Por: Laura Bonilla, Subdirectora
Para: @confidencialcol
Hace pocos días me preguntaron qué pensaba de la crisis del proceso de Paz Total. Traté de dar mi opinión, basándome en los hechos conocidos y en el acceso a la información de la que disponemos en la Fundación Pares. Después de leer mi propia opinión me di cuenta de que la paz, al igual que yo y que otros colegas, estamos girando alrededor de lugares comunes.
La verdad es que tenemos poca información de las múltiples agendas que se mueven en los lugares de la geografía colombiana donde persiste la violencia organizada. Además estamos midiendo muy mal tanto los éxitos como los fracasos, así como la propia complejidad de la violencia. Hacemos unas canastas de indicadores de violencia que poco o nada tienen que ver con lo que está viviendo la gente a diario, y sobre esos números establecemos nuestro análisis. Bueno para nuestro ego, malo para el país. Por eso, voy a reformular mi opinión sobre el estado actual del proceso y algunas ideas que podrían ayudar a volver a darle foco, tratando de hacer énfasis en la imperiosa necesidad de avance de la paz.
El primer punto que puede ayudar es aprovechar este momento para parar, observar detenidamente, recolectar información y crear inteligencia colectiva en el sector paz del gobierno. La información está dispersa en mesas, liderazgos y tareas. Medir mejor es fundamental. Los repertorios de violencia no son estáticos y los análisis sobre los mismos tampoco deberían serlo. La realidad es la que debe dictar la acción y no al contrario.
Lo segundo suena obvio, pero no es sencillo. El gobierno debe reconocer que la gente está sufriendo. Meterles fuerza y debate político a dos o tres cifras distrae a la opinión pública de lo fundamental. La gente está dispuesta a entender que el camino está lleno de baches, pero no a que le digan que esos baches, los que viven, ven, sienten y perciben a diario, no existen.
Actualmente muchas comunidades y organizaciones sociales con experiencia, dedicación y compromiso en la construcción de paz nos aseguran que no están siendo escuchadas.
Lo tercero es cambiar el foco de los violentos al territorio. Estamos tan llenos de lugares comunes que no somos capaces de ver que la mayor demanda política detrás de la violencia (y tal vez la única que queda en firme) es la presencia de un Estado que atienda las necesidades básicas de la población. Tan simple como eso, pero tan complejo de hacer. Es la promesa que jamás se ha cumplido. Como somos un país profundamente centralista, la rendición de cuentas que la sociedad hace al Estado se va poco a los mandatarios locales y muchísimo al gobierno central.
Lo cuarto es desenredar la pita. El proceso, lleno de procesos, está actualmente enmarañado en funciones, dispersión de las mismas, decretos, etc. Ordenar así sea un poco la gestión de la paz en el territorio no es mala idea en absoluto. Por ejemplo, sería deseable recuperar la senda de los PDET en construcción de infraestructura y al mismo tiempo darle un aire serio, renovado, con recursos y capacidad a reconstruir el tejido civil y social que ha sido roto por la violencia. La capacidad que no tienen los gobiernos a nivel local la puede tener la sociedad civil, que en estos momentos se siente aislada. El presidente tiene, además, la posibilidad de trabajar con las gobernaciones entrantes. Ojalá volvamos a ponerle el apellido paz a las cosas positivas en las que el Estado está avanzando (reforma agraria, por ejemplo). Y que ese apellido venga con recursos y capacidad humana.
Finalmente viene la cuestión de los armados. Aquí la cosa es de un balance muy delicado, incluyendo por supuesto mantener abiertos canales de diálogo y la oferta de negociación, al mismo tiempo que se continúa avanzando en los cuatro puntos anteriores. Es importante, y esto lo digo con algún conocimiento de años de estudio de grupos armados en Colombia y otros países, salir de la idea de que existe una voluntad real de paz (de unos) y una voluntad falsa de otros. Todos los grupos tienen una parte de sí que quiere negociar y una parte que no. Hasta el final tratan de mantener planes B, balances, y “seguros”, por si las cosas salen mal. De lo bien que se hagan las mesas de negociación depende que esa parte que no quiere negociar sea minoritaria.
Es total responsabilidad del Estado, quien se sienta a negociar en nombre de la paz como derecho fundamental, que entienda esto. Y aquí, en esta crisis, no hay otra opción que mantener la mesa salvable –que es la del ELN–, lograr aglutinar la presión ciudadana contra el secuestro a favor de la liberación inmediata de todas las personas en poder de esta guerrilla y acelerar con firmeza el paso de los acuerdos. Si en la mesa queda claro que hoy tanto el ELN como el gobierno y el país en general tenemos el tiempo en contra, la cosa puede rescatarse.
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