Por: Redacción Pares
Fotos tomadas de: La Republica y Radio Nacional de Colombia
En lo que va corrido del siglo XXI el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha emitido más de 70 documentos en donde se advertía sobre los riesgos que podría correr la comunidad araucana ante la presencia de grupos armados como el ELN, las FARC y los paramilitares. Pocas veces se hizo algo. Impotentes se tuvo que aceptar masacres como la ocurrida en el 2019 donde fueron asesinadas 27 personas en una de las disputas entre grupos guerrilleros en este departamento.
El olvido ha sido una constante en estos llanos. En 1963 el entonces presidente Guillermo León Valencia, quien pasaría a la historia no sólo por sus poemas sino por decisiones discutidas como bombardear a mansalva a las guerrillas liberales asentadas en Marquetalia, ordena, a través del INCORA y financiado por el Banco Mundial, ubicar a 5 mil familias de varios departamentos en cien mil hectáreas del Sarare. Esta es una zona selvática que unió a los llanos con Norte de Santander. El Estado volvió a brillar por su ausencia. La reubicación no estuvo sostenida por una adecuada infraestructura. Los campesinos venían de Norte de Santander, sobre todo, y de otros departamentos como el Valle, Tolima y Cundinamarca y fueron dejados en este lugar a su propio arbitrio.
Eran campesinos que venían huyendo de la violencia bipartidista, tal y como lo explican en su libro Los retos del posconflicto: justicia, seguridad y mercados ilegales, los investigadores León Valencia y Ariel Ávila. Con el tiempo el gobierno sólo les aseguraría la reubicación y poco a poco los fue soltando de la cuerda. “Entre los colonos se encontraban los hombres que crearían el Frente Domingo Laín Sáenz, del Eln”.
Los campesinos esperaban rehacer sus vidas. Recibieron préstamos de la Caja Agraria y herramientas para defenderse y levantar sus casas en este lugar inhóspito. Eran préstamos leoninos, en donde les descontaban plata a los campesinos de entrada. Las familias tenían que abrirse paso en esas tierras a punta de machete, incluso, como narra el artículo Fronteras calientes, Arauca y el frente Domingo Laín escrito por la fundación Nuevo Arco Iris, estas familias tenían que pagarle a los Cadeneros, baquianos expertos en abrir trocha quienes los guiaban 80, 90 kilómetros selva adentro, desafiando ríos crecidos, derrumbes que cobraron la vida de muchos colonos, para poder disfrutar de los que el Estado “les había regalado”. Cuando llegaban al lugar sentían la desazón de los campesinos del cuento de Rulfo Nos han dado la tierra. Tanto desgaste, tanto esfuerzo para nada.
La cercanía con la frontera y la riqueza de esta tierra han hecho que las guerrillas de las FARC y el ELN pasten en Arauca desde la década del setenta. Sin embargo fue la presencia del Domingo Laín la que afincaría y aseguraría el terreno para el Ejercito de Liberación Nacional en este departamento. La primera vez que se escuchó sobre las acciones de este frente fue en 1980 cuando hicieron la toma en el corregimiento de Beyotes, en zona rural de Tame.
Mataron en esa acción armada a cinco policías. El Domingo Laín estaba integrado por campesinos como Raymundo Cruz, quien llegó al Sarare en 1965 con la experiencia de estar durante dos años en Cuba, allí conoció a los líderes que después conformarían el ELN. Les fue fácil organizarse en ese lugar a donde los envió un gobierno que buscaba olvidarse de ellos.
Sesenta años después el ELN y las FARC azotan al departamento de Arauca valiéndose de sus corredores fronterizos por donde pasan coca, fusiles y contrabando, además de gasolina.
Ninguna de las respuestas que ha tenido gobierno alguno han sido efectivas. Uno de los periodistas con más experiencia en ese departamento, Nelson Freddy Padilla, cuenta que en 1989, mientras era corresponsal de Colprensa, cuenta el vacuo entusiasmo de un coronel del Ejército Nacional llamado Fernando González Muñoz, mostrando los “resultados operacionales” que indicaban, según el oficial, una intendencia “que ha sido garantía de estabilidad y seguridad gracias al respaldo de la comunidad araucana”. Este optimismo no se reflejaba en la realidad. En las ciudades podría mandar el ejército pero los elenos eran los dueños de las zonas rurales.
Arauca es uno de los lugares más ricos del país. Según la revista Cambio Arauca ha recibido, entre los años 1986 y el 2021, 4.2 billones de pesos sólo en renta petrolera. Pero la corrupción no puede ser más galopante. Las calles de pueblos como Tame y Saravena están destapadas. No hay esperanza entre sus habitantes. La clase dirigente ha saqueado hasta eso.
El 8 de noviembre del 2023 la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al ex gobernador de Arauca Julio Enrique Acosta Bernal a una pena de seis años de cárcel por la mala ejecución de un contrato. También en el 2023 la Fiscalía acusó por presunta corrupción a otro ex gobernador, José Facundo Castillo Cisneros. Según la W Radio el mandatario “al parecer influyó para beneficiar a una sola empresa con un contrato de 4.463 millones de pesos, cuyo objetivo era hacer la logística, el suministro y la entrega de kits de ayuda alimentaria a la población afectada por la emergencia sanitaria del COVID-19”.
A pesar de las regalías del petróleo Arauca no ha contado con servicios públicos de calidad, educación de alto nivel, protección para las comunidades indígenas que viven en la zona, una justicia fortalecida y garantías mínimas de seguridad para todos. El saqueo del Programa de Alimentación Escolar ha atentado directamente contra los niños de Arauca.
El ELN ha sido un tormento. Entre sus crímenes se encuentran el asesinato el 2 de octubre de 1989 del obispo de Arauca Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, arrojado en una zanja en el camino que comunica al municipio de Arauquita. Sus continuos atentados al oleoducto Cañó Limón Coveñas -descubierto en 1983- , ha dejado incalculables daños ambientales. El ELN ha sido un tormento, pero por supuesto que no ha sido el único.
Tal y como lo cuenta Nelson Freddy Padilla en un artículo publicado en El Espectador “Aparte de los crímenes de las guerrillas, incluidos permanentes asesinatos, secuestros y desplazamientos forzados de pobladores, estos teatros de guerra han causado catástrofes como la ocurrida el 13 de diciembre de 1998 a raíz de combates entre las Farc y las Fuerzas Militares en el caserío Santo Domingo, del municipio de Tame, que causaron la muerte de 17 personas, incluidos seis niños, por acción de seis bombas que cayeron sobre la población civil. El resultado de una operación aerotransportada en la que participaron militares estadounidenses con el respaldo de la Fuerza Aérea Colombiana y tropas del Ejército Nacional, por la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano ante violaciones al derecho internacional humanitario”.
La llegada de los paramilitares a comienzos de este siglo disparó aún más la violencia. Las masacres se cuentan por racimos. La situación es más compleja con la cercanía de Venezuela. Sus fronteras difusas se han prestado para que las guerrillas se replieguen a esta zona, sin que necesariamente haya contado con apoyo explícito de un gobierno en particular.
El olvido en que el estado colombiano ha sumergido a Arauca es una de las razones por las que la guerra en ese departamento sea eterna. Por eso se hace tan imperioso una salida negociada, una paz total que garantice los principales derechos a esta martirizada población.
A mediados de febrero la Fundación Paz y reconciliación, a través de su línea de Paz Territorial y Derechos Humanos publicará un informe sobre este departamento.