Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
¡Por fin se hizo realidad! A partir del primero de julio de 2023 –o un poco después– el país contará con un impuesto a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados. Así lo determinó el Congreso de la República la primera semana de noviembre de 2022. Esta es una iniciativa incorporada y defendida por el gobierno Petro en su reforma tributaria.
Este impuesto había sido apoyado, desde hace varios años, por múltiples actores internacionales –como la Organización Panamericana de la Salud (OPS)–, nacionales –como el Ministerio de Salud y Protección Social– y de la sociedad civil –como Red Papaz y diversos grupos de académicos–.
A pesar de ello, este tributo no había logrado ser introducido en Colombia. Las críticas y presiones de los grupos económicos –los dueños de las grandes empresas de gaseosas o productos empaquetados–, de algunos partidos políticos –como el Centro Democrático– y de varios medios de comunicación –de los que son dueños los conglomerados económicos– hicieron que hasta apenas este año se aprobara.
La decisión fue de poner un impuesto a la primera venta del producto, ya sea producida en el país o importada. Se cobrará aquellas bebidas azucaradas que contengan más de 6 gramos de azúcar por cada 100 mililitros; y a los ultraprocesados que tenga más de 300 miligramos de sodio por cada 100 gramos, o en el que el 10% o más de sus calorías provienen de azúcares libres o grasas saturadas.
Aunque este impuesto tiene varios efectos, entre ellos, el de recaudar impuestos –cerca de un billón de pesos, según proyecciones del Gobierno– y el de desestimular el consumo de ciertos bienes, lo que prima, según el Gobierno, es el segundo factor. El presidente Petro insistió que, más que los ingresos que se podrán recibir de estos productos, lo más importantes será reducir las externalidades negativas que tienen estos dañinos productos en la salud de las personas.
Los productos ultraprocesados –como embutidos, snacks y dulces– y las bebidas azucaradas –como las achocolatadas, gaseosas, maltas y cremas de queso– lo que hacen es afectar la salud de toda la población que los consume, en especial, la de los niños, niñas y adolescentes, además de las personas con cáncer y diabetes, y las que están en alto riesgo con enfermedades cardiovasculares y respiratorias.
El objetivo del Gobierno es desincentivar el consumo de estos alimentos, que en lugar de aportar a la nutrición y el desarrollo físico, lo que hacen es afectar la salud debido a los altos contenidos de azúcar, grasas y sodios. Para el Ministerio de Salud es claro que el consumo de estos bienes, en lugar de generar bienestar personal y social, lo que hacen es causar daños en la salud pública.
Y lo peor, el ingreso de las empresas no se ve reflejado en el sistema que daña. Lo que pretende el impuesto es que estos dineros se usen para subsidiar la atención médica y la carga sanitaria que debe asumir el sistema de salud y que no asumen, hasta el momento, las empresas productoras de estos bienes (o males).
Con esta decisión, el país está dando un paso adelante en el cumplimiento de las recomendaciones que hicieron los Nobel de Economía de 2017, Cass Sunstein y Richard Thaler, sobre la necesidad que tiene la sociedad de que los líderes edificadores sociales –en este caso, los dirigentes políticos que toman decisiones– le den un pequeño empujón a las personas que lo requieren.
Los pequeños empujones representan impulsos para que los consumidores tomen mejores decisiones en salud. Sabemos que los alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas son dañinos y producen enfermedades; y que estos son consumidos por los niños, niñas, adolescentes. Pero, al mismo tiempo, sabemos que estas personas adictas, si no hacemos nada, seguirán consumiendo estos productos.
De allí que sea necesario el pequeño empujón. Poner en la espalda del consumidor la mano amiga del Estado, o si se quiere, darle un pequeño golpe en la mano al que desea algo que le hace daño pero no se resiste. En este caso, en lugar de la palmada o el regaño, lo que se le da es una señal de mercado, poniéndole un precio más alto a los mecatos para que piense mejor antes de consumirlo.
La idea es que el padre de familia o el consumidor reciba una señal del Estado y del mercado y compare los productos en términos de aportes a la calidad. El incremento en el precio, vía impuestos, busca igualar precios para que, finalmente, el comprador decida que es mejor para la salud de sus hijos y personas a cargo.
En términos sociales, en los próximos años, estaremos ante un experimento colectivo, donde se le mostrará a la sociedad lo importante que resulta para su bienestar tener al frente tomadores de decisiones que, en lugar de pensar en su bolsillo o el de los grupos de presión que los respaldan, están interesados en el bienestar de la población que dirigen.
El Gobierno Petro se está comportando como un edificador, como un arquitecto de las decisiones. Le está mostrando a la comunidad internacional su compromiso con la economía de la vida. Como a través de pequeñas decisiones de gobierno, se pueden generar grandes cambios en el contexto social. En breve, está logado dar un golpe de opinión favorable al sistema de salud.
Lo más seguro es que en unos años veremos cómo este impuesto saludable, además de generar ingresos para atender los daños que causan algunas empresas y que no se habían comprometido a aportar a la atención de sus dañinas consecuencia, generó en la población colombiana un efecto beneficioso: aumentando “el consumo de alimentos sanos y disminuyendo los no saludables”, como lo muestran dicen Sunstein y Thaler en su obra Un pequeño empujón.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
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