Los desafíos institucionales ante la investigación a la Campaña de Gustavo Petro a la Presidencia 2022

Por: Oscar A. Chala Padilla y Diego Alejandro Pedraza

investigadores de la línea de Democracia y Gobernabilidad

En una mañana que sacudió el panorama político colombiano, el lunes 2 de septiembre se reveló una noticia que podría redefinir el curso de la presidencia de Gustavo Petro. La investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyó que la campaña "Petro Presidente 2022" habría superado los topes de gastos establecidos por más de 5,300 millones de pesos, una cifra que no solo es astronómica, sino que podría tener graves consecuencias legales y políticas.

Este hallazgo pone sobre la mesa una serie de interrogantes sobre la integridad del proceso electoral y el futuro del gobierno actual, al tiempo que reaviva debates sobre la efectividad de los mecanismos de control y rendición de cuentas en la política colombiana. ¿Cómo se llegó a este punto? ¿Qué papel jugarán las instituciones encargadas de investigar al presidente en funciones? Y quizás lo más importante, ¿está Colombia preparada para enfrentar una crisis institucional de esta magnitud?

Para entender las implicaciones de este caso sin precedentes, es necesario examinar la compleja red de actores e instituciones involucradas, comenzando por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Una arqueología de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes

Fuente: El Heraldo.

Reestructurada desde el juicio al entonces saliente gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla en 1957, la Comisión de Acusaciones de la Cámara está compuesta por 18 representantes a la Cámara, elegidos por el sistema de cociente electoral, que busca garantizar la mayor representatividad de los partidos políticos que conforman el Congreso. Para esta legislatura su presidencia la ocupa el representante liberal Leonardo Gallego, cercano al gobierno Petro, y su vicepresidencia Katherine Miranda, del Partido Alianza Verde, quien es independiente, pero ha sido crítica acérrima de la gestión del presidente Petro.

Las votaciones en la Comisión se llevan a cabo de manera similar a otras decisiones legislativas, donde los miembros votan sobre las denuncias o acusaciones presentadas. Las decisiones pueden ser tomadas en sesiones reservadas o públicas, dependiendo de la naturaleza del caso y las deliberaciones internas.

Para este período, la Comisión de Acusaciones que se encargará de un potencial proceso contra el presidente Petro está compuesto de la siguiente manera:

La bancada de gobierno tiene 9 congresistas de los 18 que componen la comisión, mientras que

la oposición tiene 4 representantes y los independientes tienen 5. Este desequilibrio ha llevado a que en el análisis se cuestione si la Comisión de Acusaciones tendría realmente la independencia y capacidad de poder llevar el juicio contra el presidente Petro.

Por otro lado, la Comisión solo ha tenido incidencia en un proceso desde que se refrendó la Constitución de 1991, relacionado con el proceso 8000, durante el gobierno de Ernesto Samper en 1994, que representó una crisis institucional sin precedentes en Colombia.

Las acusaciones de financiación del narcotráfico a la campaña presidencial polarizaron al Capitolio entre quienes buscaban condenar al presidente y quienes pretendían respaldarlo para preservar la estabilidad institucional. La Comisión de Acusaciones se vio en el centro de una tormenta política, con el país enfrentando la posibilidad de que el gobierno hubiera sido elegido con fondos del Cartel de Cali.

A pesar de la gravedad de las alegaciones, el gobierno de Samper logró resistir la crisis gracias al voto decisivo del congresista Heyner Mogollón, evitando un potencial colapso institucional. Aunque los detalles exactos permanecen inciertos, el caso dejó en evidencia la fragilidad de la Comisión de Acusaciones, cuyas decisiones podían fluctuar por los intereses políticos de los partidos políticos y cualquier tipo de negociación con los congresistas que pudiera voltear su voto.

Posterior a este proceso, la Comisión de Acusaciones se ha mantenido inactiva y pasiva frente a otros cuestionamientos y escándalos políticos que han enfrentado otros presidentes durante los últimos 25 años, especialmente frente a denuncias de corrupción contra Santos (caso Odebrecht), las acusaciones de patrocinio del paramilitarismo y los falsos positivos (Álvaro Uribe), los controvertidos resultados del fallido proceso de paz del Caguán (Andrés Pastrana), o las acusaciones de corrupción durante la pandemia y de abuso de fuerza durante las manifestaciones del paro nacional de 2019 y 2021 (Iván Duque).

Sin precedentes claros frente a la rendición de cuentas y los procesos de investigación contra altos funcionarios del Estado en funciones que entran en la jurisdicción de la Comisión, así como el cuestionamiento sobre la neutralidad de los congresistas que investigan y votan dentro de la Comisión, además de una tendencia a que las negociaciones políticas terminen influyendo en las decisiones que esta Comisión debe tomar, está claro que el rol que puede cumplir en caso dado de que el Consejo Nacional Electoral decida votar afirmativo a la ponencia contra la campaña Petro presidente 2022 va a ser, cuanto menos, complicado, especialmente en un escenario donde el gobierno denuncia que detrás de la acusación de los magistrados ponentes del CNE, existe un “golpe blando de Estado” o “lawfare”.

Álvaro Hernán Prada: el cuestionado ponente

Foto tomada de: Reporte Asociados

La historia pública de Álvaro Hernán Prada data de mucho tiempo atrás. Con una extensa trayectoria por diferentes cargos públicos y diversos intentos electorales que los han encumbrado hasta la posición que hoy ocupa en el Consejo Nacional Electoral. 

El Magistrado es una de las caras más visibles del “uribismo” a nivel nacional, un personaje clave desde 2014 para los intereses regionales de Uribe, puesto que fue Prada la primera persona que el expresidente puso a liderar la lista cerrada a la Cámara por el Huila del entonces naciente partido Centro Democrático. 

Prada aprovechó la venia de su “padre” político y capitalizó unos votos importantes que se sumaron a los caudales que traía por arraigo de su madre, Lucy Artunduaga y de su padrastro, Jorge Eduardo Gechem. El movimiento de Prada le valió para que, en 2018, cuando encabezó la lista abierta del uribismo para la cámara por el Huila, sacara una votación superior a los 40 mil votos que le garantizaron su reelección. 

En esos años, por petición expresa de Álvaro Uribe, Prada se hizo cargo de la campaña presidencial de Iván Duque en el Huila. Ahí logró acomodar un importante sector y Duque terminó ganando en el departamento por un amplio margen en las dos vueltas presidenciales. 

La voz de Prada se fortaleció al interior de las huestes del Centro Democrático, su injerencia en las decisiones de partido y su voz al interior de la bancada se robustecieron al punto de que fue nombrado como uno de los compromisarios que tuvo el Centro Democrático en los que fue el inicio del gobierno Duque. 

Los ecos del “caso Uribe”

El panorama para Prada comenzó a oscurecerse desde esa campaña de 2018, cuando en medio de las correrías por el departamento y por el país con su jefe, Álvaro Uribe, fue notificado el 22 de febrero de 2018 de que la Corte Suprema de Justicia abriría una indagación preliminar contra él y contra el expresidente Uribe por el delito de fraude procesal y soborno de testigos en medio del caso de Uribe contra el senador, Iván Cepeda. 

Prada siguió adelante con su campaña, logrando la reelección y logrando el triunfo de Duque en esa campaña de 2018. A un lado, el proceso, quieto y sin movimiento y quizás para él, con la tranquilidad de que nunca avanzaría por cobijar a la figura de Uribe. Sin embargo, el 24 de julio de 2018, cuatro días después de que se posesionara nuevamente como Representante a la Cámara, la Corte Suprema abrió investigación formal contra él y contra Álvaro Uribe por los delitos ya mencionados.

El 25 de abril es citado a indagatoria en medio de las acusaciones de que fue Prada quien habló con el paramilitar Carlos López, alias “Caliche” para convencer a Juan Guillermo Monsalve de retractarse de sus testimonios contra Álvaro Uribe y a su vez, denunciar a Iván Cepeda por supuesta manipulación.

A partir de ahí comienza una cascada de situaciones jurídicas que llevaron a Prada a renunciar a su curul en 2021 para defenderse ante la justicia.  Sorpresivamente Prada decidió enfrentar la campaña al senado de 2022, que terminó con una derrota estruendosa que parecía, sería el final de su carrera política. 

Sin embargo, en 2022 recibe el salvavidas de Uribe al ser nominado como el candidato del Centro Democrático al Consejo Nacional Electoral desde donde Prada ha ejercido y se ha mantenido en un ostracismo fuera de los focos públicos, hasta la ponencia contra la campaña “Petro presidente” que ha impulsado a lo largo de este año.

El país de los “intocables”

Fuente: El Espectador.

Las revelaciones del Reporte Coronell del 2 de septiembre terminaron por poner al país en una coyuntura bastante novedosa en su historia, en la que al mismo tiempo un expresidente y un presidente en funciones enfrentan procesos e investigaciones en su contra, lo que abre un escenario diferente dentro de una república presidencialista, en la que el poder del primer mandatario ha sido incuestionable en el ejercicio de sus funciones o en la que los expresidentes han estado presentes dentro de la vida política, pero no han sido juzgados por acciones cometidas en sus gobiernos.

Además, la situación es novedosa en comparación con algunos casos en Latinoamérica, donde muchos presidentes han sido juzgados y apartados del poder durante o después de su gobierno.

Es importante hablar, por ejemplo, del caso de Perú, que desde 2011 hasta 2022 ha tenido más de 7 presidentes, con dos crisis políticas profundas (2016-2020 y 2021-presente), en la que el Congreso tiene facultades constitucionales para censurar ministros del gabinete presidencial, ordenar la vacancia del presidente y legitimar iniciativas legislativas del ejecutivo a través de las llamadas cuestiones de confianza.

Con estas herramientas, el Congreso peruano destituyó a Castillo tras un intento del presidente por disolver el parlamento en diciembre de 2022, y lo ha llevado a juicio por presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias, abuso de autoridad y rebelión.

Mismo caso que en Brasil, donde el Congreso brasileño realizó un proceso de impeachment contra Dilma Rousseff, en diciembre de 2015, que inició posterior a que la entonces presidenta fuera acusada de presuntamente maquillar las cuentas públicas a través de una práctica conocida como "pedaladas fiscales", que implicaba el uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas del gobierno, algo prohibido por la ley de Responsabilidad Fiscal de Brasil.

Del mismo modo, hubo acusaciones de que Rousseff hizo parte presuntamente del caso Lava Jato y de la corrupción al interior de Petrobras, proceso por el que el hoy presidente Lula también fue salpicado.

Luego de un proceso abierto por el parlamento brasileño, en la que la Cámara de diputados votó en abril de 2016 y el senado tuvo una primera votación en mayo de ese mismo año para suspenderla por 180 días, en agosto de 2016 el Senado se decantó con una amplia mayoría por la destitución de la presidenta, que se hizo efectiva un día después de tomada la decisión.

Por otro lado, expresidentes como Rafael Correa y Lenin Moreno en Ecuador, Alberto Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski en Perú, Michel Temer en Brasil, Otto Pérez Molina en Guatemala, Jeanine Áñez en Bolivia y Juan Orlando Hernández en Honduras, han sido investigados, juzgados y condenados durante el ejercicio de sus funciones presidenciales o inmediatamente posterior a su salida del poder.