Por: Luis Eduardo Celis
Este lunes 13 de febrero inicia en México el segundo ciclo de diálogos y negociaciones entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN. Será un encuentro de transcendental importancia para el proceso que se inicia, pues es la proa del barco de la política de Paz Total, algo todavía en fase de montaje, en medio de una diversidad de procesos de tramitación de las violencias organizadas que persisten, y siendo el ELN la última de las organizaciones de nuestro viejo alzamiento armado de los años 60.
Las partes llegan al ciclo de México luego de sortear una crisis por las interpretaciones que suscitó el cese bilateral erróneamente anunciado por el presidente, en un tuit suyo del 31 de diciembre y desmentido por el ELN. Este impasse ya fue superado hace tres semanas en una reunión extraordinaria en Caracas y las dos partes continúan con el reto de avanzar.
Son cuatro los aspectos que se van a tratar en este ciclo en México, que puede durar entre 21 días y un mes de trabajo.
La agenda
En el ciclo de Caracas, que se llevó a cabo entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre de 2022, Gobierno y ELN abordaron la agenda firmada por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y el ELN, el 30 de marzo de 2016. Esta agenda tiene la lógica de ser pensada y diseñada para un proceso de participación que lleve a concertar unas transformaciones como sustento de una visión compartida de la paz.
Una agenda que comparten el gobierno Petro y el ELN, pues ambas partes tienen plena identidad sobre la participación ciudadana y la pluralidad social para avanzar en la Paz Total, con vocación y compromiso de transformaciones. La intención es llevar a la mesa de diálogo la más amplia diversidad social y política.
El documento que muy seguramente se firme al final del ciclo de México pondrá énfasis en la participación de mujeres, jóvenes y pueblos étnicos, así como en temas de transición energética y asuntos socioambientales.
Participación para la paz
El punto de participación para la paz tiene desarrollos importantes en lo ya trabajado, que sirven de herencia para este nuevo momento. Ya hay unas definiciones logradas entre Santos y el ELN en las que se estableció que la participación puede transcurrir por un “carril” regional y otro temático. Son definiciones, si se quiere elementales, que tienen el valor de que han sido construidas por un Gobierno Colombiano y el ELN.
Una participación para la paz se debe desarrollar de manera plural, teniendo como base la tramitación de conflictos territoriales no resueltos bajo el principio de una permanencia digna de quienes han habitado los territorios y han sido sometidos a la vulneración sistemática de sus derechos, bajo lógicas de exclusión y ejercicio de violencias para expulsarlos y despojarlos.
La participación para la paz que deben proponer el Gobierno y el ELN puede apoyarse en los procesos territoriales en los que hay comunidades organizadas, gremios comprometidos con este esfuerzo de paz y gobiernos locales que tienen responsabilidades constitucionales para trabajar por sus regiones.
La participación que acuerden tiene en el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) una oportunidad de instrumento de gestión pública de gran potencialidad transformadora, y lo que quede en el PND no solo será prioridad, sino que debe contar con recursos para que la gestión del Gobierno se convierta en acción de la sociedad.
La participación hay que asumirla entonces como el desarrollo de un mandato constitucional que establece que la democracia colombiana es participativa. Y ligarla a la definición de que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
La participación tendrá a las regiones como escenarios y como protagonistas a los sectores sociales que quieran presentar sus formulaciones y propuestas. Que Gobierno y ELN se constituyan en gestores y mediadores de una amplia participación hacia el gran esfuerzo de la construcción de la paz y de un nuevo país. Una articulación entre regiones y sectores sociales alrededor de ciertos temas nodales puede darle sustento a esa participación.
De esta manera, en México hay que lograr unas definiciones precisas de participación, insistiendo en que se incluyan puntos que puedan ser incorporados al PND, lo que ubica a los meses de marzo, abril y mayo como el tiempo a aprovechar.
Cese bilateral del fuego y de hostilidades
Gobierno y ELN coinciden en adelantar la negociación en medio de una distensión que sirva a las comunidades que sufren la continuidad de la violencia y se genere “un ambiente de paz”. Ya hay el antecedente del cese bilateral de los 100 días transcurridos entre octubre de 2017 y enero de 2018. Este debe ser tomando en cuenta como experiencia sobre la cual se pueda partir para la construcción del nuevo acuerdo. El presidente Petro ha manifestado que el interés de su Gobierno no está exclusivamente parar la confrontación con el ELN, lo cual, por supuesto, es muy importante; sino que ha hecho énfasis en su interés en que la población no sufra los estragos de la violencia.
Las dos partes deben establecer con claridad el delicado tema de las “hostilidades”, pues aquí hay un campo por acotar de comprensión y precisiones para establecer con claridad los compromisos a cumplir.
En los últimos días se ven más hechos que involucran acciones del ELN y contra el ELN por parte de la Fuerza Pública. En Buenaventura surgieron graves denuncias por parte del ELN sobre supuestas ejecuciones fuera de combate de sus combatientes, hecho que es motivo de investigación. O los hostigamientos a integrantes de la Policía por parte del ELN en Chocó o Segovia, y la voladura del oleoducto Caño Limón Coveñas, por mencionar hechos recientes. Vamos a ver si esta tendencia a mayores hechos de acciones armadas se mantiene ahora que se acerca la efeméride de la muerte de Camilo Torres Restrepo, el próximo 15 de febrero, que es cuando el ELN adquiere mayor visibilidad por sus acciones pasadas.
Hay que mencionar que las acciones militares en las que está más comprometido el ELN son contra otros irregulares: Clan del Golfo en Chocó y Valle, o estructuras disidentes de las FARC en Arauca, Sur de Bolívar, Cauca y Nariño. Este es un reto para las partes negociadoras, pactar un cese bilateral en el que también hay que tener en cuenta estas confrontaciones en curso.
Es fundamental pactar un cese bilateral del fuego y de hostilidades que pueda ser verificado por instancias internacionales, con el acompañamiento de la Iglesia Católica, otras iglesias y los procesos comunitarios territoriales.
Acciones humanitarias
El Gobierno y el ELN tienen interés y compromiso en trabajar por resolver las dificultades humanitarias que padecen ciertas comunidades ante la persistencia del conflicto armado. Este es un asunto urgente que debe ser atendido con prontitud y eficacia. Las dos partes, con la participación de organizaciones comunitarias, iglesias y comunidad internacional, adelantaron la Caravana Humanitaria en el Bajo Calima y el Medio San Juan (Ver: Caravana humanitaria del Gobierno y el ELN finalizó con éxito), y de esta experiencia se debe aprender para seguir desplegando iniciativas humanitarias.
En lo humanitario hay mucho por hacer, marcando como prioridad la situación de confinamiento que viven ciertas comunidades, así como el desplazamiento, amenazas de zonas con artefactos explosivos, la reclusión de los presos del ELN, etc. Sobre este conjunto de situaciones, Gobierno y ELN pueden trabajar de manera mancomunada.
A manera de síntesis
Este segundo ciclo de conversaciones en México entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN debe constituirse en la proa de una política de Paz Total que logre arribar a buen puerto. Ambas partes deben lograr: firma de la agenda del proceso, definiciones sobre participación para la paz, el cese bilateral de fuego y hostilidades, y acciones humanitarias conjuntas.
Los mejores deseos para las dos partes y gratitud con el Gobierno y el pueblo de México por su trabajo y compromiso, al igual que para los países de la comunidad internacional que actúan como garantes y acompañantes.