La implementación de los acuerdos de La Habana ha significado, entre otras, un cambio fundamental en las regiones del país: la salida de más de 7.000 personas armadas de las selvas colombianas. Las implicaciones sociales, políticas y ambientales de lo anterior ya han sido introducidas por las versiones previas del informe ‘¿Cómo va la paz?’. Sin embargo, los rostros de la conflictividad territorial en el país siguen teniendo como principal afectada a la naturaleza.
La Reforma Rural Integral es muy clara en declarar su intención de cerrar la brecha entre campo y ciudad, empresa que además de plantear un nuevo modelo de planeación territorial, identifica el cambio climático como fenómeno a combatir desde la implementación territorial de los acuerdos entre Farc y Gobierno. Mientras el desarrollo sostenible, la soberanía alimentaria o la restauración de ecosistemas aparecen entre los programas de la cristalización de la Reforma Rural Integral, episodios de deforestación, minería ilegal en cuencas hídricas y actividades productivas en áreas protegidas siguen siendo el común denominador a lo largo y ancho del país. Las anteriores circunstancias con sus respectivos contrapesos como las burbujas ambientales del Ministerio de Ambiente, la captura de mineros vinculados a grupos delincuenciales o las consultas populares impulsadas por las comunidades en un buen número de municipios.
En este capítulo se abordarán tragedias y retos ambientales en las zonas pos-Farc, poniendo especial atención en circunstancias que continúan haciendo de la naturaleza un sujeto re-victimizado por las dinámicas territoriales del posconflicto. Pero también se recogerán experiencias concretas que permiten hallar en la terminación del conflicto armado una posibilidad para la restauración y la conservación de los ecosistemas más golpeados por la confrontación bélica que se ha mantenido en territorio nacional. El cese al fuego bilateral con el ELN le ha dado mayor perspectiva al principio de sacar a la naturaleza de la guerra.
Inventariar ambientalmente las zonas pos-Farc, revisar el avance del fenómeno de la deforestación, llamar la atención sobre los ríos más afectados por el conflicto que hoy siguen a merced de la guerra y las economías ilegales, y señalar los avances y las demoras del proceso de zonificación ambiental son los principales propósitos de este capítulo. Tanto el gobierno colombiano, como las Farc y el ELN han reconocido reiteradamente la centralidad de la biodiversidad como sujeto de reparación en la construcción territorial de la paz. Iniciativas desde la sociedad civil como el Diálogo Minero-Energético, el Pacto por el Agua, los guardianes del oso, las consultas populares, entre otras, no hacen más que llamar la atención sobre la necesidad de caracterizar las conflictividades que se siguen dando entorno a la biodiversidad y los bienes naturales de Colombia, para luego dar un paso adelante en la construcción participativa de planes que reviertan los efectos de la guerra en la naturaleza.
En últimas, poner el lente de la implementación –de los acuerdos de La Habana– en el medio ambiente es una apuesta por señalar la urgencia de hacer realidad el nuevo modelo para planear y ordenar el territorio que ha sido acordado en la mesa de negociaciones.
Tomado del tercer informe Cómo va la Paz, Terminó la guerra, el postconflicto está en riesgo. Un año del acuerdo de paz