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Otra de las grandes cacicas políticas dentro del ICBF en la región cordobesa es la excongresista Zulema Jatttin, investigada durante más de 10 años por parapolítica, quien desde Lorica puso recientemente su cuota dentro de la entidad. La actual dirección (encargada) de esta entidad la tiene Gladys Caraballo Hernández. Llegó en octubre de 2016, venía de ser la coordinadora del Bienestar Familiar Zonal 6 con sede en Lorica; la más importante sede de la entidad en el departamento después de la de Montería, pues está encargada también de San Antero, Moñitos, San Bernardo del Viento, Momil y Purísima.
La cercanía de Zulema con el sector de la atención a la niñez también le ha permitido favorecer a contratistas de su cuerda política en el Programa de Alimentación Escolar PAE, según fuentes consultadas por la Fundación Paz & Reconciliación en la región, se trata de Zunilda Ávila Fuentes, contratista que obtuvo la administración del PAE del año 2016 por aproximadamente 20.000 millones de pesos y a quien el gobernador Edwin Besaile (hermano del senador Musa Besaile) le entregó recientemente otros 21.000 millones de pesos para la administración del mismo en 2017.
A mediados de 2016 el PAE se encontró en el ojo del huracán de los órganos de control por el carrusel de fundaciones que accedieron de forma irregular a la administración de estos recursos en 49 municipios de la costa Caribe. El modus operandi consistía en crear fundaciones y consorcios que cambian de razón social para ganar en diferentes licitaciones. Las dueñas del monopolio en la costa eran Leda Guerrero, Adiela Álvarez y Katia Rosado. Zunilda Ávila, se supo congraciar durante las administraciones del Clan Jattin en Lorica para obtener contratos mediante fundaciones junto con su hermano, Manuel Apolinar Ávila Fuentes, y ahora han llegado a relacionarse con políticos de la talla departamental y nacional, como el gobernador Edwin Besaile y el representante José Tous, con quienes aparecen en fotos y eventos públicos.
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El gobernador de Córdoba Edwin Besaile, almorzando en compañía del secretario de Educación, Abel Guzmán Lacherme, y la representante legal del consorcio Nutricor, Zunilda Ávila Fuentes. Fuente electrónica: El Meridiano.
Al igual que Leda Guerrero, Zunilda y su hermano, con sus fundaciones, han acaparado los contratos de alimentación escolar de la Secretaría de Educación de Córdoba, de los CDI del ICBF y del programa del representante José Tous: “Cero a Siempre”.
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Los hermanos Ávila recibieron impulso político de los conservadores desde 2009; sin embargo, desde hace varios años su cercanía con los dirigentes Manuel ‘Mane’ Otero, constructor de vivienda de interés social con denuncias por incumplimientos y presuntos señalamientos con paramilitares; el exgobernador Alejandro Lyons Muskus y la exsenadora Jattin, le han favorecido para consolidarse como la nueva Leda Guerrero del PAE.
Los investigadores y periodistas cordobeses Oswaldo Marchena y Mauricio Castilla habían denunciado a mitad del año 2016 cómo se repartían los contratos en Chinú desde 2013 Zunilda Ávila y Manuel Ávila, bajo la administración del exalcalde Orlando Medina Marsiglia. El valor total de los contratos suscritos durante la administración de Orlando Marsiglia (2013-2015) con la que fueron favorecidos alcanza la suma de 3.000 millones, junto a un contrato entregado por Fonade para ejecutarse en Montería.
La Fundación Mi Alegre Infancia, representada legalmente por Zunilda Ávila, ejecutó contratos con objetos tan disímiles en Chinú, como de carácter educativo, celebración de eventos especiales, atención al adulto mayor y a niños especiales durante la administración del exalcalde Medina. Cabe resaltar que su hermano Manuel Ávila Fuentes, representante legal de la Fundación Villa Soñada, operó el Programa de Alimentación Escolar en dicho municipio durante los 3 años de gobierno.
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El 3 de julio de 2014, se firmó el contrato 074-2014 con la Fundación Crecimiento y Desarrollo Social, representada legalmente por Lira Guevara Mendivil, por valor de 75 millones de pesos, para la “Elaboración del Diagnóstico y Caracterización Socioeconómica para el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores”, para ejecutarlo en 2 meses. Paralelo a este contrato, el 27 de agosto del mismo año se firmó el contrato número 088-2014, con la Fundación Mi Alegre Infancia, por valor de 444.473.656 pesos con un objeto similar: la “Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para desarrollar el programa de Atención Integral al adulto mayor y coordinar el funcionamiento del hogar geriátrico en el municipio de Chinú”. En menos de 50 días se adjudicaron dos contratos con objetos semejantes a dos contratistas distintos.
Vuelve y juega en 2016. Aquí la relación de contratos.
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En 2016 luego del escándalo de Leda Guerrero con el PAE, el ambiente fue el propicio para que los hermanos Ávila y sus fundaciones dieran el gran paso hacia las ligas departamentales. El 2 de mayo de 2016, luego que se llevara a cabo una licitación pública, se le otorgó el contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) al Consorcio Nutricor, representado por Zunilda Rosa Ávila Fuentes. Cabe destacar que, en la mayoría de los contratos que han obtenido a través de los años, los hermanos Ávila Fuentes se han presentado como los únicos oferentes para obtener la contratación.
Caso parecido sucedió en Lorica, con la alcaldesa Nancy la ‘Chofy‘ Jattin (prima de Zulema Jattin) para el periodo 2016-2019. A la Fundación Villa Soñada, representada legalmente por Manuel Apolinar Ávila Fuentes, mediante el Convenio Interinstitucional de Asociación, Cooperación, y Aportes celebrado entre la Alcaldía y la Fundación Villa Soñada, por un valor de 4.452.437.760 pesos, le entregaron la administración municipal del PAE .
Por otro lado, Zunilda Ávila es además la representante legal del Gimnasio Moderno del Sinú y Gimnasio mi Alegre Infancia con sede en Montería .
La jugosa contratación de Zunilda en 2017
El 3 de febrero de 2017 Zunilda Ávila llegó con toda la maquinaria aceitada para seguir definiendo las riendas de la alimentación y los adultos mayores en la región. Mediante el Consorcio Alimento Caribe, recibió otro multimillonario contrato por aproximadamente 21.000 millones de pesos, como consta en el SECOP (https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-1-167093) para el suministro de complemento alimentario modalidad ración servida, para estudiantes de las instituciones educativas oficiales del departamento de Córdoba. La Fundación Villa Soñada tiene una importante participación en este consorcio, manejado por los hermanos Ávila Fuentes. Es por esta razón que los hermanos Ávila son actualmente considerados los zares de la alimentación en el departamento.
Así pues, si la directora del ICBF, la señora Caraballo, es de la cuerda política de Zulema Jattin, y una de las grandes contratistas de la administración de recursos del ICBF es Zunilda Ávila, quien también se vio favorecida por contratos en Lorica, al igual que su hermano, se puede afirmar que Zulema es actualmente la baronesa del ICBF en Córdoba. Esto, en lo que se puede considerar como unas de las disputas por la entidad con los congresistas Bernardo ‘Ñoño‘ Elías y José Tous ante un escenario preelectoral para 2018.
Columna de opinión publicada en Semana.com
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