Los ecosistemas colombianos: víctimas invisibles del conflicto armado y el reto de la justicia ambiental

Por: Katerin Erazo, Periodista

La historia de Colombia ha estado marcada por décadas de conflicto armado que no solo han afectado a su población, sino también al territorio y a los ecosistemas que sostienen la biodiversidad del país. En los últimos años, el impacto ambiental de las actividades de grupos armados ha llegado a niveles críticos: bosques enteros arrasados, especies al borde de la extinción, ríos contaminados y suelo deteriorado de manera irreversible. Con retroexcavadoras, motosierras, dragas y explosivos, estas organizaciones han dejado cicatrices profundas en la naturaleza, que exigen respuestas contundentes y urgentes.

En la actualidad, algunos de los grupos que han causado los mayores estragos ambientales, guerrillas, disidencias y estructuras criminales, se encuentran en procesos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro. Este contexto abre una oportunidad histórica para no solo avanzar hacia una paz duradera, sino también para enfrentar la deuda ambiental que el conflicto ha dejado. Sin embargo, surge una pregunta clave: ¿cómo se hará justicia a la naturaleza, que también ha sido víctima de esta guerra prolongada?

Nashry Zahgui Ibn, Coordinador de la Línea de Transición Energética y Paz de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), enfatiza la importancia de reconocer el territorio como víctima, lo cual lo convierte en sujeto de reparación. Según él, esto implica garantizar su protección frente a actividades como la explotación, la defaunación y la contaminación.

Además, Zahgui Ibn subraya que la justicia ambiental debe ser equitativa, no solo en cuanto a grupos, sino también hacia las empresas, de modo que las cargas ambientales sobre los ecosistemas no se intensifiquen en respuesta a situaciones conflictivas. Como estrategia, el pago por servicios ambientales, bien administrado, se presenta como una alternativa efectiva para alcanzar estos objetivos.

La reciente Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad, COP16, celebrada en Cali bajo el lema “Paz con la naturaleza”, puso sobre la mesa la necesidad de incluir el tema ambiental como una prioridad en las negociaciones de paz.

Este evento resaltó el imperativo de que las mesas de diálogo no solo aborden temas de seguridad y reconciliación social, sino también establezcan mecanismos de rendición de cuentas para los daños causados a los ecosistemas. Es una oportunidad única para Colombia de convertir los procesos de paz en un modelo de “justicia ambiental restaurativa”, que podría ser una referencia mundial en términos de justicia ecológica en contextos de conflicto armado.

Un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló la magnitud de los crímenes ambientales cometidos durante el proceso de “Paz Total” del actual Gobierno. Desde agosto de 2022 hasta septiembre de 2024, se documentaron 233 incidentes graves de daño ambiental, lo que significa que cada tres días se registró una afectación significativa a la naturaleza. Estos crímenes incluyen la deforestación, la minería ilegal y el vertido de residuos tóxicos en ríos y suelos, actividades que comprometen la sostenibilidad de los ecosistemas y la calidad de vida de las comunidades locales.

Esta cifra, sin embargo, solo representa un segmento del daño histórico; en las últimas dos décadas, se han perdido más de cuatro millones de hectáreas de bosque debido a actividades ilegales, principalmente en zonas bajo control armado.

El daño ambiental se extiende también a la contaminación por petróleo en áreas de alta biodiversidad. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), con más de 1,600 atentados contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas en los últimos 40 años, ha vertido cerca de seis millones de barriles de petróleo en ríos, selvas y zonas protegidas. Este tipo de crímenes tiene efectos devastadores para las especies de flora y fauna y agrava la ya crítica situación de la Amazonía y otras áreas de biodiversidad.

En cuanto a las negociaciones en curso, tres de los nueve procesos de diálogo incluyen la cuestión ambiental en sus agendas. Por ejemplo, en las mesas con el ELN, el frente Comuneros del Sur y la disidencia de Calarcá Córdoba, se han discutido algunos acuerdos preliminares para la protección de los recursos naturales y la promoción de prácticas de conservación en territorios donde operan estos grupos.

En la mesa con el ELN, se ha planteado la necesidad de políticas de ordenamiento ambiental y territorial, con el propósito de “restaurar la Madre Tierra”. Asimismo, los diálogos con la disidencia de Calarcá Córdoba han incluido acuerdos para la creación de Zonas de Reserva Campesina, la protección de humedales y planes de reforestación.

A pesar de estos avances, los expertos señalan que el reto de implementar una justicia ambiental en el contexto colombiano es enorme. Nashry Zahgui Ibn, Coordinador de la Línea de Transición Energética y Paz de la Fundación Pares, destaca la necesidad de que los acuerdos sobre justicia ambiental se revisen y sean integrados por las autoridades locales, especialmente las corporaciones ambientales. Señala que estas estrategias deben contar con presupuestos adecuados y fortalecer las áreas de reserva, incluyendo las campesinas y de restauración.

Asimismo, Zahgui Ibn subraya la importancia de poner al territorio en el centro como sujeto de derechos y eje de gobernanza. En su visión, es fundamental que todos los actores trabajen conjuntamente para construir modelos de desarrollo con un enfoque ambiental, priorizando el bienestar del territorio en cada iniciativa.

Además, el enfoque de justicia ambiental debe enfrentar las dificultades que implica la aceptación de responsabilidades por parte de los grupos armados. Estos actores suelen financiarse a través de economías ilegales, como la minería y la tala, y aceptar sus crímenes ambientales implicaría poner en riesgo una de sus fuentes de ingresos más importantes.

La justicia ambiental cobra especial relevancia en un contexto donde Colombia continúa siendo uno de los países más peligrosos para quienes defienden los derechos ambientales y sociales. Un informe presentado por la Fundación Pares en la COP16, titulado “Situación de violencia contra liderazgos ambientales en Colombia”, señala que los líderes ambientales enfrentan múltiples formas de victimización: amenazas, atentados, intimidación a sus familiares, desplazamientos forzados y secuestros. Ver: (Situación de violencia contra liderazgos ambientales en Colombia)

Estas agresiones, que inicialmente buscan infundir miedo para frenar el activismo, pueden evolucionar hacia la violencia homicida cuando los atacantes no logran silenciar sus voces de otra manera.

Datos del Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA) y de la ONG Global Witness revelan que, entre 2018 y agosto de 2024, se registraron 361 asesinatos de líderes ambientales en el país. Estos homicidios se distribuyeron de la siguiente manera: 27 en 2018, 65 en 2019, 66 en 2020, 40 en 2021, 62 en 2022 y 81 en 2023, el año más violento para estos defensores. En los primeros ocho meses de 2024, se observó una reducción significativa, con 20 homicidios reportados, en contraste con los 54 casos ocurridos en el mismo periodo de 2023.

Entre los años de gobierno de Iván Duque y los primeros dos años del mandato de Gustavo Petro, el 53% de estos asesinatos (192 casos) se concentraron en Cauca, Nariño y Antioquia, siendo Cauca el departamento más afectado, con un tercio del total (114 casos).

Estos territorios enfrentan una fuerte presión de economías ilícitas y grupos armados que surgieron o persistieron tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016 con las FARC-EP. Según la Fundación Paz & Reconciliación, en estas regiones operan actores como el Estado Mayor Central, el ELN, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y las Autodefensas Unidas de Nariño, entre otros.

Además, el 37% de los líderes ambientales asesinados entre 2018 y 2024 pertenecían a comunidades indígenas, un grupo especialmente vulnerable. En Cauca y Nariño, donde se concentra el 57% de estos homicidios (89 casos), los etnoterritorios han sido particularmente afectados debido a su rol en la defensa de los recursos naturales y culturales, exponiendo a sus líderes a altos niveles de violencia.

Ante este panorama, el gobierno de Petro enfrenta la tarea de consolidar una política de paz que incluya mecanismos de justicia ambiental eficaces. La adopción de un modelo de justicia transicional para los crímenes ambientales, similar al de la JEP, podría ser un primer paso para que la naturaleza, como víctima del conflicto, encuentre un camino hacia la reparación.

Este enfoque, basado en el reconocimiento de los ecosistemas como sujetos de derechos, debería priorizar el fortalecimiento de la gobernanza ambiental en los territorios y reducir la presencia de grupos armados en las áreas de mayor biodiversidad.

En última instancia, la paz en Colombia no podrá considerarse completa si no se logra una reconciliación con la naturaleza. Este compromiso implica reconocer que la biodiversidad y los ecosistemas del país han sido víctimas silenciosas del conflicto y que su restauración es fundamental para el bienestar y la sostenibilidad a largo plazo de las generaciones futuras.

La justicia ambiental es un tema fundamental, y en la Fundación Pares estamos comprometidos con la transición energética y la construcción de paz. Este año, lanzamos una nueva línea de trabajo enfocada en la Gobernanza para la Transición Energética y la Paz. En este marco, del 7 al 9 de noviembre, realizaremos en nuestra oficina de Santa Marta la Primera Cumbre sobre Transición Energética Justa, un espacio clave para avanzar en estos objetivos.