Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad
Foto tomada de: AS Colombia y El Espectador
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se volvió a reunir para votar por quién será la próxima Fiscal General de la Nación. El resultado fue el esperado ya que en esta segunda ronda ninguna de las tres ternadas (Luz Adriana Camargo, Ángela María Buitrago y Amelia Pérez) logró los 16 de los 23 votos que se requieren para ser elegida.
Francisco Barbosa Delgado es, según su hoja de vida, abogado de la Universidad Sergio Arboleda. Graduado en el 2000, desde esta época ha sido amigo personal de Iván Duque, pues estudiaron juntos. Barbosa se graduó de la universidad haciendo un manual de derecho civil.
Posterior a ello, hizo una especialización en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Relaciones Internacionales, entre febrero y diciembre del año 2000.
Realizó dos maestrías: la primera, en historia, en la Pontificia Universidad Javeriana; la segunda, en derecho público, en la Universidad Externado de Colombia. Cabe aclarar que en la hoja de vida de Barbosa se indica que ambas maestrías se realizaron al mismo tiempo, graduándose primero de la Javeriana y luego del Externado.
Se graduó del doctorado en Derecho Público en la Universidad de Nantes. Su tesis doctoral giró alrededor de la libertad de expresión a nivel comparado entre el sistema interamericano y europeo de derechos humanos.
Junto a ello, ha estado en múltiples seminarios, conferencias y tiene amplia experiencia como investigador en temas de derechos humanos, que es su principal campo de trabajo a nivel académico.
En su hoja de vida sólo aparece reseñado que fue fiscal especializado de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación durante un año, entre septiembre de 2003 y agosto de 2004. Ha sido su único paso por la Fiscalía. Según su hoja de vida, no posee experiencia dentro de alguna de las corporaciones de la rama judicial.
Tiene 19 años y 7 meses de experiencia profesional. La mayoría de esta experiencia ha estado relacionada con asesoría jurídica en diferentes ministerios y entidades distritales y nacionales, siendo reseñable los 5 años y medio de experiencia que tuvo en la Personería de Bogotá cómo asesor legal externo entre 2012 y 2018, del mismo modo que su paso como asesor legal dentro del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del distrito entre 2016 y 2017, y cómo asesor jurídico del Ministerio de Comunicaciones entre 2004 y 2007.
Barbosa tiene una profusa cantidad de literatura tanto en libros cómo en capítulos de libros publicados. Publicó, de hecho, su tesis doctoral con la Universidad Externado en 2012, mismo que su manual de derecho civil, enfocado en bienes, que fue su tesis de grado en la Sergio Arboleda en 2003. Ha publicado un manual de derecho internacional humanitario con la Universidad de los Andes en 2004, y su último libro fue sobre derecho humanitario y acción discrecional del Estado en 2013, publicado por la Universidad Externado.
También tiene una amplia producción de artículos académicos en revistas, siendo sus temas principales el derecho humanitario y la historia del derecho.
El que será Fiscal General hasta el 12 de febrero ha sido docente universitario desde el 2000, cuando ingresó a la Universidad Jorge Tadeo Lozano a dictar clases sobre derecho y litigio internacional. También ha sido docente en la Universidad de los Andes (2002; 2005 - 2007), docente invitado de la Universidad Andina Simón Bolívar (2012), docente invitado de la Universidad Internacional de Quito (2013 - 2018), docente en la maestría de derecho constitucional de la Universidad de Especializaciones Espíritu Santo, de Guayaquil (Ecuador) (2013- 2018), y profesor invitado de la Universidad de Nantes sobre derecho público (2010 - 2018).
La mayoría de su trayectoria docente la ha desarrollado en la Universidad Externado, donde ha dictado en varias áreas del derecho, desde 2010 hasta 2018.
Para cuando Barbosa fue electo Fiscal General, había sido nombrado por Iván Duque como Alto Consejero Presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales desde agosto de 2018.
¿Contra quiénes competía en ese momento Francisco Barbosa?
Barbosa competía contra otros dos perfiles:
Clara María González, secretaria jurídica de presidencia para ese momento de Iván Duque y figura cercana a Álvaro Uribe Vélez.
Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional Jurídica del Estado para el momento en que fue ternado, figura del expresidente Andrés Pastrana. Según su hoja de vida, Gómez fue gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Bogotá en 1990, superintendente de sociedades entre 1992 y 1994 y alto comisionado de paz, miembro del equipo negociador del gobierno Pastrana con las FARC y secretario privado del presidente entre 1998 y 2002.
Posterior a ello, se dedicó de lleno al sector privado y a la docencia universitaria. En el sector privado se ha dedicado al derecho corporativo, tiene un bufete de abogados desde 2006 y hace parte de varias mesas directivas de empresas y organizaciones privadas, siendo la más reciente la Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas, AGREMGAS. En la docencia fue profesor invitado de la Universidad de Salamanca entre 2002 y 2004.
Amelia Perez Parra: Según su hoja de vida es abogada de la Universidad Libre de Colombia, cuenta con una especialización en Criminología y derecho penal de la Universidad Externado de Colombia, su trayectoria en la Fiscalía comienza Fiscal Seccional delegado ante los Jueces Penales del Circuito en 1992, Fiscal Regional en 1992- 1995, Fiscal Especializado Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en 1995-2002 y Fiscal Especializada en la Unidad de Terrorismo 2002-2003
Dentro de la Rama judicial se ha desempeñado como Juez Promiscuo de Municipal en 1983, Juez Promiscuo de menores en 1984 , Juez Penal Municipal entre 1985 - 1986 y Juez de Instrucción Criminal entre 1987-1992.
Ha investigado casos insignia de la guerra paramilitar y sus presuntos nexos con el Ejército Nacional en los años noventa. Por ejemplo, las masacres del Aro y Trujillo, además de los casos de desaparición forzada de Nidia Erika Bautista y Alirio de Jesús Pedraza Becerra, y es su despacho el que abrió la investigación contra el general retirado Jaime Humberto Uscátegui Ramírez por la masacre de Mapiripán.
Su esposo es Gregorio Oviedo, abogado que en la década de los noventa trabajó con el ministro Iván Velásquez, pues este último fungía como director regional de la Fiscalía de Antioquia. Además, a lo largo de su trayectoria profesional ha tenido vínculos con relevantes funcionarios de la rama judicial como el ex jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, Virgilio Hernández; y el actual magistrado de la JEP, Pedro Diaz.
Luz Adriana Camargo: Según su hoja de vida es abogada de la Universidad de la Sabana y especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre de Colombia. Se ha desempeñado como Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia en 2003, Fiscal Auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia en 1996, Fiscal Delegada ante los Jueces penales de Circuito en 1995.
Dentro de la Rama Judicial se ha desempeñado como Juez 106 de Instrucción Criminal en 1988 y Oficial Mayor Juzgado 19 Superior de Bogotá en 1987. Asimismo, en el sector de Justicia ha sido Directora Seccional Administrativa y Financiera de Bogotá, D.C. Cundinamarca en la Fiscalía General de la Nación en 1992, Asesora del director Seccional de Instrucción Criminal de Bogotá, D.C. en 1991 y litigante en asuntos penales.
Ha peritado en litigios internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como fue el caso de “Leguizamón” contra la República de Paraguay en el 2022, caso “Herminio Deras García” contra la República de Honduras en el 2022 y el caso “Digna Ochoa y Plácido y Familia” contra México.
Luz Adriana ha sido consultora en proyectos asociados a estándares de investigación, formas de impunidad, acceso a la justicia y fortalecimiento de mecanismos democráticos, como fue en Consucol S.A.S, en el proyecto “Incidencia para la reforma de la Policía Nacional”, líder de un equipo interdisciplinario en el análisis de los distintos casos violentos para la identificación de patrones, desde la firma del acuerdo de paz Estado-FARC y consultora de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión -RELE, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) en el 2021.
En 2005 se conoció con el ministro de defensa, Ivan Velasquez, pues los dos asumen el cargo de magistrados auxiliares en la Corte Suprema de Justicia; de allí radica su estrecha cercanía, pese a las afirmaciones de Camargo de ser independiente. De hecho, fue Velásquez quien la convirtió en investigadora de la Comisión contra la impunidad en Guatemala (CICIG). Precisamente este podría ser un factor que reduzca las posibilidades de Camargo para ser elegida.
Ángela María Buitrago Ruiz: Según su hoja de vida, es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista y magíster en ciencias penales y criminológicas de la misma universidad, Especialista en derecho penal de la Universidad de Salamanca (España), Doctora en Derecho y sociología jurídica en la Universidad Externado, ha sido docente de pregrado en las materias de Derecho Penal, Procesal Penal y Penal Especial, y de posgrado en Derecho Procesal Penal, Derecho Penal Internacional de los Derechos Humanos y Sociología Jurídica en esta misma universidad.
Es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal Colombiano, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y el Colegio de Abogados Penalistas de Bogotá y Cundinamarca del cual recibió distinción especial en 2002. Profesora invitada de la Universidad de Nariño, Universidad Libre de Cartagena y la Universidad de Cúcuta.
Como parte de su quehacer académico cuenta con varias publicaciones como: Lecciones de Derecho Penal en 2019; Compendio de Derecho Procesal Civil en 2017; Lecciones de Derecho Penal: Parte Especial en 2015 y La Acusación en Colombia en 2011, La reforma a la Fiscalía. Aspectos procesales en 2003, entre muchas otras.
En su carrera profesional, resalta experiencia específica en la fiscalía como ex fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia (2005-2010) investigando la toma y retoma al Palacio de Justicia, dando como resultado la resolución de acusación contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega por el delito de desaparición forzada.
Experiencia internacionalista en cargos como experta internacional en medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2015-2016) en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa - México en 2014. Consultora de la OEA (2019 – 2020), consultora de la Oficina de Naciones Unidas Honduras (ONU) (2019 – 2020), experta para el mecanismo de Nicaragua por las Naciones Unidas desde 2022, además de su experiencia como abogada penalista litigante en firmas privadas. Trayectoria en la Rama de Justicia Colombiana, cuenta con sus prácticas penales realizadas en el año 1989 en el juzgado 107 de Instrucción criminal de Bogotá.
Tiempos de interinidad
Las demoras en los procesos de elección de Fiscal no es asunto de ahora, pues la tardanza en la decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia y en consecuencia los amplios tiempos de interinidad ha sido una constante al menos en la última década.
De hecho, para el año 2012 el entonces presidente Juan Manuel Santos tuvo que cambiar la terna que había presentado previamente Alvaro Uribe. Así las cosas, fue evidente que no era del agrado de la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior significó que, Guillermo Mendoza estuviera encargado del órgano por más de 15 meses.
Tras la nueva propuesta presentada por Santos, compuesta por la exministra de Justicia, Mónica de Greiff; la abogada María Luisa Mesa y el expresidente de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre, siendo este último el finalmente elegido (2012-2016).
Posterior a la salida de Montealegre, la situación se repitió. Durante 5 meses el vicefiscal Jorge Perdomo asumió la dirección de la Fiscalía de manera interina, hasta que resultó electo Nestor Humberto Martinez. A él lo prosiguió, el saliente fiscal Fransisco Barbosa, pero su elección tampoco fue inmediata, en tanto que Fabio Espitia estuvo provisionalmente al frente del órgano fiscal por al menos 8 meses.