Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
A cuatro meses de haberse aprobado la Ley 2272 de 2022 o Ley de Paz Total, se tiene claro que el componente que mayores críticas tiene es el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales. Frente a los otros cuatro componentes –la implementación integral del Acuerdo con las FARC, las negociaciones políticas con el ELN, las conversaciones con las Disidencias y la Segunda Marquetalia, y los diálogos vinculantes con la sociedad civil–, a pesar de los desacuerdos, los cuestionamientos son menores.
Paradójicamente, las críticas a este componente no han provenido de las organizaciones criminales, estas, por el contrario, estas han sido muy receptivas con la propuesta gubernamental. Desde el principio han manifestado con cartas y comunicados su deseo de iniciar acercamientos con el Gobierno, han delegado en abogados poderes para que los representen y, además, han buscado pactar ceses al fuego y de hostilidades y cumplir lo prometido.
Las críticas, en su lugar, provienen de algunos partidos políticos y de grupos de la sociedad civil, quienes ven en la propuesta de ley de sometimiento un tratamiento especial a los criminales, esto, a pesar de que la norma insiste en que este es un tema de justicia ordinaria. Para los apáticos es inaceptable que el Gobierno quiera “negociar con hampones”, como si estos grupos tuvieran alguna ideología política; y cuestionan la propuesta de ley, pues se les ofrece a criminales “incentivos” para que se acojan a la justicia. Desean, en cambio, que los “bandidos” sean perseguidos y capturados por la Fuerza Pública, judicializados y encarcelados para que paguen por sus acciones.
Esta situación de cuestionamiento y malestar ciudadano evidencia, por lo menos, tres asuntos presentes en la sociedad colombiana. La primera es lo incómoda que la ciudadanía se siente frente a estos actores armados. El crimen organizado es un fenómeno que se ha generalizado en el país. Es casi imposible hallar un sitio en el territorio nacional –sea un municipio, un barrio o una vereda– en el que no tenga presencia una organización delictiva o criminal. Su presencia se ha convertido en una variable que todo mundo reconoce y detesta.
Las organizaciones criminales han experimentado un crecimiento asombroso en los últimos 20 años. Son grandes conglomerados, medianas empresas y pequeños emprendimientos dedicados a negocios ilícitos: trafican con drogas, extorsionan a comerciantes e industrias y poseen un extenso portafolio de actividades ilícitas, con el que logran regular la venta de arepas o gaseosas y ofrecer al mismo tiempo sofisticados armamento a otras organizaciones criminales o servicios de seguridad privado.
La segunda situación que se evidencia es lo poco acostumbrado que estamos a negociar con organizaciones criminales. Son cuarenta años de negociaciones de paz con grupos guerrilleros o alzados en armas, las cuales, a pesar de los vacíos, han dejado buenas experiencias, de allí que hemos aprendido a tolerar y aceptar las negociaciones políticas y, por tanto, la oposición a nuevas mesas con el ELN y las disidencias de las FARC es menor.
Pero la experiencia con las negociaciones y los sometimientos de organizaciones criminales no ha sido satisfactoria. Tanto la desmovilización de las Milicias Populares de Medellín, en los noventa, como la desmovilización de los grupos paramilitares, en el dos mil, no dejaron buenos resultados: no hubo verdad, ni justicia, ni reparación. De allí que la gente tiene muchas reservas con los procesos de paz y los sometimientos de los criminales.
Finalmente, tenemos que reconocer que como sociedad conocemos muy poco a estas estructuras criminales. Estamos frente a un fenómeno que cambia permanentemente, tanto en el tiempo como en el espacio, pues una cosa eran los negocios en el decenio de 1980 y otra lo es hoy: mientras hace cuatro décadas los criminales se dedicaban al tráfico internacional de cocaína o al sicariato, hoy los negocios son la extorsión y la prostitución; o mientras en Bogotá crece hoy la extorsión y el microtráfico, en el Urabá lo hace el tráfico de personas, y en otros lugares la minería ilegal, la deforestación o los juegos de azar.
No estamos en presencia de simples negocios, sino de complejas actividades económicas con una diversidad de redes y alto grado de organización. Hoy conviven en el país grandes empresas criminales –Grupos armados organizados (GAO)– que tienen presencia en varios territorios y muchas relaciones con el exterior. Hay también empresas medianas, cuyo accionar es en una gran ciudad o una región y que se les conoce como grupos delictivos organizados. Finalmente, pululan por todos lados microempresas u organizaciones criminales difusas, con accionar en un barrio o sector que venden drogas y que no se imaginan ni les interesa saber quién es el que le suministra los bienes ilegales que ofrecen.
En síntesis, muchas personas repudian la propuesta de una Paz Total con las organizaciones criminales, pues su vida cotidiana está afectada por los negocios criminales, no hay experiencias positivas que generen confianza en el proceso que se inicia y son un fenómeno social que se desconoce casi en su totalidad, a pesar de convivir con él. Las víctimas no quieren pasar de nuevo por la situación de escuchar largos silencios en las audiencias públicas o recibir miserias de sus victimarios sabiendo que están tapados en plata.
A pesar de las críticas, hay que reconocer que este componente de la Paz Total abre algunas ventanas de oportunidades para la sociedad. Una, es que permite enfrentar el componente que más violencia genera en el país. El crimen organizado se ha convertido en un gran cáncer que es necesario atender y controlar. La opción de sometimiento colectivo abre la posibilidad de reducir el fenómeno criminal, aunque sea por un tiempo, pues hay que ser realistas, mientras no se acabe con los incentivos económicos seguirán apareciendo empresarios de este tipo. Son actores criminales que tienen las capacidades para subsistir, permanecer, mutar y sobrevivir en un entramado organizativo e institucional.
Otra, es que tenemos una oportunidad con la propuesta de Ley de Sometimiento de avanzar en el conocimiento en este cambiante fenómeno. La Ley propone que será compromiso de los acogidos brindar información valiosa sobre el accionar de las organizaciones, la forma de operar y de ejercer violencia en los territorios. Y aquí seamos soñadores: para las víctimas se abre la posibilidad de acceder a la verdad y obtener reparación, incluso esta es una idea incorporada en la propuesta del nuevo Plan de Desarrollo Nacional –artículo 168, Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO)–.
Esta es una magnífica oportunidad para conocer el lado oscuro de la luna, para tener información sobre su estructura externa y el relacionamiento con otras organizaciones –redes–. Para indagar por la manera como internamente operan en el mundo criminal y con ello saber sobre sus jerarquías, establecimiento de mandos y burocracias. En especial, para conocer los factores de permanencia del crimen organizado en Colombia.
Pues, a pesar de las políticas de seguridad, estas agrupaciones criminales siguen surgiendo y expandiéndose en el país. Continúan vinculando a la población y sus jóvenes en el uso de la violencia para seguir operando sus negocios ilegales. De allí que será necesario avanzar en conseguir información de primera mano para tomar mejores decisiones; información que nos sirva para construir una radiografía y un análisis de sus estructuras y actividades en todos los territorios y dar pasos más firmes en un problema que nos está destruyendo.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.