Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad
Sin mucho ruido —como el gobierno ha buscado que se muevan sus proyectos de ley en esta tercera legislatura— y con poco cubrimiento mediático, el 29 de abril de 2024 se aprobó en primer debate, en la Comisión Sexta de Senado, un proyecto de ley que busca, entre otras cosas, impulsar el pensamiento crítico del país a partir de las tesis de Camilo Torres, Orlando Fals Borda y otros clásicos del pensamiento sociológico y político del país, además de hacer un reconocimiento a la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia como cuna del pensamiento crítico.
Según lo reportó El Espectador, Robert Daza, quien es senador por el Pacto Histórico y es líder social, militante del Polo Democrático en Nariño, es autor de este proyecto de ley que fue aprobado con 5 votos contra 4, y que desde el 29 de julio de este año ya tiene un informe de ponencia para ser presentado en la plenaria del Senado que aún no ha sido debatido.
Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ya habíamos indicado que Daza tenía un proceso en curso en la Corte Suprema de Justicia, debido a una acusación de rebelión y de tener presuntos vínculos con el ELN, por la que está siendo investigado, pero que fue noticia en mayo de este año, debido a que la Sala de Instrucción decidió no imponerle medida de aseguramiento y llevarlo a la cárcel.
A pesar de estar estancado en medio del mar de iniciativas que suele inundar el congreso en estos días, y con las tensiones existentes entre el gobierno nacional y el Senado por cuenta del hundimiento del presupuesto y su posterior decreto por parte del presidente la próxima semana, junto con la crisis desatada por la apertura de la investigación del Consejo Nacional Electoral contra la campaña presidencial de Petro en 2022, el proyecto ha comenzado a generar ruido, en medio de la disputa por los símbolos y la narración de la historia que Gustavo Petro y el gobierno nacional han emprendido durante estos primeros dos años de gobierno.
Del mismo modo, hace cuatro meses atrás, Petro volvió a generar ruido tras señalar que había convertido al sombrero del asesinado candidato expresidencial y comandante en jefe del M19 al momento de su tránsito a la sociedad civil, Carlos Pizarro, en patrimonio cultural de la nación. Asimismo, el gobierno había declarado que se había encontrado una de las sotanas de Camilo Torres, luego de que Medicina Legal hiciera un estudio sobre la prenda que un obrero le entregó al presidente a mediados de este año y que se suma a las otras dos que la Universidad Nacional tiene en su poder, entregadas por la microbióloga y amiga de Torres, Leonor Muñoz.
Detrás de estos actos simbólicos y la patrimonialización de estos elementos, queda un debate abierto entre las víctimas del conflicto, los partidos políticos y la sociedad en general sobre la manera como el gobierno ha usado la simbología y la memoria para construir otros relatos sobre la historia —alternativos casi siempre a las narrativas oficiales—, y como estos relatos han tenido la pretensión de convertirse en una nueva narrativa hegemónica, una nueva forma de contar la historia y, por ese mismo camino, tener la posibilidad de caer en procesos de exclusión.
Un monumento al pensamiento crítico
Fuente: Fundación Paz & Reconciliación.
El proyecto de ley 076 de 2023, “[p]or medio de la cual se promueve y reconoce el pensamiento social, crítico y la práctica humanista, como base fundamental para la educación para la paz con justicia social en Colombia y se dictan otras disposiciones” fue propuesto por Daza y por otros senadores de la bancada del Pacto Histórico, con la finalidad de “(...) reconocer y promover la praxis y el pensamiento crítico y humanista colombiano a partir de las concepciones de pensadores y pensadoras que, desde su práctica académica y política, han contribuido al desarrollo de la educación popular, la investigación social, la pedagogía, y el poder popular”, como señala el mismo texto.
El proyecto, entre otras cosas, genera ruido por dos elementos. El primero, contenido en el parágrafo 1 de su artículo 3, porque ordenaría al Estado, entre otras cosas, la promoción, difusión e inclusión de ideas como el amor eficaz, la metodología de investigación-acción participativa (IAP), la educación popular y la educación para la paz, además de metodologías de alfabetización adultas consideradas alternativas.
Inicialmente, el proyecto proponía que la difusión de estas ideas quedase a cargo de las instituciones de educación superior públicas (IES), pero en el primer debate estas referencias a la educación superior quedaron eliminadas, en parte, porque ponían en duda la autonomía universitaria.
Fuente: Gaceta 1058 de 2024. Congreso de la República.
El segundo, por su parte, está contenido en el artículo 5, donde plantea, sobre las acciones y obras para fortalecer el pensamiento crítico en Colombia, la construcción de monumentos y obras de memoria para los pensadores críticos del país referenciados en el texto, que son Camilo Torres Restrepo; Alfredo Molano; María Tila Uribe; Orlando Fals Borda; Magdalena León; Eduardo Umaña Mendoza y Estanislao Zuleta.
Fuente: Gaceta 1058 de 2024. Congreso de la República.
Para Daza, según El Espectador, la urgencia por hacer visibles las ideas de Camilo Torres y de otros pensadores más allá del estigma que se les ha impuesto, y sus aportes a la sociedad y a la academia colombiana exigen, de antemano, un reconocimiento a nivel simbólico y monumental. De igual modo, en el proyecto se especifica que la urgencia por su reconocimiento parte de la nueva condición política abierta por la llegada de un gobierno alternativo, para dar las discusiones frente a una nueva cultura y unas nuevas prácticas en el ámbito de lo académico y lo popular, que abran nuevos caminos al humanismo y a la educación popular para el cambio.
Es esto último lo que ha generado la alerta de varios de los senadores por fuera de la bancada de gobierno, quienes denuncian que el proyecto de Daza puede ser riesgoso, pues se pone al borde de la consolidación de un discurso doctrinario y sectario. Guido Echeverry señaló a El Espectador que este proyecto posee una fuerte carga ideológica, razón por la cual votó en contra en la Comisión Sexta en abril pasado.
Del mismo modo, uno de los principales cuestionamientos al proyecto es que podría consolidar una narrativa histórica única, centrada en figuras de izquierda y excluyendo otras visiones del pasado. Esto ha sido señalado por varios senadores y analistas, como el sociólogo Daniel Mera, quienes temen que, al establecer un relato institucional hegemónico, el gobierno no dé cabida a otras voces y experiencias que también han sido fundamentales en la construcción del país.
Con las pocas mayorías que tiene el gobierno en esa corporación en pleno, y con el choque de trenes existente con el Congreso, es muy probable que el proyecto no pase, mucho más cuando los nombres y las ideas que figuran allí son asociadas en su mayoría a postulados de izquierda, lo que puede motivar a que la mayoría de los senadores opositores e independientes se nieguen a aprobarlo.
El gobierno Petro y los dispositivos con los que opera la memoria
Fuente: RTVC Noticias.
La espada de Bolívar, el sombrero de Pizarro, la sotana de Camilo Torres y la referencia constante a López Pumarejo, Jaime Bateman, Jorge Eliécer Gaitán, y a otras de las grandes figuras liberales y rebeldes que ha tenido el país han sido interpretados por intelectuales y analistas como manifestaciones de narcisismo.
No obstante, se ha perdido en el debate que la simbología que ha intentado construir el gobierno gira no solo alrededor del presidente, sino de la construcción de nuevas narrativas y relatos sobre un pasado que, para el gobierno Petro, ha sido interpretado solamente desde una mirada institucionalista, ligada a las élites del país.
La disputa por ese pasado, para el gobierno, se da en el marco de cómo se le da cabida y voz a la memoria y a los relatos de los grupos sociales que no han detentado el poder y que han sido narrados por académicos y por figuras políticas, y a las que no se les ha dado voz. Sin embargo, ha surgido un problema, especialmente frente al rol hegemónico que tiene hoy el gobierno, en el que se ha cuestionado si esos símbolos que ha construido sí son universales, incluso para las minorías sociales que el progresismo señala en representar.
Una de esas grandes discusiones se abrió en el marco de la ceremonia sobre el sombrero de Pizarro, en el que varias de las víctimas de la toma del Palacio de Justicia indicaron en medios que el acto en el que el sombrero se reconoció como patrimonio hacía daño a las víctimas, al ensalzar los símbolos y la cultura de la violencia. Por ese mismo camino iba la periodista Yolanda Ruiz, quien en una columna del diario El País de España del 13 de agosto indicó que la necesidad de simbolizar elementos ligados al pasado y a las luchas de un sector político corrían con el riesgo de excluir otras voces, incluso en una izquierda que, a diferencia del M-19, es mucho más amplia y diversa dentro del Pacto Histórico.
Así mismo, el proyecto de Daza que hoy está a la espera de ser agendado en el orden del día de la Plenaria del Senado corre el mismo riesgo de caer en una narrativa unidireccional y unívoca frente al pasado, especialmente frente a sus ideas sobre la justicia social y la educación para la paz, que son contestadas y respondidas por otros sectores políticos que no son afines a la concepción de Fals Borda, Torres y otros de los autores señalados en el proyecto de ley.
Además, el proyecto de Daza abre un cuestionamiento importante sobre cómo la izquierda colombiana está construyendo su propio relato de memoria y cómo se ubica frente a ella, lo que se suma a los símbolos como la espada, el sombrero y la sotana, que hicieron parte de un repertorio de acción de ciertos grupos, pero que no engloban en su totalidad las diversas experiencias de una izquierda que dio múltiples luchas en diferentes escenarios, más allá de la lógica insurgente y combativa en la que Petro y su gobierno emergieron.
Un buen ejemplo de ello fue el recién acto de reconocimiento del Estado sobre el exterminio al que fue sometido la Unión Patriótica, el 11 de octubre, a la que el presidente Petro decidió no ir de último minuto debido a recomendación médica. Aunque la representación del partido, en cabeza de la senadora Jahel Quiroga, estuvo de acuerdo en la suspensión, las víctimas reclamaron la presencia del gobierno, bajo el llamado de “si no está el presidente, nos vamos”.
La molestia de las víctimas se dio también porque el gobierno ofreció finalmente las excusas en nombre del Estado a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), en un acto que las organizaciones y los asistentes observaron como insuficiente e indigno, más cuando se esperaba este acto desde el fallo del 27 de julio de 2022 y emitida el 30 de enero de 2023, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia contra el Estado colombiano por el exterminio de más de 6000 personas militantes de este partido entre los años 80 y 90 del siglo pasado, en una de las historias más oscuras que ha atravesado el país.
La nueva memoria pública e institucional
Fuente: Revista Cartel Urbano, en X (anteriormente Twitter).
La otra lógica en la que el gobierno se está moviendo está frente a la “patrimonialización” de aquellos relatos y símbolos con los que el gobierno considera que le está dando voz a las minorías y subalternidades sociales (campesinos, obreros, mujeres, jóvenes, grupos étnicos, diversidades, entre otros), enmarcados en la tensión de la idea del “monumento” como un escenario de territorialización de la memoria, donde se manifiestan las disputas entre lo que se recuerda y lo que se olvida, así como las reflexiones y aprendizajes sobre acontecimientos en el pasado reciente.
Esta discusión ya había emergido en el paro nacional de 2021 frente al derrumbe de varias estatuas de colonizadores por parte de la comunidad misak en Bogotá y Cali, así como la erección del monumento de Puerto Resistencia en Cali, que terminaron abriendo en debate sobre cómo la movilización social estaba generando sus relatos de memoria en medio de un estallido social marcado por la violencia institucional y parainstitucional, para gestionar una memoria colectiva que, atravesada por la violencia política, quisiera recordar y olvidar frente al espacio público en el que desarrolla su vida, como lo señala la historiadora Yaneth Mora Hernández en su artículo “lugares de memoria: entre la tensión, la participación y la reflexión”[1]
Sin embargo, el proyecto de ley presentado por Daza caracteriza la monumentalización y el homenaje a estas figuras importantes en el pensamiento crítico desde una perspectiva hegemónica, con la que se ha buscado recordar los momentos más importantes de la historia del país y consolidar una “memoria pública” pero guiada desde lo institucional, que busca consolidar un solo relato único, a pesar de que, en su intención, el proyecto de ley quiere traer del olvido a estos referentes.
Lo que implica que, entre otras cosas, la forma como el gobierno Petro trata a la memoria histórica sí tiene una pretensión de modificar el relato de nación desde el mismo Estado, lo cual es importante, porque al igual que toda historia institucional, hay que notar dónde se encuentran las ausencias en esos lugares donde se plantea establecer la memoria, y como esta nueva memoria pública institucional dialoga o choca de frente con los ejercicios de memoria colectivos que se escapan a esa institucionalización.
En parte, porque de la manera como el gobierno logre consolidar un relato institucional alterno de lo que fue el pasado y la historia, puede sostener y justificar su idea del cambio como concepto central en su discurso político. En cierto modo, oponer un relato del pasado frente a otro (en el que pone a las élites políticas, a la tecnocracia y a los grandes sectores económicos) le permite ubicar en su espectro político a los fantasmas que se deben ahuyentar y consolidar la identidad de su proyecto político, igual que las justificaciones frente a los resultados que está presentando y que en dos años serán la vara de medida de su proyecto.
Además, porque la consolidación de un relato desde lo monumental y desde la memoria le permitirían sostener una base de apoyo desde lo discursivo frente a la atomización de sus bases, que poco a poco asisten menos a sus convocatorias y que le han obligado, entre otras cosas, a volver a aparcar la radicalización democrática y la movilización como estrategias de presión, como lo señaló El País de España y como lo indicamos en este artículo.
Para la historiadora Yaneth Mora, al final, la monumentalización sí tiene un carácter democratizante y refleja una lucha por los derechos humanos y por la reivindicación histórica. No obstante, abre el cuestionamiento si estos espacios pueden comunicar la memoria respecto al pasado y si pueden comunicar y abrir espacios reflexivos frente a los sucesos, o si su carácter fijo impide esas dinámicas, especialmente frente a las formas como la sociedad territorializa sus propios recuerdos.
Del mismo modo, queda en el tintero si la iniciativa de Robert Daza de traer al pensamiento crítico a los monumentos permite que éste se exprese o si, por el contrario, termina siendo un símbolo estático y un nuevo argumento en los símbolos con los que el gobierno elabora su discurso hacia el pasado que quiere ampliar, hacia el presente en el que busca sostenerse y hacia el futuro de su Pacto Histórico.
[1] MORA HERNÁNDEZ, Yaneth. “Lugares de memoria: entre la tensión, la participación y la reflexión”. En: Panorama, Volumen 7, Núm. 13. 2013. Págs. 97-109.
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