Por: Paola Andrea Marín, Investigadora Nacional
Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos
Foto tomada de: El Colombiano, El País y Zona Cero
Las últimas semanas han sido las más críticas en los procesos de negociación que adelanta el Gobierno Nacional con el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC) en el marco del proceso de Paz Total en Colombia. Sin lugar a duda, son varios los riesgos a los que se pueden enfrentar las mesas de diálogos cuando se negocia en medio del conflicto, pero tras varios meses de negociación con el ELN y la reciente instalación de la mesa con el EMC, es necesario que los equipos delegados tracen aquellos puntos gruesos que pueden poner en riesgo la política de Paz Total.
Al secuestro de Manuel Díaz, el padre del futbolista del Liverpool, Luis Díaz, perpetuado el 28 de octubre por el ELN, se suma el anuncio de la suspensión de la Mesa de Negociación con el EMC-FARC-EP, lo cual deja serios cuestionamientos y pone en tela de juicio las confianzas entre las delegaciones.
Secuestro del ELN en el ojo de la sociedad colombiana
El ELN puso el dedo en la llaga, abriendo el debate alrededor de uno de los hechos victimizantes más repudiados por la sociedad colombiana. Con el secuestro del padre de Luis Díaz dio un duro golpe a los avances de la mesa de negociación que había adelantado bastante durante los últimos meses, con espacios de diálogo amplios con diversos sectores de la sociedad civil, de cara a la construcción de mecanismos de participación.
En su momento el ELN y el Gobierno Nacional discutieron sobre los métodos de financiación e incluso evaluaron la posibilidad de crear un fondo internacional para solventar la negociación para que el ELN dejara de secuestrar y extorsionar. Sin embargo, es claro que, aunque en el punto 1 del Protocolo de Acciones Específicas para el Cese al Fuego entre el Gobierno Nacional y el ELN, menciona “No realizar las acciones prohibidas en el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en particular las contenidas en el Protocolo II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra”, aún no se ha puesto sobre la lupa el qué hacer con delitos como el secuestro o el reclutamiento.
Frente a ello, no es claro si el secuestro del señor Manuel Díaz obedece a una ruptura entre las filas de ELN, dados las recientes declaraciones del comandante militar, Antonio García, quien reconoció a través de su canal privado de Telegram que este hecho sería un error, además de orientar su inmediata liberación. O si es uno de los medios que el ELN utiliza para presionar el avance en la Mesa de Negociación.
Con la liberación del señor Manuel Diaz el 09 de noviembre, después de 12 días de secuestro, si bien hay una sensación de felicidad por su regreso a su hogar y comunidad, persisten interrogantes que tienen que ver con los mecanismos y las estrategias que garantizarían la liberación de las demás personas que aún siguen privadas de su libertad.
El Alto Comisionado para la Paz, a través de su cuenta de X, publicó que las líneas serían claras y lo que seguiría en el marco del proceso de diálogo estaría relacionado, en primer lugar, con garantizar la libertad para todos los secuestrados, la proscripción de la práctica del secuestro por parte del ELN y la discusión sobre medios de financiación.
espacio para que el ELN defina su posición frente a esta práctica y se decida por la abolición del secuestro como medio de financiación. Esto podría representar un gesto clave de voluntad de paz y seguramente fortalecería la confianza tanto de la sociedad civil que reclama que sean liberadas todas las personas que aún siguen secuestradas, como de organizaciones internacionales que tengan la intención de financiar el proceso de negociación.
EMC anuncia suspensión de mesa de negociación
El 05 de noviembre el Estado Mayor Central publicó a través de su cuenta de X la suspensión y el posible rompimiento definitivo de la Mesa de Negociación con el Gobierno Nacional.
De acuerdo con el comunicado, debido a los constantes incumplimientos de los acuerdos y los protocolos concertados entre ambas partes, se hace difícil continuar con la negociación. Resaltando el incremento de pie de fuerza y el no retiro de militares de algunas zonas concertadas.
Sin lugar a duda el ojo del huracán se sigue ubicando en el Cañón del Micay, en el corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca, en el cual se presenta una pugna por control territorial, dado que concentra aproximadamente el 75 % de cultivos de coca del departamento del Cauca, además de ser un paso estratégico entre el sur y el centro del Cauca, con la Costa Pacífica Caucana.
En él se han presentado diversas acciones que van desde la avanzada de las Fuerzas Militares con la Operación Trueno; pasando por los retrasos y los impedimentos para hacer llegar el material electoral en las pasadas elecciones regionales del 29 de octubre y la confusa invitación al acto de apertura a dichas elecciones; hasta el más reciente hecho ocurrido el 05 de noviembre, cuando miembros del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas fueron cercados por la comunidad, quienes les impidieron seguir con sus labores de seguridad en la zona.
Con relación a este último hecho, es importante mencionar que varias organizaciones e instituciones gubernamentales en la zona han denunciado constantes vulneraciones de derechos humanos que incluyen desplazamientos, reclutamientos, confinamientos y otras afectaciones a la población civil de esta comunidad.
En el comunicado se expresa que únicamente se podrán reanudar las conversaciones si el Gobierno expide un documento donde se compromete con el cumplimiento de los acuerdos, decretos, protocolos y compromisos que se adopten al interior de la Mesa de Diálogo. De igual forma, el Gobierno tendría que abstenerse de presentar dentro de la mesa documentos que no sean discutidos y aprobados por las partes. El EMC aseguró que, a pesar de la suspensión, no se rompería la tregua y se seguiría respetando el cese.
Por ahora, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, hizo una contextualización sobre la situación en el Cañón de Micay, haciendo un llamado sobre la necesidad de avanzar en el punto de sustitución de economías ilícitas y de crear estrategias que den fin de hostilidades a la población civil, dejando claro que “no es posible no asistir a la mesa de negociación sin romper la tregua”.
Luces y sombras para avanzar en la construcción de Paz Total
Finalmente, en medio de la crisis de las mesas de diálogos, es claro que el Gobierno Nacional tendrá que redefinir su estrategia de negociación, teniendo en cuenta la naturaleza de las dos negociaciones y las complejidades de estas en cada territorio en el cual hacen presencia cada uno de los actores.
Son varios los avances que han dejado estos meses de negociación simultánea en materia de construcción de paz y estos puntos críticos se presentan como una oportunidad de pulir los puntos flojos de los diálogos. Frente a ello, en el trigésimo quinto informe del Secretario General de la OEA al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, se presentan los hallazgos obtenidos entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2023, basados en 1.128 misiones en terreno en 22 departamentos del país.
El informe destaca los avances del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y las primeras resoluciones de la JEP. También resalta los esfuerzos del Gobierno en la protección de líderes sociales, la implementación de la Reforma Rural Integral y la creación del Sector Paz.
Además, reconoce la urgencia de ajustar la política de lucha contra las drogas y de avanzar en una estrategia de seguridad integral en los territorios, resaltando la disminución de eventos de desplazamiento, en comparación con el año anterior. “Las estadísticas oficiales reportaron una disminución del 58% en los eventos de desplazamiento forzado masivo y del 3% en los homicidios durante el primer semestre de 2023 en comparación con el mismo periodo del año pasado” (p.5).
De igual forma, el informe alerta sobre la persistencia del accionar de los Grupos Armados Ilegales (GAI) que genera afectaciones a la población como confinamientos, desplazamientos, reclutamiento forzado, violencia sexual y control social. Esto afecta la seguridad y los derechos humanos de la población civil, especialmente en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, La Guajira, Nariño y Valle del Cauca. El documento, también señala que los procesos de negociación, a pesar de sus avances, se enfrentan a desafíos como la falta de confianza, la fragmentación de los grupos, la presencia de disidencias y reincidentes, la persistencia de las economías ilícitas, la estigmatización de los excombatientes y la debilidad institucional.
De las 15 recomendaciones realizadas en el informe, siete de ellas estarían dirigidas a la Oficina del Alto Comisionado Para la Paz, a cargo de Danilo Rueda, quien además el 07 de noviembre fue citado a Control Político en el Senado. El documento puntualmente sugiere identificar áreas contaminadas por minas antipersonales, municiones sin explotar y trampas explosivas, además de garantizar la seguridad de las organizaciones de desminado humanitario; avanzar en la construcción de una ruta especial para la atención y protección de Niños, Niñas y Adolescentes involucrados en el conflicto armado con el objetivo de restablecer sus derechos y facilitar su reincorporación o reintegración; definir una estrategia que permita la inclusión y el respeto de las formas naturales y autónomas de organización de las comunidades, así como de sectores que podrían no estar representados en los procesos de participación derivados de la Paz Total; e incorporar en los ceses la definición concreta de los actos prohibidos contra la población civil y las garantías para el ingreso de la institucionalidad encargada de la atención humanitaria y de la implementación del Acuerdo Final de Paz.