Por: Juan Camilo Rodríguez Guerra. Investigador Pares.
Diversas investigaciones permiten inferir que Colombia es el país más peligroso para líderes y lideresas sociales. Varios factores explican esta situación: la longevidad del conflicto armado es uno, pero también el hecho de que Colombia está históricamente entre los 10 países más desiguales del mundo. Así mismo la violencia se perpetúa por el racismo, el colonialismo y la ausencia de garantías de participación en el sistema político y democrático.
A pesar de las altas tasas de victimización hacia quienes se dedican a defender Derechos Humanos, son cada vez más las voces que se suman por el respeto a la vida, el territorio, la paz y la democracia. Evidencia de esto son las movilizaciones multitudinarias que han sacudido al país a partir de la firma del Acuerdo Final de Paz.
Las organizaciones sociales, entre ellas indígenas, campesinas, afro, de mujeres, de víctimas, entre otras, han agudizado sus acciones para la reivindicación de derechos. A la par que la seguridad se deteriora, el movimiento social no deja de crecer y fortalecerse.
Colombia está históricamente entre los 10 países más desiguales del mundo. Así mismo la violencia se perpetúa por el racismo, el colonialismo y la ausencia de garantías de participación en el sistema político y democrático. Imagen: Pares.
Desde Pares hemos contribuido a que ese fortalecimiento vaya de la mano con la construcción de estrategias que otorguen herramientas para la autoprotección, así como para prevenir escenarios de riesgo y exigir las garantías al Estado para el ejercicio de derechos.
La Minga Indígena, un referente nacional
Son diversas las experiencias de protección y autocuidado a nivel nacional que se han sistematizado como ejemplos paradigmáticos. En primer lugar, la Guardia Indígena del norte del Cauca, cuya historia es amplia y se remonta a la historia misma del CRIC. Las comunidades indígenas Nasa consolidaron una autoridad civil y ancestral que les permite hacer alertas tempranas así como responder a situaciones de emergencia y garantizar la acción colectiva y la articulación de demandas populares.
El Paro Nacional del 21 de octubre iniciará brotes de protesta en todo el país. En el Meta, así como en Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca, entre otros departamentos, ya hay movilizaciones por el derecho a la vida y a la paz. Imagen: Pares
Esto se evidenció en las últimas semanas, en las que el país presenció la movilización de la Minga Social desde el norte del Cauca hacia Cali y luego hacia Bogotá. Durante los trayectos la Guardia Indígena hizo rondas y observación permanente de la situación para asegurar a las más de 8.000 personas que se expresaron en las calles y carreteras.
Al mismo tiempo, la Guardia Indígena se comprometió a hacer de la movilización una expresión noviolenta y en Bogotá fue la única autoridad civil que garantizó la protesta. Tanto así que luego de mucho tiempo, fue la primera marcha a la que no acudió el ESMAD ni la Policía.
Más allá de sus labores, la Minga permitió ver la coordinación entre la Guardia Indígena y la Cimarrona, que en los últimos años se ha venido fortaleciendo para velar por la seguridad de los Consejos Comunitarios. En ese sentido, la construcción y mantenimiento de redes entre organizaciones populares para la autoprotección es un logro del movimiento social caucano y en el que se avanza, con matices, en todo el territorio nacional.
El Paro Nacional del 21 de octubre iniciará brotes de protesta en todo el país. En el Meta, así como en Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca, entre otros departamentos, ya hay movilizaciones por el derecho a la vida y a la paz. Es deber del gobierno reconocer que la radicalización de la democracia pasa por respetar las expresiones sociales y políticas contra la desigualdad, la violencia y el abandono.
Por tanto, debe desmontar su agenda de estigmatización y garantizar que se pueda protestar y que el gobierno escucha las razones por las que se protesta. De otro modo, Colombia no podrá avanzar en el respeto a la diferencia y se seguirá agudizando la brecha entre la sociedad y sus instituciones.
La violencia contra liderazgos sociales
A pesar de que en Colombia solamente el 4.4% de la población es indígena, investigaciones de Pares demuestran que estas comunidades son las segundas más victimizadas en todo el país. Más allá de un dato aislado, esto demuestra la sistematicidad de la violencia contra líderes indígenas y la situación especial de riesgo que viven estas personas por el hecho de reconocer su etnicidad.
Tipos de liderazgo más asesinados selectivamente desde la firma del Acuerdo Final. Fuente y elaboración: Sistema de Información Fundación Paz & Reconciliación – SIPARES.
La mayor cantidad de asesinatos contra líderes indígenas ha ocurrido en el departamento del Cauca, con por lo menos 35 casos y luego en Nariño, con 13. Estas victimizaciones se dirigen especialmente en contra de quienes ejercen labores de autoridad ancestral.
En los resguardos indígenas el ejercicio del derecho a la autonomía es irrespetado por las estructuras armadas y, en algunos casos, incluso por la Fuerza Pública. Y se evidencia que, similar a otros territorios, las victimizaciones aumentan en contextos donde las estructuras armadas están en confrontaciones por el control de zonas o de economías ilegales.
El liderazgo más victimizado es el comunal, es decir, el de aquellas personas que ejercen como presidentes o integrantes de una Junta de Acción Comunal. Las JAC son una organización social, cívica y comunitaria cuyo propósito es solucionar los problemas que se presentan en la comunidad. Al tener personería jurídica y patrimonio propio, son un organismo con la capacidad de resolver conflictos de formas alternativas y comunitarias.
La mayor cantidad de asesinatos contra líderes indígenas ha ocurrido en el departamento del Cauca, con por lo menos 35 casos y luego en Nariño, con 13. Estas victimizaciones se dirigen especialmente en contra de quienes ejercen labores de autoridad ancestral. Imagen: Pares.
Su función hace que, en contextos con altas tasas de violencia, los grupos armados se dirijan en contra de sus integrantes. El departamento donde más se les victimiza es Antioquia, luego Norte de Santander y Putumayo.
En esta gráfica se evidencia que la violencia contra líderes comunales está presente en la mayoría de departamentos de Colombia, pero se agudiza en zonas con presencia histórica de grupos armados o de economías ilegales ligadas a estos.
Departamentos con más asesinatos selectivos a líderes comunales. Fuente y elaboración: Sistema de Información Fundación Paz & Reconciliación – SIPARES.
A pesar de la violencia, la lucha por la garantía de derechos y por la ampliación de la democracia y del sistema político no tiene retroceso. En ese sentido, el Estado debe proteger a sus ciudadanos y estar a la altura de las transformaciones que el posconflicto y en general, el mundo están propiciando.
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