Por: Redacción Pares
El principal cuello de botella de la paz total hoy es la presencia extendida de actores armados con capacidad de control y daño, pero cada uno con agendas e intereses diversos. El ciclo de violencia que se vive no tiene nada que ver con la Paz Total. Con excepción del ELN una característica de la violencia armada organizada en Colombia es que los grupos que la ejercen pueden sobrevivir y adaptarse. El Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia, con un fuerte arraigo en las zonas de influencia de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, el Estado Mayor Central de las FARC-EP que trata de replicar el control territorial y especialmente de población en zonas de antiguo control de las antiguas FARC, la Segunda Marquetalia cuya narrativa fundacional fue la traición al acuerdo de paz del 2016 y un cuarto caso que con las estructuras urbanas del crimen organizado, que en algunos casos como Medellín y el Valle de Aburrá tienen una larga trayectoria de regulación del crimen y el delito, pero también de imposición de normas sociales, lavado de activo y grandes inversiones en la economía legal y formal.
La expansión desde el 2018, cuando las FARC se van, era apenas natural. Sin copar estas zonas el Estado lo hacen los grupos armados. El cese al fuego no fue el principal contribuyente al crecimiento.
La capacidad de los grupos armados para gobernar de facto un territorio, tomar decisiones sobre las normas sociales, culturales, la economía y la política está siendo inversamente proporcional a la capacidad de una respuesta institucional o formal a un problema básico de la comunidad como la función de policía, la aplicación de normas, la prestación de seguridad y algunas dotaciones de bienes públicos.
La alta percepción de violencia no sólo se explica en el foco que tiene actualmente el país sobre guerras de alto impacto social y mediático como la que se está librando en el departamento del Cauca, ni sobre la expectativa generada en los inicios del gobierno de que los esfuerzos de negociación redundarían en reducción de violencia en todos los lugares del país. Sin embargo, lo que nos ha mostrado el análisis territorial es que las violencias que se asocian a la grave situación humanitaria están permaneciendo o bien silenciadas como en el caso del reclutamiento de NNA o bien con altas dificultades para la denuncia en zonas rurales y en municipios alejados.
Una suspensión nacional del cese al fuego de forma abrupta puede llevar a un escalamiento violento sin capacidad de contención por parte del Estado, que incluso lleve a la población a optar por apoyar medidas que suspendan el estado de derecho local – ya de por sí frágil – a cambio de una protección básica en seguridad. En vez de cese al fuego, cero la violencia contra civiles. Es urgente detener el ciclo de expansión de los grupos armados. Una base jurídica más clara, un plan y un norte más estable en la política de paz son importantes, pero no toda estabilidad es jurídica. Se necesita que el Estado actúe como uno solo a nivel regional, departamental y municipal. Proteger el mayor activo para la paz. Una paz no centrada en los actores armados es una paz más efectiva y protectora- No puede haber un solo defensor de derechos humanos más asesinado.
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