Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
El 15 de junio de 2023 se sintió uno de los coletazos del estallido social que vivió el país entre 2019 y 2022. El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley “por el cual se establece la gratuidad en los programas de pregrado en las instituciones de educación superior públicas del país”. Esta fue una de las banderas que las y los jóvenes enarbolaron en las protestas de 2019 y que se hicieron más visibles en la época de pandemia en 2021.
Esta ley –a la que solo le falta la sanción presidencial y que comenzará a regir “a partir de la fecha de su promulgación” (art. 8°)– establece que el Gobierno Nacional se compromete a destinar los recursos para pagar “el valor de la matrícula de los programas de pregrado en Instituciones de Educación Superior Pública” (art. 2º) –que comprende las instituciones técnicas, tecnológicas o universitarias–; además a avanzar en la eliminación de las “barreras de acceso y garantizar la permanencia educativa” (art. 1º).
Como dije, esta norma ha sido presentada como un gran logro del movimiento de jóvenes que supo posicionar en la esfera pública la necesidad de avanzar en la gratuidad del servicio de educación superior. Lograron defender este bien meritorio que genera –además de las externalidades positivas en términos de formar profesionales para atender las demandas de trabajo– un aumento en los niveles de ingresos de los hogares y permite el ascenso social y económico.
De allí que está norma, que se conoce como la Ley de Matrícula Cero, logrará beneficiar hoy a más de 750 mil jóvenes que están en la educación superior pública. Una política de Estado que busca la inclusión, la redistribución y la democratización del acceso al conocimiento y la formación de una educación con calidad. Una iniciativa que tiene entre sus logros permitir el involucramiento de otros niveles de gobierno –a los municipios, distritos y gobernaciones– en esta iniciativa.
De esta manera, territorios departamentales, como Tolima, o distritales, como Bogotá, podrán “transferir recursos o cofinanciar la política pública de gratuidad en la matrícula” (art. 4º, parágrafo 2º). Dando continuidad con programas de matrícula cero que, en lugares como Quindío y Medellín, han servido para apoyar a una juventud que se encuentra al borde del abismo.
Precisamente porque está ley representa una buena noticia en medio de una situación difícil para el país y para la juventud es que es necesario hacer varias aclaraciones sobre está norma que pronto comenzará a implementarse.
Lo primero que hay que decir es que este subsidio solo cubre a “los programas de pregrado” de IES públicas. No cambia para nada la situación actual frente al financiamiento de los programas de pregrado en universidades privadas y de posgrado en general. Si un joven desea estudiar en una universidad privada debe pagar y si quiere hacer una especialización o una maestría, sea en una universidad pública o privada, deberá hacerla con sus propios recursos. Lo que equivale hoy a pagar una matrícula por semestre en promedio ocho millones de pesos.
También, que este subsidio cubre solo el valor de la matrícula. Un apoyo, que hay que decirlo, ya se da en la mayoría de Instituciones de Educación Superior (IES). Desde hace más de dos años la gratuidad en la matrícula era una realidad y se llama Política de Gratuidad en la Matrícula o Matrícula Cero. Lo que viene a hacer esta norma es dejar en firme, como política de Estado, lo que ya se había ganado en época de pandemia. Como ocurre en Medellín, donde las IES adscritas al municipio desde hace un par de años aplican está política.
Igualmente, este es un subsidio que solo se entrega a una población priorizada. No es un derecho para toda la población. Por el momento solo cubrirá tan sólo a aquellos “grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad de acuerdo con la focalización socioeconómica Sisbén IV (…) víctimas del conflicto armado, los que pertenezcan a las comunidades étnicas: indígenas, rom, raizales, afrodescendientes y palenqueras, así como a quienes pertenezcan a población con discapacidad, madres cabeza de familia y jóvenes graduados como bachilleres de colegios oficiales ubicados en las zonas rurales del país”.
Otra aclaración, es que este apoyo se mantiene a lo largo de la carrera, pero si se cumple unos requisitos. Un derecho adquirido conlleva grandes responsabilidades. El artículo 5º dice claramente que el Ministerio de Educación se encargará de “establecer los requisitos académicos para la permanencia de los estudiantes beneficiarios de la gratuidad en la matrícula. Asimismo, establecerá las medidas a imponer a los estudiantes que dejen su proceso de formación inconclusa y hayan sido beneficiarios de la gratuidad en la matrícula”.
Finalmente, es importante llamar la atención sobre la implementación de la norma. A pesar de que se dijo que está tendría aplicación inmediata, dice la ley aprobada que su financiamiento dependerá de “la disponibilidad presupuestal, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Gobierno Nacional” (art. 3º), por tanto, podrán tener justificaciones los mandatarios para decir que no tienen recursos para cumplir esta norma.
Es necesario mencionar estas advertencias sobre la norma aprobada, en especial para trabajar en los temas que se pueden cambiar. Dos de los asuntos prioritarios son: por un lado, avanzar en medidas que puedan “garantizar la permanencia y terminación de los procesos formativos de los jóvenes”; y por el otro, la búsqueda de una implementación inmediata y sostenida que permita cumplirle a la juventud.
En cuanto a la deserción, como sabemos, uno de los problemas de los y las estudiantes que ingresan a la educación superior pública no es la matrícula –que como se ha dicho está subsidiada–, el problema es la alta tasa de deserción, que supera hoy el 40%, es decir, de cada diez jóvenes que entran, cuatro salen rápidamente debido a dificultades para el sostenimiento y manutención del estudio –alimentación, transporte y vivienda–. En este sentido se hace necesario que se piense en complementar la política de matrícula cero con otras medidas de apoyo a los estudiantes para garantizar la permanencia educativa.
Y en cuanto a la implementación sostenida, es claro que para su aprobación tanto los ministerios de Hacienda y Educación dieron su aval. Pero se requiere trabajar en conseguir los recursos, hacer las apropiaciones y entregarle el dinero a las Instituciones de Educación Superior. No se puede dejar esta responsabilidad a las universidades, pues es común del Gobierno Nacional aprobar reformas y luego entregar su cumplimiento a las IES sin el aumento de los recursos para hacerlo de forma sostenida. Debe existir desde el Gobierno Nacional una garantía de los recursos y que estos estén en el Sistema General de Participación.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.