Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
El primero de noviembre de 2023 comenzarán a regir en Colombia los impuestos saludables. Estos quedaron acordados el 13 de diciembre de 2022, cuando el Congreso de la República aprobó la Ley 2211 o Reforma Tributaria del gobierno Petro. Allí se estableció que se pagaría un gravamen a la producción y consumo de los alimentos ultra procesados industrialmente y con altos contenidos en azúcares añadidos, sodio y grasas saturadas.
Entre las bebidas azucaradas se encuentran: las concentradas, carbonatadas, a base de malta, con frutas concentradas y las que contengan edulcorantes artificiales; como las gaseosas, refrescos, bebidas energizantes, deportivas, tipo té y café, refrescos, zumos, néctares de fruta y aguas saborizadas. Y en los alimentos comestibles: aquellos elaborados con mezclas a base de harina, fécula y extracto de almidón; entre los que están las salchichas, ponqués, papas chips y galletas.
Todos estos productos, según los diversos organismos nacionales e internacionales responsables del cuidado de la salud –como el Ministerio de Salud y Protección Social o la Organización Panamericana de la Salud (OPS)–, tienen efectos dañinos en el cuerpo humano –al causar enfermedades graves como obesidad, diabetes o hipertensión– y en la salud pública –pues al afectar gravemente a las personas, deterioran el bienestar general de la población– (Ver: Los impuestos saludable: un pequeño empujón).
En este sentido, estamos frente a una norma que cumple con todas las características para ser una política pública: ya que busca atender una problemática pública y sentida por la población, en la que se requiere la intervención del Estado, el cual, con apoyo de la sociedad, implementa acciones de tipo correctivo –focalizada, en este caso, en los niñas, niños y adolescentes consumidores–.
Política con las que se espera tener varias ganancias: primero, lograr reducir –con el aumento en el precio vía impuestos– el consumo de la comida chatarra y, con ello, los costos futuros en la atención médica. Segundo, disminuir la oferta de estos bienes dañinos, al enviar señales a los productores para que cambien los componentes dañinos de sus productos. Y tercero, aumentar los ingresos fiscales del Estado, para fortalecer el sistema de salud.
En breve, estamos frente a un tiempo muy afortunado para el país. Un penúltimo mes del año en el que comenzará a implementarse una norma que está del lado de la gente y de la salud colectiva. Un momento en el que el Estado se dio la pelea con los industriales, para señalarles un cambio en la producción de un grupo de alimentos –con alto contenido de azúcares añadidos, grasa total, grasas saturadas y sodio–. Y de trabajar con la ciudadanía en un cambio en los hábitos de consumo.
Pero, hay que reconocerlo, el camino recorrido para llegar a esta situación no ha sido fácil. Como recordará el lector, han sido más de diez años en los que diversas organizaciones de la sociedad civil –entre ellas la academia y la Red PaPaz–, que en asocio con algunas dependencias del Gobierno –como el Ministerio de Salud–, han tenido que defender esta propuesta en la esfera pública, logrando, hasta la fecha, tanto el establecimiento de este impuesto saludable como el etiquetado en la comida chatarra.
Entre 2015 y 2016, por ejemplo, la discusión la dieron estos defensores de la salud pública en el Congreso de la República. Allí salieron derrotados debido al poco apoyo del Gobierno, al gran poder de las asociaciones de industriales y comerciantes –de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco)– y por las decenas de senadores que criticaron la propuesta –incentivados por las jugosas contribuciones que hacen a sus campañas los grandes industriales dueños de las empresas de gaseosas o productos empaquetados–. De allí que el 05 de diciembre de 2016, la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes quitó finalmente el impuesto propuesto de 300 pesos por litro.
Sin embargo, al llegar este nuevo decenio las cosas comenzaron a cambiar. Primero se aprobó el domingo 20 de junio de 2021 la Ley 2120 o de comida chatarra, donde se estableció que los productos ultraprocesados, comestibles y bebibles deberían contar con un etiquetado frontal de advertencia que evidencie, de manera clara, el contenido de nutrientes críticos como azúcares, sodio y grasas saturadas (Ver: Sigue el impuesto a las bebidas azucaradas).
Y luego llegó el momento para la aprobación del impuesto saludable, una herramienta aún más poderosa que la etiqueta frontal de advertencia. Fue al inicio del gobierno de Gustavo Pertro, con el apoyo decidido del Ministerio de Hacienda y Crédito Público –el decano de los economistas José Antonio Ocampo–, que se logró la aprobación del gravamen con la Ley 2211 de 2022. Un tributo con el que se busca desincentivar de manera más eficaz el consumo de este tipo de bebidas y comidas en la población –varios estudios han mostrado que un impuesto de este tipo, por ejemplo del 20%, provoca una reducción en el consumo en similar porcentaje o incluso superior (Ver: Grupos de interés e impuesto al consumo de bebidas azucaradas, Universidad de Antioquia, 2020)–.
Una norma que ha sido fuertemente cuestionada, a la que se le pidió por parte de los grupos de interés la revisión de constitucionalidad de la Alta Corte. A la que se le propuso un proyecto de ley –el 057 de 2023 que buscaba un cambio en el presupuesto de rentas y recursos de la vigencia fiscal 2024–, para que se aplazara la entrada en vigor de los impuestos saludables. Y a la que no le pararán, por muchos años, las críticas y la propaganda negativa.
Afortunadamente todas estas acciones de los interesados en que continúen las ventas de estos productos dañinos han sido denegadas. El 18 de octubre de 2023, por ejemplo, la Cámara de Representantes negó la propuesta de aplazar la entrada en vigencia del impuesto. De allí que, como se ha dicho, desde este primero de noviembre comenzará a operar el impuesto.
Y una última idea antes de finalizar, hay que advertir que la Ley 2211 de 2022 no prohíbe el consumo de las bebidas y comidas chatarras, solo establece un impuesto progresivo que causará, lo más probable, un aumento en los precios, intentando desincentivar tanto el consumo como la producción de este tipo de bebidas y comestibles dañinos para la salud.
El gravamen comienza con un alza de 10% en lo que resta de 2023, luego vendrá otro del 15% en 2024 y, finalmente, de 20% en 2025. Lo que significa que la decisión de consumir alimentos sanos –con alto contenido de proteínas, fibra alimentaria, minerales, vitaminas, entre otros nutrientes– y disminuir la ingesta de los no saludables –altos en azúcares añadidos, grasa total, grasas saturadas y sodio– estará en sus manos.
La tarea que nos propone la norma es una invitación a que como padre de familia y personas responsables de la salud de los niñas, niños y adolescentes, además de la nuestra, nos interroguemos por el consumo de este tipo de bebidas y comestibles. Que recibamos este impuesto como una señal del Estado y del mercado para cambiar nuestros hábitos de consumo y pensar en nuestra salud. Y le estoy hablando a usted.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.