Por: Óscar A. Chala, Investigador
Línea Democracia y Gobernabilidad
Foto tomada de: Letras Libres y Wikinoticias
El pasado domingo 22 de octubre se celebraron las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria Democrática para elegir a un candidato entre los diferentes partidos que la componen, que se medirá contra el actual presidente Nicolás Maduro en las próximas elecciones de 2024. La Plataforma, emergida en 2021 en respuesta a la inhabilidad que hoy pesa sobre la Mesa de Unidad Democrática (MUD) para presentarse a procesos electorales desde 2018, se ha convertido en el nuevo proyecto político de articulación de la oposición venezolana, posterior a las diferentes críticas emergidas en años anteriores que señalaban el agotamiento de la MUD, su atomización y su dispersión tras las elecciones de 2018 y el estallido político-social sucedido en 2019, luego de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, invocara el artículo 233 de la constitución bolivariana para asumir de iure la presidencia del país vecino.
Tras casi 10 años de varios procesos de diálogo y mediación para promover elecciones libres en Venezuela —en su mayoría interrumpidos en el tiempo—, los últimos acuerdos alcanzados entre la oposición y el gobierno de Maduro el 17 de octubre, que llevaron al levantamiento parcial de algunas de las sanciones que pesan sobre el régimen por parte de los Estados Unidos, fueron la presencia de observadores internacionales en el proceso electoral y el acceso y seguimiento de los medios de comunicación el día de las elecciones, a cambio de levantar inhabilidades de candidatos y permitir que la oposición realizara sus elecciones primarias. Estos acuerdos han abierto posibilidades para el restablecimiento del proceso electoral y democrático en el vecino país. Sin embargo, el cuestionamiento de fraude en los resultados de las elecciones primarias hecho por las autoridades oficialistas y la inhabilidad que sigue pesando sobre algunos de los candidatos (que va en contravía de lo acordado en Barbados el 17 de octubre), parece generar incertidumbre frente a un potencial desconocimiento de estos resultados y un retroceso en estas negociaciones.
Antecedentes
La mayoría de los procesos de negociación con la Oposición en Venezuela tienen su origen en las protestas del año 2014. Tras el fallecimiento de Hugo Chávez y la asunción de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela (ratificado a nivel electoral el 14 de abril de 2013), la situación económica y social del país comenzó a deteriorarse rápidamente, lo que generó un estallido social de amplias proporciones que Maduro intentó contener abriendo una “Conferencia Nacional por la Paz”, convocando a los líderes de la oposición a un diálogo que, luego del 10 de abril de 2014, quedó estancado.
Posterior a este primer intento de mediación, en 2015 la Mesa de Unidad Democrática (MUD) obtuvo la victoria en las elecciones parlamentarias, al ocupar el 56,21% de los escaños de la Asamblea Nacional y recuperar su control, tras más de 17 años sin mayores victorias electorales en el país. En este nuevo escenario, la nueva Asamblea intentó impulsar un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro en 2016, que fue detenido por seis tribunales penales inferiores estatales al considerarlo irregular y declarar que en varios estados de la Nación la oposición cometió fraude para recolectar las firmas para este proceso. Posterior a ello, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró nulos todos los actos y leyes sancionados por la Asamblea Nacional. El Parlamento, en respuesta, declaró el orden constitucional “roto” y se declaró en desacato, además de considerar llamar a juicio al presidente por las irregularidades en el reconocimiento de las decisiones tomadas por los tribunales inferiores. La oposición, por su parte, convocó a masivas manifestaciones dentro de la iniciativa “Toma de Venezuela”, que posteriormente fueron suspendidas tras la mediación del Vaticano y de la Subsecretaría de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos.
Ante este escenario, en marzo de 2017 el Tribunal Supremo de Justicia asumió los roles y las funciones de la Asamblea Nacional, tras considerar que el parlamento seguía en “desacato”, lo que generó otra ola de protestas masivas en el país vecino. La respuesta altamente agresiva por parte de las fuerzas policiales y militares del Estado y el crecimiento de las acciones violentas por parte de algunos disidentes políticos llevó a que Nicolás Maduro convocara a una Asamblea Nacional Constituyente. La oposición realizó una consulta a la ciudadanía, por medio de la Asamblea Nacional, para conocer de antemano si existía apoyo para convocar a esta nueva Asamblea Constituyente. No obstante, Maduro convocó elecciones para esta Asamblea —en las que la oposición no participó por falta de garantías— en las que obtuvo la mayoría y con las que terminó de usurpar el poder de la Asamblea Nacional, en tanto la Asamblea Constituyente se arrogó sobre ella poderes plenipotenciarios por encima de las demás instituciones del Estado. En este escenario se abrió un proceso de diálogo en Santo Domingo, República Dominicana, a finales de 2017, que se suspendió tras el arresto y los asesinatos de varios líderes disidentes participantes de las movilizaciones de meses anteriores. La Constituyente, por su parte, se disolvió en 2020 sin haber cumplido su tarea fundamental: elaborar una nueva carta magna.
En 2018 las elecciones presidenciales fueron adelantadas, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia inhabilitó totalmente a la Mesa de Unidad Democrática para participar en los comicios electorales de aquel año. Luego, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela impuso condiciones sobre la inscripción de precandidatos que terminaron afectando a la mayoría de los partidos de la oposición, lo que llevó a que la MUD desistiera igualmente de participar. Los candidatos independientes que se presentaron en aquel momento firmaron un documento de acuerdo sobre garantías electorales, que posteriormente el Gobierno desconoció. Ante el inminente triunfo de Maduro y las irregularidades presentes en este proceso, ninguno de los candidatos aceptó los resultados finales y la Asamblea Nacional, aún bajo control opositor y desconocida por el Gobierno, ilegitimó el resultado y a Nicolás Maduro como su presidente. Ante la vacancia, en 2019 la Asamblea Nacional proclamó a Juan Guaidó como presidente interino de iure.
En 2020, como respuesta ante la decisión de la Asamblea Nacional de ratificar a Guaidó como presidente interino, el Tribunal Supremo de Justicia llamó a un nuevo proceso electoral para elegir a los nuevos miembros de la Asamblea Nacional. Del mismo modo, el Tribunal intervino en los principales partidos opositores y nombró nuevas juntas directivas de los mismos ad-hoc, lo que generó de inmediato la reacción de la oposición, la cual señaló que no se presentaría por falta de garantías electorales. Ante este escenario, el bloque oficialista “Gran Polo Patriótico” obtuvo la mayoría absoluta del parlamento, que quedó con una minorizada presencia opositora, representada por diputados distantes de los procesos de la actual Plataforma Unitaria.
En 2021 Guaidó propuso una nueva ronda de diálogos que comenzó en México bajo el auspicio de Noruega y Barbados, que dieron inicio a los procesos de negociación que llegan hasta el día de hoy. Estas rondas se vieron en su momento detenidas por la captura y extradición de Alex Saab, empresario colombiano implicado en lavado de dinero y cercano al gobierno de Maduro. No obstante, desde noviembre de 2022 las negociaciones han avanzado lentamente sobre la necesidad de levantar las sanciones impuestas a Venezuela a nivel internacional y el retiro de las denuncias e investigaciones de la Corte Penal Internacional contra el vecino país. Estos avances se han manifestado en la firma del acuerdo del 17 de octubre, que permitió finalmente que se desarrollaran los comicios celebrados el domingo 22 de octubre.
Irregularidades presentadas durante la jornada electoral
Según la Alianza Rebelde Investiga (ARI) y su producto, el Guachimán Electoral, hubo demoras para abrir algunos puntos de votación en municipios y ciudades capitales de los diferentes Estados, del mismo modo que hubo inasistencia de algunos testigos y jurados electorales, igual que de miembros de las mesas de votación. Asimismo, hubo casos de saboteo y coacción al proceso electoral, especialmente al cerrar lugares que servirían como puntos de votación o impedir que se instalaran mesas destruyendo candados o llaves de ingreso a estos sitios. De igual manera, se presentaron situaciones de violencia, especialmente frente al robo de material electoral por parte de delincuentes en un punto de Caracas, del mismo modo que presuntamente algunos colectivos barriales de origen chavista amedrentaron y amenazaron mesas de votación a través de rondas constantes con motorizados o de manera verbal ante los jurados de votación. Hacia el cierre del proceso electoral, varias mesas en diferentes Estados se quedaron sin material electoral suficiente para permitir que el resto de votantes participara.
Por su parte, la Organización de la Sociedad Civil ‘Transparencia por Venezuela’ registró en su app móvil “Dilo Aquí” 38 incidentes entre la apertura de las mesas de votación hasta su cierre en todo el territorio venezolano, siendo el Distrito Capital de Caracas el lugar donde se presentaron más irregularidades, con un total de 12 reportes. Le siguieron Estado Monagas con 4, y Estado Zulia y Lara con 3.
Resultados
Conforme a los resultados de las últimas encuestas realizadas en territorio Venezolano, María Corina Machado se impuso sobre sus otros competidores con un aplastante 92,5% de los votos, convirtiéndose en la ungida por la Plataforma Unitaria para enfrentar a Nicolás Maduro en 2024. Aún a pesar de que algunos sectores opositores se desprendieron del proceso electoral al considerar que no habían garantías suficientes para participar en los próximos comicios presidenciales, María Corina Machado parece contar con el apoyo mayoritario de la oposición, tanto de los procesos locales como la de los integrantes de la mesa negociadora con el gobierno de Maduro.
María Corina Machado Parisca comparte posiciones sociales de derecha conservadora y posiciones liberales en lo económico. Fue diputada por el Estado Miranda en 2015, cuando la oposición volvió a recuperar el control de la Asamblea Nacional, hasta cuando Diosdado Cabello —en aquel momento presidente del parlamento venezolano— la inhabilitó por una violación a varios artículos de la constitución bolivariana, decisión posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia.
Con este resultado, María Corina Machado emerge como la figura política opositora más relevante, en un momento político en el que los viejos liderazgos de la oposición (como Enrique Capriles Radonski, Leopoldo López y Juan Guaidó) han caído en desgracia. Machado ha logrado capitalizar el descontento social existente y el descrédito en el que se haya sumergido el gobierno de Maduro y los resultados electorales parecen demostrarlo.
Prospectivas a futuro
Aunque aún no existen fechas concretas para la realización de las elecciones presidenciales en 2024, entre los acuerdos previos firmados entre la oposición y el gobierno de Maduro se prevé que el proceso electoral continúe de acuerdo a lo establecido en las fechas del calendario constitucional, que indican que se podrían realizar en el mes de diciembre del próximo año. Queda en incertidumbre si dentro de aquellos plazos se levantarán las inhabilidades que pesan sobre Machado —quien presuntamente recibía ciertos bonos que no reportaba entre sus gastos cuando fue diputada en 2015, según la Contraloría General de Venezuela—, especialmente aquella que le impide ejercer cargos públicos debido a su presunto apoyo público a las sanciones impuestas por Estados Unidos al vecino país, y que Machado niega vehementemente y señala como una argucia jurídica de las instituciones para impedir su participación.
Uno de los acuerdos establecidos entre Estados Unidos y Venezuela radica en el levantamiento de estas inhabilidades y sanciones para todos los candidatos no-oficialistas que se presenten en las próximas elecciones. No obstante, apenas conocidos los resultados, tanto representantes del gobierno de Maduro como miembros de las instituciones salieron a denunciar fraude y la ruptura de lo acordado en Barbados el martes anterior. Entre las acusaciones se encuentran la de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe negociador del Gobierno, quien señala que el Comité Organizador presuntamente “infló” las cifras, aumentando de manera irregular el caudal de votantes habilitados en cada uno de los puntos de votación, y señalando la necesidad de revisar lo acordado con la oposición anteriormente. A estas declaraciones se suman la de diputados opositores distantes al proceso, como las de José Brito.
Ante el panorama, tanto la oposición venezolana como los Estados Unidos esperan que la relajación en las sanciones ayude a presionar para que el gobierno de Nicolás Maduro ceda en aquellos puntos donde, hasta ahora, parece haber puesto sus líneas rojas. Entre el inmovilismo de las instituciones venezolanas por destrabar el escenario de negociación frente a las inhabilidades y la carencia de voluntad política del gobierno, Machado sigue firme en su candidatura y espera, en un giro inesperado de la coyuntura, imponerse frente al chavismo tras más de 2 décadas en el poder.