Lo que hierve no se tapa: Acoso sexual en el Congreso

Por: Natalia Reina y Diego Pedraza, investigadores de la línea de Democracia y Gobernabilidad

La semana pasada, el Congreso de la República volvió a ser foco de atención de la política nacional, pero esta vez no se trató del hundimiento de alguna reforma ni de una polémica discusión entre congresistas; las denuncias de acoso sexual al interior de la corporación fueron las protagonistas. Sin embargo, ¿son las recientes denuncias hechos aislados o, en realidad, estas son parte de algo que viene hirviendo desde hace años y que pretende ser tapado y silenciado a través de presiones e influencias de redes de poder?

En los baños de la casa de la democracia quedaron consignadas frases como: “Aquí a los acosadores les renuevan el contrato”, “Los que protegen a mi jefe, me acosan a mí” y “Rompimos el silencio y nada pasó”. Las consignas hacían referencia al caso de Tania Acero, exasesora legislativa, quien en diciembre de 2024 activó la ruta de atención de violencia sexual del Congreso, en contra de Juan Camilo Díaz, fotógrafo de la Cámara de Representantes. Sin embargo, hasta la fecha no ha existido acompañamiento para ella ni acciones correctivas para su presunto agresor. Esta no es la primera vez en la que se realizan señalamientos de este tipo.

Foto: Cambio

A finales del año 2022, el hoy director general de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, advirtió sobre la existencia de una presunta red de explotación sexual al interior del Capitolio, la cual estaría mediada por el chantaje a las víctimas bajo la amenaza de perder sus puestos. Ante ello, en enero de 2023 el presidente Petro asignó a la senadora María José Pizarro —y para aquel entonces presidenta de la Comisión de la Mujer— la tarea de investigar las denuncias sobre acoso y violencia sexual en el Congreso de la República.

En agosto de 2023, Pizarro presentó un primer informe sobre el seguimiento a la labor designada por el presidente. Dicho informe expuso nueve denuncias, de las cuales siete de las víctimas eran mujeres y dos hombres; al parecer, la mayoría de las denuncias estaban ligadas al abuso laboral y a violaciones de los derechos laborales. Entre los presuntos agresores se encontraban contratistas del Congreso y trabajadores de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL).

En algunos de los casos en cuestión se tomaron medidas correctivas, como la suspensión o no renovación de contratos a los presuntos agresores. Si bien es cierto que seis de las denuncias fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía, en 2024 la misma senadora Pizarro reconoció que, hasta dicha fecha, no se habían obtenido grandes avances en las investigaciones. Cabe mencionar que, para el año 2023, el nivel de esclarecimiento de delitos sexuales por parte de la Fiscalía no superaba el 55 %, lo que expone la falta de celeridad de ciertos entes, con lo cual se termina generando un escenario poco garantista y revictimizante para las personas denunciantes.

Un protocolo sin voluntad política para operar

La preocupación por las denuncias de acoso sexual y las violencias basadas en género parece ser relevante únicamente cuando son expuestas públicamente. Posicionar en la agenda la necesidad de protocolos y rutas de atención ante casos de acoso sexual ha sido una disputa de largo aliento.

Tan solo hasta enero de 2023, el Congreso presentó la Resolución No. 010 de 2023 de la Mesa Directiva, que establecía el "Protocolo Integral para la Prevención y Orientación Institucional frente a Conductas de Violencia Sexual, en el Ámbito Laboral y Contractual, en el Congreso de la República". Pese a la existencia de dicho protocolo, la denuncia hecha por Tania Acero conduce a preguntarse: ¿cuál ha sido la voluntad política y el compromiso asumido por los y las congresistas para que la ruta de atención de acoso sexual funcione eficientemente? ¿Existen redes de poder al interior del Capitolio que han permeado y silenciado casos similares a este?

La reducción del acoso sexual no se soluciona a través de la mera creación de una ruta de atención y prevención; se requiere —entre otros factores— implementarla de manera óptima y oportuna, aspectos que, al parecer, no han sido priorizados por el Congreso. Los señalamientos realizados por Acero cuestionaron la falta de claridad y celeridad de la ruta, pues no recibió acompañamiento legal ni psicosocial, pese a estar incluidos en las supuestas garantías para las denunciantes. Además, el protocolo no define las competencias institucionales específicas para dar trámite a los procesos ni las acciones correctivas a emprender. En consecuencia, el protocolo no solo tiene falencias, sino que, al interior del Capitolio, no ha existido voluntad suficiente para esclarecer o atender las denuncias.

Las redes de poder que se mueven en el Capitolio

La situación que se vivió en el Congreso de la Republica no es nueva, ni mucho menos un caso aislado, es por el contrario una repetición de situaciones que por años llevan en silencio, en medio de los pasillos del Capitolio y ante la distancia insalvable que constituye el poder de los legisladores colombianos.

Esa distancia de poder absolutista es quizás la gran problemática que se vive desde el Congreso, porque los legisladores abusan de su fuero para mantenerse en los espacios de poder, donde nadie puede entrar y donde solo ellos pueden decidir el devenir de lo que allí sucede. Ese poder desbocado es la muestra clara de un Congreso silencioso y cómplice ante situaciones de abuso o acoso que han sido reportadas desde siempre al interior del recinto.

Y es que estos “fueros inviolables” terminan siendo tan omnipotentes que las denuncias presentadas ante la Cámara de Representantes o el Senado suelen quedarse en letras muertas que acompañan a la poco o casi nada eficiente, Comisión para la Equidad de la Mujer, porque al final las redes de los legisladores terminan sometiendo todo al silencio absoluto que campea por la lastrada “Casa de la democracia”.

Podríamos decir que el problema nace a partir de esa relación subyugante de poder, ese periplo en el cual el funcionario o contratista debe someterse a las peores precarizaciones laborales para lograr acceder a uno de los famosos “cupos” que tienen los congresistas en sus Unidades de Trabajo Legislativo - UTL o en las dependencias de la corporación. Son dichos “cupos” la herramienta que han utilizado los legisladores para imponer su poder frente a otros, son esos “cupos” los que los han llevado a tener la fuerza para mover a la gente por diferentes cargos, por contratos temporales y por meses de incertidumbre laboral para así sostener esas redes clientelares que constituyen las bases de su poderío electoral.

Y aunque todo el país sabe de ese poder “oculto” que tienen en los lapiceros los congresistas, situaciones como las que ocurrieron la semana pasada deben abrir un nuevo debate, donde se juzgue con verdadera objetividad y franqueza a los legisladores. Acá no hablamos de situaciones “sin importancia”, acá hablamos de un delito que hace mella en las bases de una sociedad que intenta cambiar, aunque sus referentes morales y políticos actúen con la bajeza de siempre.

Ese poder ha llevado a que las denuncias emitidas se queden en un número más dentro del grueso de casos que han ocurrido en el Congreso en los últimos años. Y aunque se ha visto una evolución progresiva con la creación de comisiones de seguimiento o con vigilancias atentas desde el gobierno nacional, la situación no parece que vaya a cambiar y no parece que lo vaya a hacer porque al final la base de la estructura sigue manejándose bajo esa subyugación de poder entre el congresista y “los otros”.

El delito pareciera que sigue campante y las víctimas abandonadas por cuenta de la omnipotencia del poder legislativo, y se menciona en general, porque al final  este tipo de situaciones ha llegado a “salpicar” a congresistas o excongresistas de todas las esferas políticas, quienes, por lo general, logran solventar la situación por cuenta de ese poder que los envuelve, un poder que se caracteriza por apagar los cuestionamientos, por medio del silencio atroz que conlleva a la prescripción de los casos.

Personajes como Mauricio Lizcano, señalado en 2023 de intentar besar a una mujer que buscaba entrar a su UTL, Cesar Lorduy, excongresista y exmagistrado del CNE, quien fuera acusado de un presunto acoso hace unos meses por la representante Ingrid Aguirre, son solo algunos de los ejemplos campantes de excongresistas que han sido señalados con el ojo avizor de hacer parte de estas dinámicas.

Y aunque no se ha probado la culpa de ellos, ni de otros congresistas, no hay que olvidar que sobre las redes de poder del Congreso se mueven fantasmas tan grandes como lo fue la famosa (para mal) “Comunidad del Anillo”, donde los congresistas abusaron de su posición de poder y dominio para forzar a policías que conformaban sus esquemas de seguridad a cometer actos sexuales que terminaron por sacudir al país y dejar en entredicho a la Policía Nacional.

Los recientes hechos ponen nuevamente en la agenda pública los presuntos casos de acoso sexual al interior del órgano. Según Tania Acero, denunciante en este caso, en el Congreso se han presentado múltiples hechos, como tocamientos indebidos, restricción a la movilidad y presiones a cambio de continuar con sus cargos en la corporación. Tal escenario refleja que las relaciones desiguales de poder al interior del Capitolio han vulnerado de manera clara y directa las condiciones laborales de las víctimas, quienes, en ocasiones, optan por no recurrir a las vías institucionales por miedo a represalias, revictimización, archivo o ausencia de trámite a los casos.

Ahora bien, después de la denuncia de Acero, muchos congresistas salieron rápidamente a solidarizarse con las víctimas y a rechazar todo tipo de acoso sexual. Pero, más allá de un comunicado de rechazo, ¿cuáles han sido las acciones concretas que han liderado los congresistas para erradicar estas situaciones al interior del Congreso? ¿Su poder político ha sido un instrumento para fortalecer las rutas de acoso sexual? ¿Qué ha hecho la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer para evitar la repetición y garantizar la celeridad y el acompañamiento en las rutas activadas? ¿A qué se debe el silencio sepulcral al interior del Congreso, pese a que distintas voces afirman que estos hechos han sucedido por años? ¿Existe voluntad y disposición genuina por parte de los honorables para dar trámite a denuncias de este tipo?