Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
Contrario a lo que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, sostiene acerca de que en el departamento de Sucre la paz está presente, las constantes denuncias de las comunidades, de la Defensoría del Pueblo y del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) sobre la presencia de grupos paramilitares tiene en vilo a la región.
Justamente, uno de los epicentros de las denuncias es San Onofre. Cabe recordar que dicho municipio se encuentra cerca al Golfo de Morrrosquillo y a los Montes de María. De hecho, desde finales del mes de junio, y en estos primeros días del mes de julio, Rodrigo Alfonso Ramírez Salazar— defensor de Derechos Humanos de la región— ha denunciado ante la opinión publica, a manera de alerta, la presencia de paramilitares en San Onofre y en la región de los Montes de María.
En ese sentido, Ramírez Salazar ha señalado que la presencia en la región entre Bolívar y Sucre tiene que ver con el grupo paramilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Además, con las denuncias que ha hecho el defensor de Derechos Humanos le ha plantado frente a las declaraciones del gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, quien ha negado la presencia de este grupo paramilitar en la región.
Los reincorporados son objeto de violencia
Como si fuera poco, el pasado 8 de julio Germán Gómez López —consejero político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en Sucre— denunció ante la opinión pública que existen amenazas contra cinco (5) exguerrilleros que se encuentran en proceso de reincorporación. Esta situación se desató luego de conocerse en el corregimiento de San Rafael circulaba un panfleto amenazante.
A su vez, Gómez López recalcó que “Hay unos panfletos en los que se nos está amenazando. El primero fue en San Rafael, Ovejas, hace dos meses, y el más reciente a finales de junio en Morroa. Esto ya se ha abordado en los consejos de seguridad aquí en la Gobernación y se han tomado acciones en ese sentido”.
El ministro Botero, en el del consejo de seguridad que se llevó hace unos días en Coveñas, Sucre, hizo caso omiso a lo que se viene advirtiendo en la región. Cinco días después, entre otras cosas, se conoció la llegada de panfletos amenazantes en comunidades como El Crucero, Achiote, El Retiro, El Paki y Panseñor.
Hecho que generó zozobra a los líderes indígenas que, han manifestado su preocupación por estas prácticas intimidantes contra la población y, sobre los procesos que adelantan los cabildos zenúes asentados históricamente en el municipio de Sampués.
Ahora bien, el malestar producto de cómo se llevó a cabo el Consejo de Seguridad por parte del ministro Botero tiene que ver con que no prestó atención al panorama crítico que se ha venido denunciando y presenciando.
A su vez, la alcaldesa de San Onofre, Maida Balseiro, no se presentó a la reunión, y en remplazo envió a Juan Carlos Herazo —secretario de gobierno— quién no auspició en lo absoluto que se discutieran temas de interés para los habitantes de San Onofre, cerrando las posibilidades de que los periodistas de la región pudiesen hacer preguntas a las autoridades sobre los hechos denunciados.
Otra cosa que llama la atención sobre la denuncia que hace Ramírez Salazar, tiene que ver con que los paramilitares de las AUC serían cincuenta (50). Respecto a la presencia de un grueso número de hombres, Ramírez ha hecho hincapié en lo que denomina como un “resurgimiento paramilitar”, ante un descuido de las autoridades; más específicamente de la alcaldía de San Onofre y de la Armada.
Para Ramírez Salazar, hay una inoperancia cómplice por parte de las autoridades ya que frente “ya fueron hechas las denuncias, pero que aún siguen como entraron a los despachos; sin respuestas».
A propósito, la Defensoría del Pueblo, incluso desde finales de 2018, ha estado haciendo monitoreos contantes en el departamento de Sucre; puntualmente en el Golfo de Morrosquillo, San Benito, el corredor de Sincelejo-Sampués-Corozal y en San Marcos, a propósito de la presencia de panfletos amenazantes.
Amedrentan en los lugares de residencia
Dentro de la denuncia de Ramírez Salazar, en la cual se encuentran testimonios de líderes de la región que cuentan que se han presentado situaciones en las que hombres que se identifican como comandantes de las AGC, amenazan e intimidan a los pobladores, tal y como lo dio a conocer El Espectador:
“Nos han expresado que desde finales de abril han visto grupos de personas que no son del lugar, algunos con camuflado y otros vestidos de civil, cargando fusiles. Luego, visitan a los líderes y en un tono conciliador, mostrándose amigables, dicen que quieren poner orden y limpiar a la comunidad de los ladrones, viciosos y, en algunos casos, de los maricas. Repiten que no vienen a matar, que aprendieron del pasado, que antes de asesinar harán dos llamados de atención para que las personas paren de robar o de consumir drogas. Si siguen haciéndolo a la tercera advertencia, las AGC comunicaron que no habrá una cuarta”.
Alertas de la Defensoría del Pueblo
A comienzos de este año la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana en la que, entre otras cosas, advierte que las AGC han cometido asesinatos selectivos y han amenazado pobladores en el marco de un conflicto de disputa por tierras, sobre todo manteniendo en tensión los temas de reparación colectiva, el programa de restitución de tierras y la amenaza latente para los reclamantes. Bajo este panorama, en la alerta de la Defensoría se menciona el uso del sicariato.
Tras conocerse que en este semestre del año se reportan cerca de 17 denuncias sobre amenazas a defensores de Derechos Humanos, líderes y lideresas, en el departamento de Sucre, los liderazgos de la región han solicitado que se establezca una ruta que prevea la atención y protección en la zona.
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