Por: Laura Cano Periodista – Pares
Tras casi una década de investigaciones, de pasos avanzados y otros retrocedidos, la Corte Suprema de Justicia condenó a siete años y 9 meses de prisión al exsenador y exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, por vínculos con paramilitares entre 2001 y 2007.
La decisión fue tomada después de un largo proceso judicial, en el que la Sala de Juzgamiento de la Corte finalmente encontró que Ramos es responsable del delito de concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales, y, además, de haber recibido dinero y apoyo político del bloque Metro y Centauros de las autodefensas. Esto se estableció luego de que el alto tribunal estudiara la ponencia del magistrado Ariel Torres, quien tan solo hace algunas semanas se había declarado impedido para llevar el proceso.
Las razones de Torres se relacionaban con una tutela que el exgobernador había interpuesto en contra suya. A través de dicho mecanismo, Ramos alegaba la protección al debido proceso, luego de que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ordenara, en su momento, que el magistrado fuera apartado inmediatamente del caso. Esto debido a que se filtró una ponencia en la que se pedía que Ramos fuera condenado a 19 años de prisión por los motivos que estaba siendo investigado. “Mi ánimo puede estar alterado y con ello afectar la imparcialidad con que debo actuar en el desarrollo de mis facultades oficiales”, argumentaba Torres.
El impedimento pasó a ser definido por la Corte, que el pasado 20 de septiembre negó la solicitud del magistrado, comunicando que: “A pesar de que la Sala reconoce el valor y la solvencia moral del doctor Torres Rojas, al expresar esas circunstancias con el fin de aprestigiar la administración de justicia, no se observa el fundamento trazado por la jurisprudencia para admitir configuradas las causales de impedimento estudiadas”.
Así las cosas, con esta decisión, estaba cantado que el proceso debía llegar a su etapa final y que el magistrado Ariel Augusto Torres debía presentar un escrito definitivo sobre el expediente Ramos, en el cual se determinara jurídicamente si el exgobernador era o no culpable del delito de concierto para delinquir agravado (delito del que hoy finalmente se le encontró culpable). Así las cosas, Ramos, quien ya fue notificado de la decisión, deberá enfrentar una condena por parapolítica de casi 95 meses de prisión, además de pagar una multa de 7 mil millones de pesos. Asimismo, fue inhabilitado para ser funcionario público. Hay que señalar que el exsenador podrá apelar su decisión, recurso que revisará la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
“La condena de Ramos, que llega después de 10 años de investigación, es un campanazo para los políticos que aún en ejercicio mantienen investigaciones abiertas, como Lidio García o Daira Galvis. Estos procesos han sido mucho más demorados en la última década que lo que fueron cuando estalló el escándalo, en 2005, que llevó a más de 60 aspirantes al Congreso a la cárcel por haberse aliado con paramilitares para cosechar réditos políticos. También muestra que el fenómeno sigue en estudio y que puede haber nuevos implicados que aún no conocemos”, analiza Daniela Garzón, investigadora nacional de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares).
Lo que estableció la Corte
El alto tribunal esclareció que, en efecto, Ramos era culpable de las acusaciones que se le hacían por sus nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo que financió las campañas políticas del ahora imputado a cambio de acciones como, por ejemplo, que el exgobernador permitiera que este grupo al margen de la ley pudiera actuar sin la reacción de la fuerza pública. Ramos habría ayudado a estructurar la ley de Justicia y Paz, promoviendo que los paramilitares no pagaran sus condenas en cárceles. Esto, además, motivó el fortalecimiento de estos grupos y de su actividad criminal.
Vale la pena mencionar que, por medio del exjefe paramilitar Ernesto Baéz, se conoció que Ramos era cercano a Carlos y Vicente Castaño, de quienes habría recibido dinero casi de manera directa. Además de dar una base económica, los hermanos Castaño también habrían movido votos a favor de Ramos. La sentencia también hace alusión a una reunión celebrada a comienzos de 2005 en la finca ‘Bellanita’, en Bello, propiedad de Hugo Albeiro Quintero, conocido como ‘El Patrón de Bello’, a la que asistieron los jefes paramilitares Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’; Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’; y Pablo Hernán Sierra García, alias ‘Alberto Guerrero’. La reunión en esa propiedad estuvo organizada por los hermanos Castaño, y allí fue que se pusieron en común las peticiones que tenían respecto a la Ley de Justicia y Paz.
El Espectador informó que el propio Ramos confesó haber tenido participación en ese encuentro, pero que afirmó haberlo hecho creyendo que, por ser un miembro del Congreso, entre sus funciones se encontraban ese tipo de tareas. “Sin embargo, para la Corte Suprema esa excusa no tuvo ningún asidero pues, para esa época, estaba prohibido que los jefes paramilitares se reunieran por fuera de la zona de concentración de las mesas de Santafé de Ralito y que eso lo debía saber un congresista como Ramos, no solo por su condición de senador, sino por su larga trayectoria en el servicio público y su educación como abogado”.
Adicionalmente, la Corte señaló que los hechos por los que se le implica a Ramos ocurrieron cuando se desempeñó como senador, cargo al que se postuló en 2001 por el Movimiento Equipo Colombia, quedando elegido en los comicios de marzo de 2002 con más de 230.000 votos. Para ese momento, ya era evidente la fuerza y control que ejercían los grupos paramilitares en Antioquia, en donde hicieron presencia los bloques Metro, Cacique Nutibara, Minero, Bananeros, Héroes de Granada, Elmer Cárdenas y, en algunos puntos, el Bloque Central Bolívar y el Frente Cacique Pipintá. Sumado a esto, en los primeros años de los 2000 ocurrieron hechos como la Operación Orión y la Masacre de San José de Apartadó.
Un golpe político
Hay que recordar que Ramos fue gobernador de Antioquia entre 2008 y 2011 (cargo por el que la Contraloría General de la República lo declaró responsable, fiscalmente, en la contingencia de Hidroituango en abril de 2018), senador de la República entre 2002 y 2006, y alcalde de Medellín entre 1992 y 1994. En su carrera política ayudó a fundar el Movimiento Alas Equipo Colombia, un partido político colombiano de centro derecha, nacido de la fusión de dos partidos: ALAS, fundado por el hoy detenido, también, por parapolítica, Álvaro Araújo Castro, y Equipo Colombia, creado por Ramos a mediados de los ochenta. Este partido ahora vive a través del Partido Somos Región Colombia, el cual recuperó la personería jurídica que le había sido suspendida en 2010. Por medio de este movimiento han aspirado a cargos públicos personalidades políticas como Viviane Morales.
Adicionalmente, hay que traer a colación que, para su elección como gobernador, tuvo el apoyo de los conservadores antioqueños, el del Partido de la U, Cambio Radical, Colombia Democrática, Convergencia Ciudadana y de algunos liberales. En 2017 aspiraba a la presidencia por el partido Centro Democrático, pretensión que tuvo que dejar de lado por sus cuestionamientos. Además, vale la pena mencionar que Ramos fue un importante apoyo de Álvaro Uribe en Antioquia para su primera elección como presidente, así como para su reelección en 2006.
“El primer golpe con la condena de Luis Alfredo Ramos lo recibe el uribismo. Primero, porque sigue siendo militante del partido y porque su hijo recién acaba de perder las elecciones a la Alcaldía de Medellín y lidera ahora la oposición contra Quintero. En esa pelea, seguramente Quintero sacará a relucir que, nuevamente, en el uribismo hay una persona condenada por parapolítica. La vinculación del uribismo con personajes cuestionados y condenados y con el paramilitarismo se refuerza. En segundo lugar, el golpe también lo recibe Iván Duque, porque Alfredo Ramos fue su jefe de debate, es decir, que siempre estaba presto para defenderlo. Hay que tener en cuenta, además, que en medio de las elecciones hay clanes políticos con otros personajes que ya fueron condenados por parapolítica. Es el caso, por ejemplo, del ‘Clan Suárez Mira’, que domina en Bello, Antioquia”, agrega la investigadora Daniela Garzón.
Hay que señalar, además, el papel de denuncia que ha cumplido Pares en lo que se refiere al fenómeno de la parapolítica, escándalo por el cual ya han sido condenadas varias personas y que hoy tiene como protagonista a Luis Alfredo Ramos. Desde hace años, la Fundación ha intentado, desde su labor investigativa, desentrañar las redes en las que se han sostenido las alianzas entre sectores políticos y grupos paramilitares. De acuerdo a Daniela Garzón, en las investigaciones judiciales, “probablemente la justicia habría tardado mucho más en darse cuenta de lo que estaba sucediendo, que no fueron casos aislados, sino decenas de políticos involucrados en este tipo de actuaciones criminales. En el mismo sentido, Pares ha sido pionera en el seguimiento a los herederos de la parapolítica, que son personas, familiares o cercanos que se han quedado con sus caudales electorales”.