Por: Laura Bonilla
El gobierno nacional publicó una infografía que muestra un incremento del 28% en la incautación de cocaína, medida en toneladas. Esta cifra positiva desmiente la percepción común de que la fuerza pública ha estado inactiva en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, el aumento de incautaciones no es tan positivo si se considera que se esperaba que presionara significativamente al crimen organizado en Colombia al crear menos condiciones favorables de mercado. O tal vez no.
Lo que sí es cierto es que el mercado de la cocaína está viviendo una crisis, principalmente debido a un incremento importante en la oferta del alcaloide. Esto se debe, en gran medida, a la entrada de nuevos actores como Perú y Honduras, así como al aumento del uso de hoja de coca para la producción de cocaína en Bolivia, en contravía de la tendencia de los últimos veinte años, que mostraba una disminución del uso de la hoja de coca en la producción de cocaína a favor de los usos tradicionales y culturales. Ya no es el mercado donde Colombia tenía el monopolio de laboratorios y exportación. En Ayacucho (Perú), durante 2023, se han desmantelado laboratorios con capacidad de alrededor de una tonelada, según datos de la Policía Nacional del Perú. Si a esto se suma la capacidad de deforestación de áreas amazónicas, la crisis política y la aparición de cultivos de coca que conviven con la deforestación, es lógico advertir que ya no somos indispensables en el mercado, y que, por ende, el precio del insumo primario – es decir, la hoja de coca y la subsecuente pasta base – está por los suelos.
Así que, en un escenario ideal, esta presión económica, sumada a una adecuada intervención estatal en sustitución, un marco normativo favorable, avances en la formalización de predios rurales y un impulso decidido a las obras que requiere la economía rural para ser rentable, sería una oportunidad de oro. Por primera vez, cuando se está pagando la carga de hoja a 30,000 pesos en el Catatumbo, hay un amplio portafolio de productos que le harían una buena competencia, con mejores rentabilidades y menores riesgos. Pero eso no es lo que está pasando.
Por una parte, varias comunidades tienen la esperanza de que la crisis va a continuar. Por otra, una porción importante y cada vez mayor de cultivos industriales puede resistir la crisis manteniendo un precio bajo y sin perder capacidad de producción. Además, la fracasada implementación de los PNIS se suma a la frustración y bajas expectativas de las comunidades campesinas que subsisten de la economía de la coca y encuentran mejor mover la frontera agraria una vez más, talar y tratar de ampliar la producción para contrarrestar el menor precio. En síntesis, la gente puede llegar a creer profundamente en que se tienen intenciones de cumplir promesas, pero hoy no creen que el gobierno sea capaz.
Y la verdad es que es una encrucijada. Una de las razones por las que el gobierno no ha podido llevar recursos y capacidades al territorio es que los instrumentos para atender a los municipios más pobres no son coherentes entre la necesidad y la solución. El contrato-plan, por ejemplo, que es una de las pocas figuras que se podría usar y con la que de hecho el gobierno pretende cumplir el llamado Pacto Catatumbo, implica que las entidades territoriales pongan el 40% de la inversión total. Esto, para un municipio de categoría seis, que a duras penas paga la nómina y sin capacidad de recaudo propio, es prácticamente un imposible. Es lógico que la estructuración de un proyecto así tarde por lo menos un año, tiempo que no se tiene.
Así que, si no se encuentra una fórmula práctica para aprovechar este momento y lograr transiciones económicas en las zonas más afectadas por esta crisis de la coca, el esfuerzo de la incautación no servirá. Finalmente, los grupos armados y la criminalidad organizada tienen los recursos para diversificar sus ingresos a través de un férreo control territorial que les permite extraer rentas de cualquier economía en sus zonas de influencia, sea minería, extorsión, explotación y tráfico de personas, entre otras. La gente no tiene esa posibilidad. Hay que nivelar la cancha.