Por: Ghina Castrillón Torres, Investigadora Territorial
Oficina Pares Pacífico
“No hay una política de desarrollo rural en el distrito, pero sí posiblemente está la norma de extracción, claro, de que nuestra riqueza vaya a fortalecer grandes ciudades. Pero no hay una política, contrario, de que nos fortalezca internamente para evitar desplazamiento, los malos usos de los recursos naturales (…) Aquí solo estamos esperando que haya una catástrofe. No hay un diseño para que nosotros vivamos dignamente en el territorio (…) estamos tomando decisiones de supervivencia”.
Palabras de líder social de Yurumanguí, Buenaventura
Estas palabras de un líder social de Yurumanguí resaltan el desespero por la situación humanitaria que actualmente se vive en las zonas rurales de Buenaventura, pero a su vez reflejan la esperanza que sienten quienes insisten en movilizarse y visibilizar lo que se está viviendo en el territorio. Complementando a la frase “no hay una política de desarrollo rural”, es clave señalar que dicha ausencia se tiene que responder con el interrogante de ¿qué ha pasado con la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)?
Pregunta que también abarcan elementos de la política de seguridad e iniciativa de diálogo de paz que actualmente es impulsada desde el Gobierno Nacional y que anunció a Buenaventura como laboratorio para la Paz Total, que si bien logró resultado en la zona urbana, no se ve reflejada en las zonas rurales, en donde continúan los enfrentamientos y desplazamientos masivos (Ver: Primeros resultados de la paz en Buenaventura: cifras del delito 2021-2022).
Movilización y acuerdos logrados por la vida en el territorio
Como acto de respuesta y visibilización de la difícil situación humanitaria que se está enfrentando en los territorios rurales de Buenaventura, los constantes riesgos y el desespero, las comunidades llevaron a cabo la Movilización Cultural Por la Vida en el Territorio, en el sector reconocido como El Gallinero, durante los días 22 y 23 de marzo (Ver: Por la paz y la vida protestan las comunidades rurales en Buenaventura).
Las comunidades hicieron un llamado al Gobierno Nacional, al Comisionado de Paz y al ministro del Interior, para abrir una mesa de diálogo y trabajar sobre 20 puntos de petición que dieron a conocer a través de un comunicado público:
De estos puntos se resaltan los siguientes:
Que los acuerdos con los actores armados ilegales deben extenderse para desmontar el control social que tienen al interior de las comunidades.
Que, en un gesto de compromiso con la paz, los grupos armados devuelvan a los líderes y habitantes desaparecidos, como lo son Édinson Valencia y Abencio Caicedo, además que esclarezcan los asesinatos de las dos autoridades étnicas de Cajambre y Raposo.
Que se establezca una ruta para que los grupos armados devuelvan a los jóvenes y menores reclutados para la guerra en sus territorios.
Frente a los puntos demandados, Mario Angulo, coordinador del Proceso de Comunidades Negras (PCN) en Buenaventura, en entrevista para la Oficina Pares Pacífico, resalta que “de esos 20 puntos hay unos 3 o 4 puntos más importantes para nosotros. Entre ellos, es que cuando el Comisionado de Paz haga esos acuerdos con los autores armados, se tenga en cuenta la realidad de los pueblos. En este caso, del Pacífico, del Sur Occidente, pero de todo un país. Porque los acuerdos bilaterales, hasta entonces, están sirviendo solamente para que el gobierno no ataque a los actores armados, pero todos siguen haciendo todas las actividades lesivas. Y acá han llegado hasta a hacer retenes en las comunidades”.
A partir de dicha movilización de los días 22 y 23 de marzo, el día 24 de se llegaron a unos acuerdos entre el Gobierno Nacional y el gobierno distrital con los consejos comunitarios y organizaciones étnico-territoriales del Proceso de Comunidades Negras – Palenque Regional El Congal y Articulados:
Los acuerdos logrados se agrupan en cinco temas centrales:
Proceso de negociación de la paz.
Medidas de protección colectivas.
Asistencia humanitaria.
Fortalecimiento a las organizaciones y consejos comunitarios.
Reparación integral colectiva.
Entre los acuerdos se encuentran la concertación de rutas de verificación, la realización de mesas técnicas de discusión, reuniones presenciales, pronunciamientos públicos, disposición de acompañamientos, entre otras actividades, que se espera que realmente contribuyan a la mejorar la situación humanitaria que hoy viven las comunidades rurales en Buenaventura.
Para cada uno de los puntos se establecieron compromisos especificando responsables y fechas de ejecución, siendo, además, firmado por la viceministra para el Diálogo Social; el director de Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior; el asesor del despacho de la oficina del Alto Comisionado para la Paz; el alcalde distrital; entre otros funcionarios, así como también fue firmado por varios delegados comunitarios representantes de los consejos comunitarios y organizaciones étnicas-territoriales.
Persisten los enfrentamientos en las zonas rurales de Buenaventura
Aún con los acuerdos logrados entre el Gobierno Nacional, distrital y las comunidades étnico-territoriales, en el marco de la protesta y movilización cultural que tuvo lugar en el sector conocido como El Gallinero en Buenaventura el pasado 22 y 23 de marzo, tan sólo tres días después, el 26 de marzo, se presentó el desplazamiento masivo hacia el casco urbano de aproximadamente 114 familias de la zona rural, más exactamente de la cuenca del Río Cajambre, en donde quedaron otras familias confinadas a causa de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control del territorio.
Las 400 personas que salieron de Cajambre se suman a los cientos de personas de Yurumanguí y a los miles del Bajo Calima que fueron desplazadas. En cada cuenca reportan afectaciones y se suman a las difíciles situaciones que se vive en Buenaventura y que profundizan la crisis humanitaria que se ha mantenido durante los últimos 3 años.
De ahí la insistencia de las comunidades en exigir un acuerdo humanitario y que desde la Oficina Pares Pacífico se viene alertando (Ver: Crisis humanitaria en zonas rurales de Buenaventura y recomendaciones sobre la violencia territorial). Recordando, además, que en enero del presente año el Gobierno Nacional lideró la denominada Caravana Humanitaria del Bajo Calima y el Río San Juan, con el objetivo de conocer de primera mano los requerimientos de las comunicades de la región afectadas por el conflicto. Caravana que se enmarcaba en los diálogos con el ELN, pero vale la pena recordar que en Buenaventura hay presencia de distintos grupos armados y que se desarrollan tres guerras: una en las cuencas de los ríos del sur entre las disidencias del Frente Jaime Martínez de las FARC versus una alianza entre el ELN y la Segunda Marquetalia; otra guerra es la del Bajo Calima y el Bajo San Juan, entre el ELN y una arremetida de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC/Clan del Golfo; y la tercera y de mayor concentración que está en pausa por los acuerdos entre Shottas y Espartanos.
¿Qué sigue para las comunidades rurales de Buenaventura?
Lograr la Paz Total en Buenaventura implica poner el foco no sólo en las manifestaciones del conflicto armado, que claramente hay que atender de manera urgente, sino que también implica concentrar esfuerzos en analizar varios elementos que contemplen un enfoque integral que aborde la pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a servicios básicos, empleabilidad, oportunidades de generación de ingresos, además de los acuerdos humanitarios para lograr garantizar la real protección de la vida en el territorio.
Un ejemplo de ello es hacer seguimiento y tomar medidas frente a los PDET, que tienen como objetivo el impulso del desarrollo económico y social de las regiones más afectadas por el conflicto armado, contemplado en el Acuerdo del Teatro Colón, y que para el caso de la subregión del Pacífico Medio presenta serios retrasos, lo que no ha permitido centrar esfuerzos en el desarrollo rural. Destacando cifras como las expuestas en el último informe de la Agencia de Renovación del Territorio, que para agosto del 2022 exponía algunos elementos como:
Entre los años 2019 y 2021 la Unidad de Restitución de Tierras entregó 1.956 predios en municipios PDET, de los cuales la subregión del Pacífico Medio no se vio beneficiada.
Para el periodo 2018-2021 la Agencia Nacional de Tierras formalizó y adjudicó 264.883 hectáreas, de las cuales ninguna fue formalizada en el Pacífico Medio.
Frente a los créditos aprobados a los pequeños productores agrícolas para el 2021 se resalta que mientras en las subregiones del Alto Patía y Norte del Cauca representan un total del 23,5% de dichos créditos, los mayores rezagos los presentan Pacífico Medio y Chocó con un 2,5% y un 1,4% respectivamente.
Lo anterior refleja lo corto que se han quedado los PDET en el Pacífico Medio que contribuyen a la profundización de la desigualdad y la crisis en la región. De no atenderse de manera integral las problemáticas expuestas, se corre el riesgo de que las comunidades rurales en Buenaventura sigan viviendo en medio de una crisis social y económica, además de la profundización de la crisis humanitaria por la presencia de los distintos grupos armados que se disputan el control del territorio, y que cada vez sea más difícil conseguir soluciones en el corto plazo que logren atender lo urgente.
Las comunidades continúan haciendo un llamado desesperado al Gobierno Nacional, apelando a la supervivencia, porque, como lo plantea el líder social de Yurumanguí: “la lucha debe continuar y uno debe estar permanente y perseverante porque la ley lo que hace es simplemente dar un derecho y reconocer el derecho, entonces el trabajo lo tenemos que hacer las comunidades (…) Solamente unidos podemos digamos, resolver todas las situaciones que tenemos, de lo contrario, lograríamos cosas, pero no lo esperado, lo soñado”.
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