto era común que ocurriera en las carreteras del país con los miembros de la Unión Patriótica (UP). Hoy sabemos con certeza que cientos de miembros de este partido político fueron asesinados por la Fuerza Pública. El Ejército se acostumbró a detener los carros donde se desplazaba la población civil y seleccionar entre ellos a las víctimas, que eran inmediatamente acribilladas.
Incluso, en estas pescas milagrosas resultaron asesinados muchos escoltas, pertenecientes al mismo Estado. Factor que, finalmente, contribuyó para que se pusiera fin a esta práctica macabra y se condenara recientemente por los organismos de justicia internacional al Estado colombiano por estos crímenes atroces. Pero como vemos está situación no ocurrió en esta ocasión. La actuación del Ejército Nacional muestra que la mentalidad y las acciones de la Fuerza Pública están cambiando desde hace varios años.
Estamos ante un Ejército que ha transformado sus hábitos de comportamiento. Las instituciones de la Fuerza Pública, es decir, las reglas formales e informales de esta organización castrista, son distintas a las que se tenían décadas atrás. La manera como actuaron en este retén o pesca milagrosa evidencia que estamos frente a otro Ejército Nacional. Uno que respeta la vida y actúa usando los protocolos que se tienen acordados en las normas para este tipo de caso.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.