Por: Redacción Pares
Foto tomada de: Congreso visible
Miguel Uribe Turbay ha sido uno de los críticos más duros que ha tenido este gobierno. Su cercanía ideológica con Álvaro Uribe es innegable. Pasó de ser un turbayista pura sangre a un uribista incondicional. Su madre, Diana Turbay, fue una de las mártires de Pablo Escobar y uno de los símbolos de la libertad de prensa. Sin embargo, a 46 años del inicio de su gobierno, el legado de su abuelo como presidente es al menos cuestionable. Con la distancia de los años se le pueden criticar decisiones que derivaron en abusos. Uno de ellos fue el estatuto de seguridad.
En los años en los que estuvo mandando, que fueron entre 1978 y 1982, ser líder estudiantil se convirtió en Colombia en un trabajo de alto riesgo. Al igual que ser sindicalista, asistir a marchas, ejercer la democracia. Todo por el Estatuto de Seguridad. Los menores de cuarenta años no lo deben recordar demasiado, así que acá les contaremos qué es.
En 1977 se realizó un paro nacional de proporciones monumentales. Entre el 14 y 15 de septiembre las calles se llenaron de gente, un estallido popular que no se veía desde el 9 de abril de 1948 cuando la gente salió a pedir venganza por la muerte de Gaitán. En ese momento López Michelsen era el presidente y se considera que su decisión de recortar el gasto público, una medida completamente neoliberal, hizo estallar la indignación. Antes del gran paro los diversos sindicatos del país realizaron 100 huelgas. El entonces ministro de gobierno, Rafael Pardo Buelvas, empezó a usar términos como “subversivos” para descalificar la protesta lo que endureció aún más el movimiento popular.
En Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga se cerraron calles, se hicieron barricadas, la gente se defendió mientras exigía un aumento salarial del 50%, Congelación de tarifas de artículos de primera necesidad y de tarifas de servicios públicos, suspensión del estado de sitio y respeto de las libertades, derogación del Estatuto docente, financiación y desmilitarización de las universidades, abolición de la reforma administrativa, entrega de tierras a los campesinos por el INCORA, jornada de trabajo de 8 horas y salario básico para transportadores, suspensión de decretos de reorganización del ICSS. El gobierno de López adoptó una figura que se venía manejando en los años del Frente Nacional y fue el Estado de Excepción. Esto, según la Comisión de la Verdad consistía en “Bajo su normatividad, las garantías y libertades constitucionales quedaban suspendidas mientras la autoridad reestablecía la normalidad y el orden público, generalmente perturbados por manifestaciones de inconformidad social de trabajadores, sindicalistas, campesinos, indígenas y estudiantes en diferentes regiones”. Así el ejército actuó a sus anchas. El saldo no pude ser más trágico: 33 personas perdieron la vida, hubo 3.000 heridos y se capturó a tanta gente que se tuvo que usar en Bogotá la Plaza de Toros de la Santamaría y el propio estadio El Campín para retenerlos.
Un mes después de que asume Julio César Turbay la presidencia, el 6 de septiembre de 1978, se expide el Decreto 1923 que terminaría tomando el nombre de Estatuto de Seguridad. Para la Comisión de la Verdad esta medida “se constituyó en la expresión máxima del estado de sitio. En los ejercicios de memoria y búsqueda de la verdad realizados por la Comisión en las diferentes regiones durante el último año, el Estatuto de Seguridad y su aplicación sobresale como un momento de desconcierto, dolor y zozobra dentro de los sectores sociales organizados y comprometidos con el avance social”.
Este Estatuto generó allanamientos de domicilio sin orden judicial, detenciones arbitrarias, torturas, desaparición forzada, vimos como los militares se atrevían a hacerles juicios a civiles,
Hubo magistrados de la Corte que demandaron y se enfrentaron con fiereza ante, lo que Gustavo Gallón llamo en su momento, una “dictadura constitucional”. Es que además del poder que se les entregaba a los militares había que sopesar la creación de nuevos delitos, el aumento de penas, la imposición de la censura.
Hubo dos hechos que servirían al gobierno para aumentar su pie de fuerza. El asesinato de Rafael Pardo Buelvas, el ex ministro de gobierno de López Michelsen y el robo de cinco mil armas por parte del grupo guerrillero M-19 al Cantón Norte. Uno de los primeros jóvenes que cayó fue el reconocido actor de teatro y televisión Carlos Duplat quien fue llevado a las famosas caballerizas de Usaquén y fue torturado durante horas. Así también fue detenida y torturada la actual jefe de negociación del gobierno con el ELN, Vera Grabe, la famosa pianistas Teresita Gómez, sacerdotes jesuitas valientes como Jorge Arango y Luis Alberto Restrepo, además del famoso poeta de izquierda Luis Vidales, que todo el mundo debería conocer porque uno de sus versos está plasmado en el billete de 100 mil y hasta el hoy presidente, Gustavo Petro. Todos los que alcanzaron a sobrevivir a violaciones, ultrajes, tortura con aparatos eléctricos, métodos copiados de la vileza de la dictadura argentina, concuerdan en que estas caballerizas estaban completamente llenas.
Hubo periodistas valientes como Guillermo Cano que hicieron encendidas críticas desde la editorial de El Espectador para frenar la babarie, por primera vez Amnistía Internacional visitó el país. La situación que se vivía en Colombia tuvo ribetes internacional cuando, en 1981, el escritor Gabriel García Márquez tuvo que empacar e irse exiliado porque le revelaron un plan para matarlo, supuestamente por ser parte de una de las guerrillas. Él simplemente participaba del comité editorial de la Revista Alternativa, un medio de izquierda, que, por supuesto, no toleraba a Turbay.
Las críticas no sólo estuvieron a cargo de la prensa. El político liberal Darío Echandía salió del ostracismo a denunciar El dictador de este país es el general Luis Carlos Camacho Leyva”, comandante del ejército, quien actuaba como “el dueño del gobierno y el mentor de la política dura”.
La sociedad civil se fortaleció. Según el informe de la Comisión de la Verdad “Nació el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) creado después del primer Foro Nacional por los Derechos Humanos y las Libertades Democráticas, organizado en Bogotá en 1979, como respuesta al Estatuto de Seguridad y encabezado por el excanciller Alfredo Vázquez Carrizosa, prestigioso internacionalista y diplomático”.
Turbay, lejos de ser juzgado por estos hechos, fue nombrado embajador después de terminar su periodo presidencial en el Vaticano.
La imagen de Turbay fue revitalizada unos años después por Álvaro Uribe Vélez en su primer gobierno. Bautizó el Centro de Convenciones de Cartagena con su nombre. La cercanía de Uribe, quien es un tipo agradecido, con Miguel Turbay, el cariño que se profesan, tiene que ver con la memoria del abuelo del senador. Una memoria que, sólo por la implementación del Estatuto de Seguridad, debería revisarse.