Por: Redacción Pares
Foto tomada de: El Tiempo y El Espectador
En las últimas horas el alcalde de Bogotá confirmó la muerte de una niña Embera de tres meses de nacida en los campamentos ubicados en el Parque Nacional en donde esperan desde el año 2020 a que el gobierno nacional les de una respuesta a las necesidades y padecimientos que vienen sufriendo en su territorio. La respuesta del Distrito fue hacer un llamado urgente al gobierno nacional para que se agilicen las negociaciones con el grupo de indígenas y puedan pactar lo que parece ha entrado irremediablemente a una zona pantanosa.
Como la memoria es corta es bueno recordar lo siguiente: esto no arrancó en este gobierno. La ocupación por parte de 500 indígenas Embera en este espacio vital para Bogotá no arrancó con la ascensión de Petro a la presidencia. De hecho fue durante el gobierno Duque, en el 2020, cuando llegaron estos indígenas movidos por justas causas. Los primeros en llegar fueron 263 integrantes de la comunidad Embera Katío, a mediados del 2020, en medio de los problemas que dejaba la epidemia del COVID 19, habían llegado a la ciudad desplazados por la situación de violencia que se vivía en su territorio. La pandemia los obligó a asentarse y además pensaron que sería una buena manera de presionar para que fueran atendidos sus reclamos. La ONIC reportaba en ese momento en territorio 10 mil personas confinadas y 2 mil desplazadas.
En ese momento la población de indígenas en el parque nacional superaba las 3000.
A finales del 2021 se dio el primer retorno de indígenas a sus territorios de más de 1.500 indígenas volvieron a su territorio en Chocó y Risaralda, unos meses después se hizo un censo y se contabilizó que en el parque Nacional habían 1350. El 13 de mayo del 2022 se anunció desde la alcaldía de Claudia López que la reubicación de los indígenas sería completa y aunque muchos se fueron aún persisten más de quinientos. Las malas condiciones han hecho que niños como el que murió el pasado domingo 9 de junio corran riesgos eminentes de salud. La defensoría en su momento emitió un reporte que señalaba el nivel de precariedad de las condiciones en las que estaba la comunidad asentada en la zona: “No hay suministro de agua potable, los baños tienen filtraciones, no cuentan con el mínimo de condiciones de salubridad, y el lugar está infestado de moscas y cucarachas, plaga generadora de diversas enfermedades que ponen en riesgo la salud humana”.
La unidad de víctimas, en abril de este año, identificó a 724 indígenas asentados en el emblemático parque. Aunque mucho bogotano que se acerque al lugar le parezca un capricho de los embera el protestar de esta forma, se olvida cuáles son las razones por las que ellos han decidido pasar noches heladas, torrenciales aguaceros y exponer su salud a las inclemencias del clima bogotano.
La unidad de víctimas indagó y publicó en su momento las seis exigencias que se le han hecho tanto al gobierno de Iván Duque como al de Gustavo Petro:
Conflicto armado interno y desplazamiento por la guerra.
Ausencia de servicios integrales del Estado en sus territorios.
Falta de garantía de viviendas y desarrollo rural.
Dificultad para el acceso a bienes y servicios básicos.
Estigmatización social.
Falta de voluntad política para revertir estas situaciones.
Es compromiso de todos impedir que un niño más muera en estas condiciones. Las exigencias de los Embera deben ser atendidas de manera inmediata. Y en ese sentido tanto el gobierno Duque como el de Petro se han hecho los de los oídos sordos ante los reclamos