Quien primero habló del asunto fue Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz; dijo que esta sería una paz territorial. Un concepto muy afortunado. Porque fue un grave error desdeñar los territorios, olvidar los territorios, donde se realizaron las desmovilizaciones de las guerrillas y los paramilitares a finales del siglo pasado y principios de este. Florecieron nuevamente las violencias y los pactos entre legales e ilegales para controlar las regiones donde se habían realizado los acuerdos.
No fue solo un error del Estado. También aquellas guerrillas y aquellos paramilitares no quisieron o no pudieron quedarse en los territorios adelantando un proceso de reconciliación con base en el impulso a mercados legales para el desarrollo, compromisos de reparación y labores de organización social y política para fortalecer la democracia.
Ahora, al parecer, las insurgencias tienen otras ideas. Me atrevo a decir que el nuevo plan estratégico de las Farc de cara al posconflicto es impedir que se disuelva el grupo en medio de los avatares de la transición a la vida civil, conservar y ampliar la base social y política y mantenerse en los territorios donde han actuado durante 50 años. Si los lectores se detienen a analizar uno por uno los acuerdos hasta ahora realizados en La Habana encontrarán un hilo conductor, una lógica, territorial y social.
En el acuerdo agrario, brilla la idea de zonas de reserva campesina; en el de participación política, las circunscripciones electorales de paz; en el de narcotráfico, la sustitución voluntaria de los cultivos en sus zonas y una solución de vida para los campesinos cocaleros; incluso, en el de justicia, la clave es la reparación directa de las comunidades afectadas como parte de la pena para los inculpados. Todos los pactos huelen a territorio y a comunidad. Las Farc quieren quedarse en las zonas donde han actuado, hacer allí su proceso de reintegración y buscar desde allí un protagonismo político y social nacional.
No obstante, en las últimas semanas irrumpió un gran ruido, un estruendoso ruido, las Farc dijeron que se debía discutir la presencia de la fuerza pública en esos territorios. Fue Troya. El general (r) Jorge Enrique Mora, negociador de paz, salió a rechazar esta petición de la guerrilla a nombre del gobierno. Los opositores apelaron a la comparación con las llamadas repúblicas independientes de los años sesenta para atacar la declaración de las Farc.
Sería lamentable que por este tipo de discusiones se le echara tierra a la gran idea de los territorios de paz. Sería minar los cimientos de la reconciliación. Las Farc, desde luego, tienen que ser muy cuidadosas al referirse a la presencia militar y policial en las regiones del posconflicto. Ese es quizás el tema más sensible de las negociaciones de paz. Se trata del monopolio de las armas por parte del Estado. Ni la sociedad, ni el gobierno pueden declinar este punto. Cualquier duda o cuestionamiento a este postulado es un papayazo para felicidad de quienes critican las negociaciones de La Habana y una preocupación para la ciudadanía.
Pero alguna razón les cabe a las Farc al hablar de cambios en las Fuerzas Armadas de cara al posconflicto y a los territorios en donde se hará la dejación de las armas y la reintegración de las guerrillas a la vida civil. El mismo comandante del Ejército, el general Alberto José Mejía, está adelantando una juiciosa reflexión en el interior de la institución armada para delinear la reforma de las Fuerzas Militares en el escenario de terminación de la guerra interna y en el marco de los grandes desafíos que afronta la seguridad en el mundo. Sabe el general Mejía que una cosa ha sido el despliegue del Ejército para adelantar la gran guerra irregular que ha vivido Colombia en los últimos 50 años, y otra cosa será el papel de las unidades militares para proteger a los miembros de las Farc en su reintegración a la vida civil, disuadir las amenazas de nuevas violencias y defender a la población de las agresiones.
El gobierno no puede matar el tigre y asustarse con el cuero. No se puede asustar con los gritos del procurador y del uribismo que insistirán una y otra vez en que se trata de repúblicas independientes. La delimitación de unos territorios de paz donde el Estado, la sociedad civil y las guerrillas desarmadas y en transición se encuentren para construir instituciones democráticas, mercados legales y ciudadanía es el punto clave, el corazón, de estas negociaciones de paz. En esos territorios es necesario redefinir las funciones de la fuerza pública y hacer cambios en su despliegue territorial, también es obligatorio transformar los dispositivos de justicia recogiendo la experiencia en tramitación de conflictos que han impulsado las guerrillas y las organizaciones sociales en estos territorios donde no hicieron nunca presencia los jueces y los fiscales.
Columna de opinión publicada en Revista Semana
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