Por: Redacción Pares
La primera quincena de noviembre de 1985 en Colombia tuvo que haber sido la peor para un país en el siglo XX. El seis de noviembre un comando del M-19 entró al Palacio de Justicia. Durante 26 horas sometieron a los once miembros de la Corte Suprema de Justicia y los redujeron en un baño mientras el ejército, en su operación de retoma, decidió no establecer ninguna negociación. El resultado no pudo ser más lamentable: 111 muertos y una docena de desaparecidos. Mientras el país se recuperaba de esto sucedió la peor tragedia natural que se recuerde. La avalancha del volcán Nevado del Ruiz terminó acabando con 22 mil vidas, la gran mayoría de las personas que vivían en Armero.
Esto fue la crónica de una tragedia anunciada. Ramón Rodríguez, entonces alcalde de Armero, empezó a alertar al gobierno central de que hiciera algo para trasladar a los armeritas del lugar donde estaban. Los estudios eran contundentes. El nivel de deshielo que presentaba el nevado era alto. Podría generar una avalancha en cualquier momento. Uno de los rios que estarían afectado con la inundación sería el Lagunillas.
Un día antes de que ocurriera la tragedia el alcalde intentó en vano realizar una evacuación por los propios medios. Entre otros funcionarios a los que recurrió el alcalde Armero estaba el ministro de minas de Belisario Betancur, Iván Duque Escobar. El ya tenía en carpeta investigaciones de vulcanólogos y científicos que tenían la certeza de que, si no se hacía algo, Armero desaparecería.
Un ex representante a la cámara por Caldas, Hernando Arango Montenegro, también le advirtió sobre estos riesgos al ministro de minas y esta fue la respuesta que el propio Arango recuerda: El ministro Duque Escobar me dijo simple y llanamente que yo era ‘apocalíptico’ y ‘dramático’ por decir que podía ocurrir una tragedia. Posteriormente, días antes de la avalancha, yo tuve oportunidad de solicitarle al ministro que pusiera unas alarmas, él me contestó que eran exageradamente costosas porque valían alrededor de US$ 2.000. Yo le sugerí que vendiera algunos de los automóviles del ministerio, pero lo tomó como un buen chiste o un llamado de atención que le estaba haciendo, y las cosas no fueron atendidas hasta que se produjo la catástrofe“.
La última vez que se supo del alcalde de Armero fue a través de su hermana. Lo llamó a las 10 de la noche porque ya la irupción del volcán era inminente. La hermana del alcalde se llamaba María Lorenza Escobar y recuerda que su hermano le dio parte de tranquilidad, que todo estaba bien y que ya estaba evacuando a los ciudadanos en el parque, la idea era resguardarlos en Guayabal. Pero no alcanzaron a hacer nada.
Fue una transimisión en directo, hecha por un hombre que piloteaba una avioneta, quien avisó a Caracol Radio que, mientras sobrevolaba Armero, se había dado cuenta que el pueblo estaba borrado. ¿A donde se había ido? El pueblo, conocido como La ciudad blanca, ya estaba sepultada por las toneladas de barro que bajaron desde el nevado. El saldo no pudo ser peor: 22 mil personas muertas. Además de la falta de previsión del gobierno de Belisario Betancur, las horas posteriores a la avalancha empeoraron aún más la situación. El caso más representativo fue el de la niña Omayra Sánchez quien duró más de 24 horas agonizando esperando que apareciera una motobomba para drenar el agua y rescatarla. El otro caso aberrante fue el de los niños perdidos de Armero, quienes fueron sacados del país, ofrecidos por el ICBF a extranjeros que los adoptaron sin tener en cuenta los familiares que habían sobrevivido.
Treinta y nueve años se cumple una tragedia cuya causa fue mucho más que una tragedia natural: fue por culpa de la ineptitud de funcionarios como el padre de Iván Duque que no se pudo hacer nada para proteger a los armeritas. Armero sigue doliendo.