Por: Laura Cano, periodista Pares.
A través del Decreto 2107 de 1994 se establecen algunas de las funciones del Alto Comisionado para la Paz. Una de las primeras le exige asesorar al Presidente de la República entorno a la estructuración y desarrollo de la política de paz, la formalización de diálogos y celebración de acuerdos de paz, la participación de diversos sectores de la sociedad en los procesos de paz, entre otros.
Sin embargo, y en tiempos donde los esfuerzos deberían estar puestos en brindar las garantías para quienes se acogieron al Acuerdo de Paz firmado el 24 de noviembre de 2016, es necesario hacer que lo establecido para el trabajo del Alto Comisionado para la Paz, cargo ejercido hoy por Miguel Ceballos Arévalo, no quede en letra muerta y dispuesto a intereses políticos, sino que en realidad se cumpla con la importancia y responsabilidad que merece con la actual coyuntura.
“Ha hecho una gestión invisible para la implementación"
Durante el debate de control político en el Congreso, el senador Iván Cepeda expuso varios motivos por los que Miguel Ceballos debería renunciar a su cargo, o que se “elimine la oficina del Alto Comisionado para la Paz, y cree un cargo de alto promotor para el conflicto armado”, afirmó el congresista.
Uno de los reclamos que se le ha hecho al Alto Comisionado para la Paz es su oposición y resistencia a las 16 curules para las víctimas en la Cámara de Representantes, las cuales son el eje del segundo punto del Acuerdo, en el que se plantea la participación política para la apertura democrática en la construcción de paz, permitiendo que los departamentos del Cauca, Arauca, Antioquia, Norte de Santander, Caquetá, Chocó, Meta, Bolívar, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y Cesar, lleven a esferas de debate y decisiones sus prioridades.
No obstante, las trabas y los intereses políticos han dejado esta medida en un limbo procesal, que hoy, a pesar de estar determinado que estos escaños irían para los periodos 2018-2022 y 2022-2026, no han logrado definirse.
Esto luego de que tuviera la oposición de funcionarios como Miguel Ceballos, quien al momento de revivir el debate sobre la viabilidad de estas curules afirmó que este proceso no tenía sustento político, esto luego que el presidente de del Senado, Lidio García, decidiera a principios de año desarchivar el proyecto de acto legislativo que se había hundido en noviembre del 2017.
Otros de los reclamos a Ceballos es que luego que Estados Unidos presentara su informe sobre la “Certificación de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos de los Estados Unidos contra el terrorismo”, en el que se incluía, además de Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela, a Cuba, esto, como se argumentaba: “por rechazó al pedido de Colombia de extraditar a 10 líderes del ELN que viven en La Habana, luego de que la organización se atribuyera responsabilidad por el atentado con explosivos perpetrado en enero de 2019 en una escuela de cadetes de policía en Bogotá que produjo la muerte de 22 personas y más de 60 resultaron heridas”, el Alto Comisionado saliera a decir que “lo que vemos es un espaldarazo de los Estados Unidos al Gobierno de Colomba”.
Esto, como lo indicó Cepeda, sustituye un incumplimiento al Acuerdo de Paz, desconociendo el protocolo suscrito con Cuba como país garante, señalando aquí que una de las tareas literalmente descrita para el cargo de Miguel Ceballos es: “Adelantar las gestiones para obtener cooperación internacional de acuerdo con las necesidades, acorde con los lineamientos establecidos por la Dirección del Departamento y en coordinación con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia –APC”.
Ceballos tiene el descaro de decirle al mundo que Colombia, como Estado, se siente orgulloso de que el país que contribuyó a lograr este acuerdo de paz hoy esté considerado como un país que tolera el terrorismo”, “(…) este mensaje que se le envía a la comunidad internacional que ha apoyado los esfuerzos de paz en Colombia es preocupante, aseveró Cepeda.
Las tareas pendientes de Ceballos
Por otra parte, otra de las tareas señaladas para quien ocupe el cargo de Alto Comisionado para la Paz es: “Promover, desarrollar y articular, en el marco de la política de legalidad y convivencia del Gobierno Nacional, escenarios de participación y de diálogo intersectorial, orientados a la construcción de paz, que promuevan la confianza, legalidad, convivencia y reconciliación, que puedan contribuir al desarrollo y consolidación de los procesos paz”.
Es necesario resaltar que más allá de lo administrativo y contractual, hay algunos desaciertos que han significado que, en los territorios donde se había determinado la urgencia de la implementación, se esté viviendo un retorno de la guerra, con una escalada de violencia y un copamiento de nuevos y antiguos actores armados que están retomando las zonas que fueron dejadas por la exguerrilla Farc.
“Desde que se posesionó Ceballos, el Gobierno no ha presentado una sola norma significativa, bien sea un proyecto de ley o acto legislativo, para implementar el Acuerdo. El gobierno Duque ha permitido que el Centro Democrático intente cambiar la Ley de Víctimas, ha dilatado su prórroga y ha tratado de cambiar la ley de restitución de tierras”, manifestó el senador Cepeda.
Esta desatención por parte del Gobierno Nacional y los organismos estatales ha constituido, que, por ejemplo, haya una disminución drástica de los recursos para la paz, de los cuales solo se están ejecutando el 1.36%, es decir, 90 mil millones de pesos de los 4,67 billones que se tendrían que estar invirtiendo en los municipios PDET para lograr la estabilización del territorio y el cumplimiento de las metas del Acuerdo.
Señalando, que hace tan solo unas semanas se conoció que el Gobierno había firmado un contrato con la compañía Du Brands S.A.S por $3.350 millones con el objeto de posicionar la imagen del Presidente a través de estrategias digitales. Uno de los problemas de esto es que este dinero salió, precisamente, del Fondo de Programas Especiales para la Paz.
Tierras y sustitución de cultivos, más tareas pendientes
Asimismo, se reclama que Ceballos no ha promovido que se ponga en marcha la entrega de tierras para garantizar la formalización y acceso a esta por parte de las y los campesinos, punto que era fundamental en el Acuerdo de Paz y para el cual se había dispuesto un Fondo de Tierras con el que se pretendía tener cerca de tres millones de hectáreas, de las cuales no se ha entregado ni la primera.
Además, preocupa la falta de iniciativa y las objeciones por parte de Ceballos para permitir dar luz verde al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), incumplimiento que ha fortalecido el discurso de la erradicación forzosa como método para la lucha antinarcótica, lo que ha demostrado que solo trae consecuencias que se concentran en la población campesina, a quienes además les han cobrado el fracaso de la sustitución voluntaria.
Fracaso político que deja como resultado, que, en menos de dos meses, se haya registrado el asesinato de dos campesinos a manos del Ejército Nacional de Colombia: Emérito Digno Buendía Martínez en Tutumito, zona rural de Cúcuta (18 de mayo) y Alejandro Carvajal, en la vereda Guayacanes en zona rural de Sardinata (26 de marzo). Institución que pareciera actuar con licencia para matar con el argumento, como se indicó recientemente en Pares, “que las operaciones de erradicación forzada provienen de una orden presidencial y que, de hecho, las operaciones seguirán extendiéndose por el territorio”.
Adicionalmente, otra de las labores de Miguel Ceballos es “verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil de los alzados en armas”, lo que pareciera que está quedando solo en el papel, pues vale señalar que desde que Ceballos llegó a la dirección de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el 13 de agosto de 2018, hasta el día de hoy, se han perpetrado, por lo menos, 68 asesinatos contra población en proceso de reincorporación, según cifras del Sipares.
Registrándose un primer hecho, durante el periodo de Ceballos en el organismo, el 15 de agosto de 2018 contra Fabio Peláez Rodríguez y el más reciente el pasado 7 de mayo contra Wilder Daniel Marín Alarcón.
“El Alto Comisionado para la Paz no ha cumplido con su función. Ha desdeñado el hecho grave de que están sucediendo de manera sistemática asesinatos contra los excombatientes de las Farc. Solamente hay once condenas con relación a los cerca de 200 asesinatos que se han producido en estos años, y no de autores intelectuales, precisamente”, concluyó, Iván Cepeda.
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