Por: Max Yuri Gil Ramírez
Director Instituto de Estudios Políticos-Universidad de Antioquia
El pasado 31 de diciembre cuatro personas fueron asesinadas en Medellín. Andreina García García, de 50 años, integrante de la población LGTBI fue asesinada con arma cortopunzante; David Esteban Rodríguez Loaiza, de 32 años fue víctima de ataque con arma de fuego; Julián Andrés Cano, habitante de calle de 41 años, fue asesinado igualmente con arma de fuego y finalmente, Enderson Jesús Bravo Asuage, de nacionalidad venezolano, de 21 años, fue asesinado con arma cortopunzante.
Estos 4 casos en las últimas 24 horas del 2024, constituyen una excepción, dado el histórico descenso de los homicidios en la ciudad durante el año que acaba de terminar, que se ha venido consolidando de manera tendencial en los últimos 15 años y que al establecer una tasa de homicidios por cada cien mil habitantes en 11.8, significa un comportamiento en esta materia que no se tenía en Medellín desde hace más de 6 décadas.
Medellín culmina el 2024 con 319 homicidios, 59 casos menos que el 2023, una disminución del 16%. Por sexo, las víctimas son 290 hombres (91% del total), y 28 mujeres (9%), en 17 de los casos se presume que fueron feminicidios. Las principales posibles causas son: por determinar 97 (30.5% del total), por estructuras criminales 82 (26%) y por convivencia 79 (25%). Llama la atención que los casos de homicidios asociados a violencia de género pasaron de 14 en 2023 a 21 en 2024, un incremento del 50%.
Con respecto al arma utilizada, con arma de fuego se cometieron 156 homicidios (49% del total), con arma blanca 110 (34.5%) y 24 con arma contundente (7.5%). Finalmente, como es habitual, la comuna Candelaria (centro de la ciudad) fue la más mortal, con 71 casos (22% del total) seguida por Castilla con 25 casos (8%) y tercera, Robledo con 21 (6.6%).
Sobre el éxito de este récord histórico de descenso de los homicidios, se lo han atribuido tanto el alcalde de la ciudad Federico Gutiérrez, como algunos voceros de las estructuras de violencia organizada que actúan en la ciudad, las cuales actualmente se encuentran en proceso de diálogos en el marco de la política de pacificación impulsada por el gobierno nacional y que se conoce como ¨Paz Total¨.
Probablemente esto sea el resultado de una sumatoria de factores, en los que confluyen acciones sostenidas en el tiempo desde diferentes sectores de la sociedad de Medellín, las políticas de seguridad y lucha contra algunos delitos prioritarios, y sin duda, el aporte del control ilegal que realizan las estructuras de violencia sobre una buena parte del territorio de la ciudad, especialmente en las zonas más populosas.
Una de las principales características de Medellín es que a pesar de la violencia homicida tan intensa sostenida durante décadas, se ha mantenido y consolidado en la ciudad una amplia y diversa variedad de expresiones sociales, que van desde las organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, grupos deportivos y culturales, iglesias, medios de comunicación, academia y fundaciones empresariales que han desarrollado procesos de construcción de paz en lo territorial y que se han convertido en un baluarte fundamental para la defensa de la vida.
También la ciudad cuenta con un acumulado de varias décadas de acción institucional, de políticas públicas de seguridad y de experiencia de lucha contra el delito y la criminalidad. Esto, entre otras cosas, ha producido que no haya en la ciudad ni un solo rincón en el cual no haya presencia institucional, oferta social de la administración distrital, y también, que, sin ninguna duda, no existe ningún territorio vedado para la presencia de la fuerza pública.
Pero algo que nadie puede desconocer es que al tiempo, esta presencia integral de la institucionalidad, convive de manera simultánea y no antagónica, con un orden cotidiano instaurado por los grupos de delincuencia organizada, quienes en la práctica funcionan como un pseudo estado que regula la vida cotidiana de la población, gestiona recursos públicos, son fuente de empleo, y algo fundamental, inciden en la constitución de las relaciones de convivencia en los barrios. Para esto, desde hace algunos años, han desarrollado una forma de dominación en la cual el uso de la violencia homicida ha disminuido y se encuentra fuertemente regulado, prefiriendo apelar a otras formas de victimización para la regulación, como las amenazas y el desplazamiento intraurbano, y en algunos casos también, a la desaparición forzada.
Lo que hay en la ciudad entonces es un orden social de dos caras, en el que conviven simultáneamente sin mayores contradicciones, legalidad e ilegalidad, institucionalidad y criminalidad, y como resultado de una suerte de confluencia de intereses, hay un de los homicidios que todos buscan apropiarse y capitalizar. Puede que el resultado sea útil para algunos actores en la ciudad, pero es terrible que sea el producto de un orden que termina legitimando la criminalidad, debilita la institucionalidad pública democrática y condena a millones de personas a vivir bajo el arbitrio de grupos armados que cuando quieren, eliminan, lesionan, desaparecen o intimidan a cualquier persona que signifique un desafío a sus normas autoritarias.
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