Los dos frentes con el ELN

Por: Germán Valencia

Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia

La última semana de marzo de 2025 se generaron dos hechos que describen muy bien la dinámica actual de la política de paz y seguridad del gobierno Petro con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Por un lado, se manifestó, por parte de dos de los comandantes del ELN, la postura de guerra total que esta organización tiene en el país con los diversos grupos armados —legales e ilegales, desde el Ejército Nacional hasta la “Banda la 33” como nombran ellos a las disidencias de las FARC—.

Por el otro, la publicación y firma del Decreto 0356 del 27 de marzo de 2025, donde se da a conocer el Acuerdo número 4 entre el frente disidente del ELN Comuneros del Sur para establecer el “Procedimiento de destrucción de material de guerra de Comuneros del Sur”. Lo que evidencia que está en marcha el proceso de desarme, desmovilización y reinserción (DDR) de esta agrupación y con ello en firme el primer acuerdo final de paz del gobierno de la Paz Total.

Este contraste entre la manifestación de “guerra total” del Comando Central (COCE) y “paz total” de una fracción disidente pone en evidencia los dos frentes de actuación que tendrá el Gobierno Nacional con la agrupación subversiva más vieja del continente. En los próximos años el país se verá abocado a lidiar —positiva y negativamente— con las dos dinámicas de guerra y paz que mantiene con el ELN.

Las dinámicas de guerra las conocemos todos en la actualidad. Esta comenzó a configurarse de manera definitiva desde mediados de enero de 2025, cuando el Frente de Guerra Nororiental del ELN decidió emprender un proceso de exterminio del Frente 33 de las disidencias de las FARC en la región del Catatumbo. Una situación que ha dejado, por lo menos, varias docenas de muertos y millares de víctimas de la sociedad desplazadas y confinadas.

Una dinámica que se ha extendido a los departamentos del Chocó, Antioquia y Bolívar, por no nombrar a todas las regiones donde tiene presencia esta guerrilla. En el Chocó el ELN se enfrenta al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo y a la misma disidencia de las FARC. Y en el sur de Bolívar y el bajo Cauca antioqueño se enfrenta de manera reiterada con el EGC, por el control territorial y las rentas ilegales que dejan los yacimientos de oro.

Una situación de guerra contra varios ejércitos —legales e ilegales— que quedó confirmada la última semana de marzo de 2025, cuando dos de los comandantes del ELN —Luz Amanda Pallares, alias “Silvana Guerrero”, y alias “Ricardo”, que dirigen el Frente de Guerra Nororiental— afirmaron que la política de paz del Gobierno fracasó y que su postura, en el resto de mandato Petro, será de guerra: “la Paz Total es un fracaso total, y la paz total se convirtió en guerra total”.

En oposición a esta afirmación de la dirigencia del ELN, el 27 de marzo el Ministerio de Defensa Nacional dio a conocer el Decreto 0356 donde, en ocho artículos, se describe y reglamenta la fase del desarrollo e implementación del Acuerdo número 4 y del Protocolo III de “Destrucción de Material de Guerra de Comuneros del Sur”. Con el que se avanza en el proceso de DDR con el Grupo Armado al Margen de la Ley (GAML).

Allí se deja claro que la política de Paz Total está entregando los primeros frutos —o al menos los que desea la mayoría de la población—, que es la dejación de armas por parte de una agrupación ilegal armada. En el Decreto aparecen explícitas las responsabilidades en el procedimiento para la recepción, registro, control y destrucción del material de guerra de la organización armada, por parte del Gobierno Nacional.

El proceso de DDR inicia con la recepción, registro, control y destrucción de todo el armamento —municiones y material bélico— por parte de la Fuerza Pública, en cabeza del Ministerio de Defensa. La idea es que este proceso se lleve a cabo una vez el grupo esté concentrado en zonas territoriales, especialmente en el municipio de Samaniego. Y durará tres meses (Artículo 2 del Decreto).

Una primera fase que estará acompañada por el componente internacional —a cargo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (Mapp-OEA)— y el componente nacional —liderado por la Procuraduría General de la Nación— (Artículo 3 del Decreto). Quienes se encargarán de verificar que se dé la completa recolección y destrucción del material bélico. Lo que constituye una medida de construcción de confianza entre las partes y una garantía para la población civil.

Finalmente, se tiene programado que a partir del 27 de junio, al finalizar esta primera fase, se entregará a la Presidencia de la República un informe de las “acciones adelantadas, los resultados obtenidos y las contingencias presentadas en la ejecución del procedimiento”. Fase a la que le seguirá una segunda de tránsito a la legalidad de los miembros de la organización armada.

Esta será una segunda etapa donde se logre la desmovilización y reinserción de los acogidos a la paz. Allí se discutirán asuntos de justicia transicional, se ratificará el compromiso de los desmovilizados de apoyar a la Fuerza Pública en unos planes de desminado humanitario en la región donde tenían presencia, y se hará un trabajo integral contra minas antipersonal, que ya se viene ejecutando en el territorio.

A la par de este proceso de DDR se ejecutarán acciones que permitan  el retorno de pobladores desplazados por la guerra, la atención a niños y niñas que hayan estado en condición de reclutamiento en el frente disidente del ELN; al igual que se abordará el tema del tratamiento de casos de desaparecidos locales. Para el grupo reinsertado y para el Gobierno será muy importante en la fase de posconflicto el fortalecimiento de las autoridades étnicas y comunitarias de la zona.

La decisión de tomar este otro camino que dirige a la construcción de paz y que inicia con pie firme con la ejecución del proceso de DDR, la tomó Comuneros del Sur en septiembre de 2024, cuando anunció, desde la Mesa de Co-Construcción de Paz Territorial, que se procedería con la dejación de armas en los próximos meses; lo cual comenzó a ocurrir desde el 8 de febrero de 2025 y se pone en firme al final de marzo.

En esta lógica el país se enfrenta en el primer semestre de 2025 a dos situaciones muy distintas con el ELN. A un frente de guerra total, liderado por el Frente Nororiental, quien ha manifestado su intención de profundizar el conflicto armado interno y alejarse de una posibilidad de paz durante el gobierno de Gustavo Petro. 

Y otra de Paz Total, en la que está involucrada inicialmente la disidencia del ELN Comuneros del Sur. Y que con el Decreto 0356 del 27 de marzo de 2025 se deja en firme la continuidad del proceso de dejación de armas, de uno de los grupos armados con los que el gobierno Petro ha entablado diálogos de paz.

* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.