Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad
De la relación rota con el Congreso emerge la apuesta del gobierno: la consulta popular como un “todo o nada”
Aunque ya estaba cantado que la reforma laboral se caería, desde que los 8 senadores de la Comisión Séptima firmaron la ponencia de archivo del proyecto, el golpe simbólico quedó patente tras la votación que se dio en menos de 15 minutos, con un ambiente caldeado por las arengas de los representantes a la cámara del Pacto Histórico que hacían presencia en el recinto y que terminó en roces y gritos entre congresistas, unos llamando a que se medirían las fuerzas en las calles, otros a que la reforma laboral era un asunto irresponsable.
La situación terminó por confirmar los temores del gobierno de que existe un bloqueo institucional contra su agenda de reformas. Esta vez, porque ni los llamados a la concertación del bloque de independientes (con la intervención de Jennifer Pedraza) ni los llamados a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en el país (con las intervenciones de María José Pizarro y los senadores del Pacto Histórico de la Comisión Séptima) fueron suficientes para evitar el archivo.
El bloque de congresistas opositores, amparado en la idea de que estaban siendo perseguidos por el gobierno, hablaron de que no había garantías para ninguna negociación. En el aspecto técnico, con un concepto de la ANDI que señalaba cifras catastróficas en caso de aprobarse la reforma laboral, no cedieron ante la declaración de que existía un aval fiscal para que se implementara la reforma.
No es para menos. Aunque venía siendo un rumor en los medios, en horas de la noche se confirmó la renuncia de Diego Guevara como ministro de Hacienda. Según La Silla Vacía, la salida de Guevara se dio en un escenario de tensiones con el presidente, especialmente ante la necesidad de recortar presupuesto, luego de que la Comisión Autónoma de la Regla Fiscal (CARF) indicara que existe una crisis fiscal, ante el déficit en el recaudo de impuestos (que en enero llegó hasta el 12,3%).
Con la urgencia del gobierno por ampliar el gasto público para mover proyectos y comenzar a presentar resultados a un año y 5 meses de terminar su mandato, las declaraciones del asesor designado por el MinHacienda para intervenir en la Comisión, Jorge Coronel, de que existía un aval fiscal para la reforma, no generó confianza entre el bloque de 8 senadores que querían el archivo. Que Guevara no estuviera tampoco ayudó.
Con la amenaza de este mismo bloque de senadores de tumbar la reforma a la salud, que también fue aprobada en semanas anteriores en plenaria de Cámara y que precisamente pasó a la Comisión Séptima —donde en abril de 2024 también fue tumbada por ese mismo grupo—, las relaciones entre el gobierno nacional y el Congreso de la República quedaron heridas de muerte.
Aunque el gobierno nacional sigue manteniendo sus mayorías en Cámara con el bloque de representantes cercanos que tiene tanto en la bancada de gobierno, como en el Partido Liberal, en el Partido de la U y en el Partido Conservador, es claro que en Senado no tiene la suficiente capacidad para mover sus proyectos. Menos cuando el costo de la transacción —es decir, del costo de las negociaciones y el valor de los intercambios políticos— en el Congreso supera ahora mismo el capital político que el gobierno puede mover allí. Ahora mismo, con la salida del Partido Liberal de la coalición de gobierno en enero de 2025, el gobierno tiene asegurado por lo menos 52 votos en la plenaria de esa corporación, cuya mayoría sigue siendo frágil y dependiente de negociaciones.
Es en ese ambiente donde el gobierno ha hecho una apuesta arriesgada con la consulta popular como propuesta última, para mover los principios fundamentales de las reformas sociales que faltan por pasar o que se han caído en el camino. También es aquí donde el rol de Armando Benedetti adquiere mucho más sentido como ministro del Interior, pues la jugada del gobierno con su nombramiento es que haga viable y disminuya estos costos de transacción política dentro del Congreso, a través del carisma del hoy ministro y de la capacidad que tendría para negociar con muchos de sus excompañeros parlamentarios.
Hay buenas razones para ello. Primero, porque ya los partidos han comenzado a poner posturas sobre la consulta popular. Por un lado, según El Tiempo, Cambio Radical y su líder natural, Germán Vargas Lleras, salieron a oponerse a la consulta e indicaron que sea cual sea su contenido, votarán negativo al proyecto. Por otro lado, de manera sorpresiva, tanto los sectores independientes del Partido Alianza Verde como el Centro Democrático señalaron que esperarían a conocer las preguntas para saber cómo iban a votar. Misma posición que los partidos tradicionales (Liberal, Conservador, De la U) que afirmaron que, aunque poseen bloques abiertamente antagónicos entre oficialistas y opositores al gobierno, buscarán sentar posiciones únicas o dejar libre el apoyo o el rechazo a la iniciativa.
Siendo así, el gobierno contaría ahora mismo con los mismos 52 votos que tiene asegurados en Senado desde el inicio de la Tercera Legislatura, tal como lo hemos afirmado desde el informe de la Línea de Democracia y gobernabilidad donde hacemos seguimiento a las movidas de poder dentro del Congreso. La labor de Benedetti estaría, en ese sentido, en lograr el apoyo de la bancada del Partido de la U y tener votos clave en los sectores liberales y conservadores que son independientes y lejanos al gobierno, para superar la mayoría.
No obstante, allí surge el segundo reto de la iniciativa que está impulsando el gobierno, que es el contenido de las preguntas, el elemento clave que permitiría que la consulta cuente con apoyos o termine hundiéndose en la plenaria del Senado. Ya el gobierno dio un primer atisbo de como serían estas mismas, cuando el presidente Petro indicó, en un evento de restitución de tierras ancestrales al resguardo indígena arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, que su primera pregunta sería si el día se acaba a las 6 pm, en referencia a su propuesta de que el recargo nocturno comience a contarse desde las 7 pm y no desde las 9 pm, como ha venido siendo desde la reforma laboral del gobierno Uribe en 2003.
La respuesta de la mayoría de los sectores de oposición y de los congresistas independientes no se hizo esperar y ambientan que el debate sobre la pertinencia de las preguntas se volverá un nuevo asalto entre la necesidad de concertar para que este tipo de iniciativas tenga aceptación y pase en el Congreso, o la posibilidad de que suceda un nuevo atrincheramiento de cada uno de los actores en sus posturas, el cierre de cualquier tipo de negociación y suceda el acto final que termine cualquier intento del gobierno por pasar sus iniciativas en el Senado y en la Cámara de Representantes.
La “larga marcha” del progresismo: la movilización social responde en las calles, pero el reto es sostenerla
Un hecho es innegable: las manifestaciones del pasado 18 de marzo fueron masivas, tanto o más que las marchas del primero de mayo de 2023 y 2024, donde el gobierno, apalancado en las movilizaciones de los sindicatos y de los partidos del ala más izquierda de su bloque de gobierno, ha logrado reunir mucha gente. Y aunque el éxito de las manifestaciones no puede medirse solamente por la cantidad de sus asistentes, sí es verdad que en este caso la gente contestó al gobierno en las calles ante dos cosas fundamentales: el cantado hundimiento de la reforma laboral y la consulta popular.
Ambas tuvieron suficiente calado porque responden a dos fenómenos. El primero tiene que ver con la reforma laboral como la expresión de varias de las principales demandas del movimiento social espontáneo que emergió durante los estallidos de 2019 y 2021, en tanto los principales puntos de la reforma (inicio del recargo nocturno a las 7 pm; aumento del recargo dominical del 75% al 100%; Incremento en la indemnización por despido sin justa causa; contrato laboral a término fijo para practicantes o aprendices, entre otros) buscaban responder a la necesidad de mejoras en las condiciones laborales, mayor estabilidad en el empleo y protecciones contra despidos injustos. Su hundimiento termina siendo un golpe mucho más fuerte hacia un amplio sector de la sociedad que esperaba estas mejoras, y que termina siendo un ignitor del descontento social.
El segundo tiene que ver con la capacidad que ha tenido el gobierno para posicionar entre sus bases la idea de que existe un bloqueo político institucional en el Congreso de la República, que ha impedido que su agenda de reformas sea negociada y haya terminado siendo víctima de estrategias de ralentización y estratagemas legales para impedir su discusión y debate, tanto por conceptos técnicos como por consideraciones ideológicas. No obstante, aunque este discurso ha venido siendo sostenido por el presidente Petro desde mediados de 2023, tras el inicio de la segunda legislatura, ahora tiene más efectividad en tanto tocan una reforma social mucho más cercana a las necesidades inmediatas de la gente.
El problema que tiene el gobierno es si tiene la capacidad de mantener el desgaste que implicará la discusión de la consulta popular a lo largo del tiempo que dure su trámite. Inicialmente, porque esta dependerá primero de que sea aprobada en la plenaria del Senado, donde, como lo señalamos en el apartado anterior, el gobierno no tiene suficientes mayorías.
En caso de ser aprobada, el reto estará en dos grandes puntos donde el gobierno ha tenido problemas: por un lado, la capacidad de movilizar a sus bases para que comuniquen y hagan pedagogía sobre las preguntas de la consulta. Como antecedente, en 2018 Claudia López, Angélica Lozano y varios políticos en el país impulsaron la consulta popular anticorrupción bajo la campaña “7 veces SÍ” que, aunque tuvo bastante aceptación entre la gente, no cruzó el umbral de votos necesario para que alguna de sus preguntas se convirtiera en proyectos de ley. Mismo problema que tuvo la pedagogía alrededor del SÍ en el Plebiscito por la Paz de 2026, en la que los discursos conspirativos de la campaña del NO lograron movilizar a amplios sectores de la población y ganaron en aquellos comicios.
Por otro lado, el gobierno tiene la tarea de convocar a sectores sociales que se han distanciado, ya fuese por desencanto o rupturas con el gobierno (como el movimiento feminista, que tras el nombramiento de Benedetti como MinInterior se ha alejado en su mayoría de Petro) o que directamente no están convencidos ni de que la consulta popular sea la salida, ni de que la agenda de reformas sociales sea la más adecuada. Varios sectores políticos le quieren apostar al llamado a la abstención (antes que a una campaña por el NO a esta consulta) como una medida más efectiva, apelando a que, en general, la cifra de abstencionistas en las elecciones nacionales en el país en promedio está por encima del 50%.
Por ahora, el gobierno apuesta por trasladar el debate de las reformas a la ciudadanía, pero enfrenta un reto doble: no solo garantizar que la consulta sea viable políticamente en el Congreso, sino también que logre movilizar a una base electoral que, aunque el pasado martes llenó calles y plazas, hasta ahora no ha mostrado una respuesta más contundente a su llamado a la movilización. A eso hay que agregarle los tiempos, pues quedan solo 1 año y 5 meses de gestión, en las que el gobierno debe correr prácticamente una contrarreloj.
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