Por: Laura Bonilla
No hay nada más doloroso en este oficio que advertir que algo va a pasar, hasta que ocurre. Y lidiar con la sensación de que no se hizo lo suficiente. Que faltó fuerza, comunicación. Siempre falta algo. La semana pasada publicamos en el portal de Pares las amenazas al director de la Cárcel Modelo. Era imposible que las autoridades competentes no se hubieran enterado de lo que estaba sucediendo. Pese a que se decretó emergencia carcelaria en febrero de este año y se intentan hacer avances para recuperar el control de las cárceles, resulta absurdo que no se mueva un dedo para proteger a quienes están en la primera línea, lidiando día a día con la realidad.
Sobre el INPEC se especula mucho. Entre otras cosas, se asegura que está indefectiblemente condenado a ser un ente corrupto, capturado por las mafias del crimen organizado y a juicio de muchos —entre otros algunos “bukelistas”— que mejor valdría acabar para ceder la administración penitenciaria a privados.
Administrar un sistema carcelario no es cualquier cosa. No es como en las películas, donde la corrupción siempre se trata de unas pocas manzanas podridas. Implica saber que se está tratando con redes mafiosas que, así como están adentro, están afuera; tienen vasos comunicantes que a veces no es posible eliminar. Por ejemplo, en algunas cárceles del país es conocido que quienes administran la comunicación de los criminales más reputados son sus propios abogados. Algunas incluso manejan negocios con una “moneda” más sofisticada, como las rutas, que no son otra cosa que libretas de contactos, todos puestos en la nómina de la red criminal y que garantizan que cualquier cosa o persona se mueva a sus anchas dentro y fuera de Colombia.
Mientras tanto, el funcionario de a pie del INPEC y todo el que participa del lado de la legalidad en el sistema carcelario tienen la tarea de hacerle frente a eso, con las uñas en muchos casos. Porque, además del reto de hacer frente a las cárceles, como cualquier entidad pública, tienen que usar su nómina y su presupuesto para pagar favores políticos. Después de eso, los guardianes tienen pésimos sueldos, turnos agotadores y un muy precario sistema de protección. Es un David contra Goliat, pero con un David que en vez de piedras tiene bolitas de algodón.
En Pares, desde 2021, encontramos 17 gravísimos hechos de seguridad relacionados con los funcionarios del INPEC. La semana pasada publicamos una investigación sobre cómo los llamados “peloteros” ingresan todo tipo de mercancía en la Cárcel de Palogordo, en Bucaramanga. En febrero de 2024, el ministro de Justicia decretó emergencia carcelaria después del asesinato de dos dragoneantes en la cárcel de Cartagena. Hay 230 funcionarios del INPEC asesinados. Según la propia entidad, en los últimos cinco años, entre 70 y 80 servidores han sido asesinados en cumplimiento de su deber. Pero ni siquiera los datos están claros. Lo que hay, cuando uno se asoma, es una profunda oscuridad.
Es verdad que la prevención es algo que no se nos da bien a los colombianos. No actuamos hasta que algo realmente grave sucede, e incluso en ese momento preferimos tomar medidas temporales que no impliquen afectar demasiado el statu quo. No es únicamente en relación con los guardianes del INPEC que esto sucede. Por ejemplo, el decreto 660 para la protección colectiva está aprobado desde 2018 y su implementación da vergüenza. Hasta este año se ha logrado identificar las organizaciones que se protegerán, seis años y muchas muertes después. Ni hablar ahora que el EMC ha declarado objetivo militar al Consejo Regional Indígena del Cauca, o de las múltiples amenazas a líderes sociales que se quedan en un cajón en la Fiscalía. Pasa exactamente lo mismo, y en el mejor de los casos la respuesta estatal es un plan.
Mientras el Estado anda a su ritmo, la criminalidad organizada va al suyo. Se adapta rápidamente a cualquier esfuerzo público. ¿No valdría la pena, entonces, tomar medidas racionales como incrementar los incentivos positivos para los funcionarios del INPEC, como mejores salarios, transporte seguro, seguros de vida para ellos y sus familias, formación en autoprotección y todo aquello que puede hacer contrapeso a la oferta criminal? Si es mucho pedir, por lo menos valdría la pena que de forma urgente le pongan seguridad al director de la cárcel Palogordo, en Bucaramanga, que también está amenazado de muerte.