Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
El llanto desgarrador de un niño de nueve años que no entiende por qué asesinaron a su madre es el retrato de la guerra que aún se vive en las regiones de Colombia. El viernes pasado dos hombres acribillaron a la lideresa María del Pilar Hurtado en el municipio de Tierralta, departamento de Córdoba.
María del Pilar Hurtado, de 34 años y lideresa social oriunda de Puerto Tejada, Cauca, había escapado un año atrás de su tierra con sus cuatro hijos hacia el sur de Córdoba por las amenazas recibidas en su contra. Sin embargo, en Tierralta las condiciones de seguridad tampoco le permitieron abanderar su lucha y finalmente fue asesinada.
Hasta el momento hay dos hipótesis del homicidio: 1. Su labor previa como lideresa social en el Cauca y 2. Su rol como reclamante de tierras en Tierralta, donde abanderó la solicitud de varias personas de la comunidad para que les fuera concedido un predio.
Días antes del homicidio, el nombre de la lideresa apareció en un panfleto de amenaza debido a sus labores en el cual había un listado de personas, entre ellas, el presidente de la Fundación Social CORDOBERXIA, Albeiro Begambre.
Según dicha organización, se trató de un ultimátum por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo que están en constante disputa control territorial con la estructura criminal autodenominada los “Caparrapos”.
De acuerdo con CORDOBEXIA, en el panfleto la titulaban como «La gorda HP mujer del chatarrero», versión que sorprendió a la pareja de Hurtado quien fue entrevistado por la prensa. Según él, no se le conocía como “el chatarrero” y ninguno de los dos tenía problemas con la comunidad, pues sólo se dedicaban a labores de reciclaje lo cual les permitió construir una vivienda en un sector de invasión en el barrio 9 de Agosto.
El episodio violento conmocionó al país a tal punto que las instituciones empezaron a pronunciarse, mostraron su apoyo y se comprometieron a hacerle frente al asesinato sistemático contra líderes y lideresas sociales, sin embargo, para mucho eso no es suficiente. Diariamente se presentan casos como el ocurrido, y se dice que al menos un (1) líder social es asesinado cada cuatro (4) días.
De acuerdo con el Sistema de Información-SIPARES de la Fundación Paz y Reconciliación desde la firma del Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las Farc en noviembre de 2016 hasta el 21 de junio del 2019, han sido asesinados 246 defensores y defensoras de derechos humanos en todo el país.
Como respuesta de lo sucedido con María del Pilar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF reubicará a los niños huérfanos con su familia en Puerto Tejada.
«Ustedes no están solos. «Acá estoy en nombre del Presidente Duque y del Gobierno Nacional para reiterarles que cuentan con todo nuestro apoyo y respaldo para que sigan adelante», sostuvo la directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi.
“Desde Tierralta reitero mi llamado a las autoridades y confío en la celeridad de las investigaciones para que el responsable de este homicidio, que deja huérfanos a cuatro (4) menores de edad, sea capturado y judicializado», agregó la directora.
De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, desde el año pasado se había emitido una Alerta Temprana desde la Defensoría del Pueblo debido a la situación de riesgo en la labor de los líderes y lideresas sociales en el municipio de Tierralta.
¿Avanzan las investigaciones?
De acuerdo con el subdirector de Pares, Ariel Ávila del total de líderes sociales asesinados hasta la fecha, la Fiscalía tiene sentencia sobre el 19% y tiene algún avance en el esclarecimiento sobre cerca del 45 o 50% sin que eso signifique que haya sentencia.
Y en cuanto al caso de María del Pilar, considera que va a tardar al menos un año en resolverse, pero como se ha expuesto, la mayoría de los casos quedan en la impunidad.
“Lo que sucede (…) es que en esa región del sur de Córdoba desde el bajo Cauca antioqueño en todo el Nudo de Paramillo hay una situación de guerra civil desde hace más o menos un año, hay un conflicto muy grande entre los Caparrapos o el Bloque Virgilio Peralta, y el Clan del Golfo”, aseguró el analista en Noticias RCN.
También insistió en que se han vuelto a registrar patrullajes en el casco urbano o en las fronteras del caso urbano en zonas como Montelíbano, lo cual expone a las poblaciones a que vivan en medio del sicario o de ejércitos privados.
“Matar a una persona cuesta 500.000 pesos o 600.000 pesos que fue seguramente lo que pasó en este caso de María del Pilar. A eso se le suma una tensión muy grande por las elecciones locales y toda esa situación es lo que se mezcla en el bajo cauca antioqueño y el sur de Córdoba (…) entonces toda esa región tiene una gran situación de violencia y esa degradación llega a que la señora hurtado la maten delante de su hijo”, explicó.
Lastimosamente, contó el analista, la complejidad de la zona predice que los avances no serán muy rápidos y por eso solicitó tres medidas urgentes. La primera es un choque inmediato de protección; la segunda, una veeduría ciudadana con la comunidad internacional para que abiertamente se le diga a la ciudadanía en qué va cada caso; y tercero, mecanismos de protección comunitarias
En definitiva, la investigación de los homicidios contra líderes y lideresas sociales en Colombia van a paso lento y en su mayoría reina la impunidad. Preocupa que se acercan las elecciones locales de octubre 27, y tal como ha advertido Pares, es posible que la victimización aumente en algunas zonas del país.
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