Por: Redacción Pares
Los congresistas Iván Cepeda y Roy Barreras presentaron una intervención ante la Corte Constitucional, con el fin de que module el Decreto 417 de 2020, por medio del cual el presidente Iván Duque declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, a raíz de la crisis de salud pública provocada por la pandemia del Covid-19. Advierten que la mayoría de las medidas decretadas se dirigen a aliviar los impactos económicos de los sectores financieros y empresariales, relegando inexplicablemente el fortalecimiento del sector salud y medidas de asistencia que aseguren la canasta básica familiar a las poblaciones más vulnerables.
Para los senadores es imprescindible que, en el marco de constitucionalidad, la Corte refuerce con claridad la obligación que tiene el Gobierno Nacional de atender al sector salud y sectores más vulnerables, y no solo consagrar la atención de la emergencia al sector financiero y a las grandes empresas. Para tal fin, piden que los recursos recaudados dentro de la emergencia se destinen al fortalecimiento del sistema de salud en condiciones de acceso, oportunidad y eficiencia.
Los senadores señalan que el Gobierno debe determinar con exactitud el destino de los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), que se obtendrán de los entes territoriales a través del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y del Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet).
Advierten que se debe evitar que se utilicen en medidas innecesarias o que favorezcan a sectores distintos a los más vulnerables en esta crisis. Esta medida se desarrolla en el Decreto 444, que ha recibido críticas de distintos sectores políticos.
«Confío en que la Corte Constitucional modulará las medidas contenidas en el decreto que establece el estado de excepción. Por ello, solicitamos ampliar todos los programas sociales para que se pueda llegar, en un futuro próximo, a una renta básica para las poblaciones que no se benefician de estos programas. También pedimos que las autoridades locales tengan las herramientas necesarias y recursos económicos adicionales para atender la crisis en los departamentos y municipios», señaló el senador Cepeda a través de la página informativa del Congreso de la República.
Por su parte, el senador del Partido de la U, Roy Barreras, enfatizó en que la revisión del decreto en contexto con los decretos subsiguientes demuestra que la priorización ha sido para reformas económicas de corto y mediano plazo, pero hoy casi un mes después, al sector salud no le han llegado recursos de la emergencia, cuando el confinamiento solo se justifica para que los gobiernos ganen tiempo en la adecuación de sus sistemas hospitalarios. El Decreto 417 es constitucional si cumple el objetivo de atender la emergencia sanitaria.
Finalmente, los congresistas solicitan a la Corte Constitucional que, durante el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno, se garantice la prestación continua de servicios públicos a todos los sectores de la población, como garantía para la protección de derechos fundamentales.