Por: Katerin Erazo, Periodista
El tercer ciclo de negociaciones entre el Gobierno colombiano y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano concluyó con avances clave en el proceso de sometimiento de este grupo armado. Durante la jornada, ambas delegaciones acordaron fortalecer el plan de sustitución de cultivos ilícitos en Nariño, una iniciativa que, aunque fue pactada en diciembre, sigue en fase de articulación con las comunidades.
Además, se establecieron garantías de seguridad para el desarrollo del proceso y se definió la creación de subcomisiones que abordarán los obstáculos jurídicos que enfrentan estas conversaciones. Uno de los principales desafíos es que los integrantes de este grupo, conformado por excombatientes de las FARC que desertaron tras la firma del Acuerdo de Paz, no pueden acogerse a los beneficios de la justicia transicional.
Ante esta realidad, el jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, aseguró que la búsqueda de una solución jurídica para el sometimiento deberá seguir un camino sociopolítico, lo que podría incluir un eventual cese al fuego. En este sentido, no descartó la posibilidad de emplear mecanismos de la Ley de Justicia y Paz, aunque enfatizó que para ello sería necesario un ajuste legislativo que amplíe el marco normativo actual.
Sobre la posibilidad de una tregua, se estableció la conformación de una comisión técnica que tendrá la tarea de diseñar los protocolos para un eventual cese al fuego bilateral. Walter Mendoza, delegado de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, manifestó que el grupo está dispuesto a avanzar en un tránsito de la lucha armada a la política, siempre que existan garantías jurídicas para su proceso. Sin embargo, evitó confirmar si ese paso se daría antes de 2026.
Este grupo insurgente, que surgió tras la fragmentación de la Segunda Marquetalia, está integrado por estructuras como la ‘Coordinadora Guerrillera del Pacífico’ y los ‘Comandos de la Frontera’. Mientras los primeros operan en Nariño y Cauca y tienen antecedentes con el Frente 29 de las antiguas FARC, los segundos surgieron de una alianza entre disidencias y actores ligados al narcotráfico en el Putumayo. Ambas estructuras rompieron con la Segunda Marquetalia en noviembre pasado, anunciando su intención de continuar negociaciones con el Gobierno.
Con el respaldo de la comunidad internacional, las negociaciones avanzan en medio de múltiples desafíos. Aunque las partes han manifestado voluntad de diálogo, el éxito del proceso dependerá de la capacidad de encontrar mecanismos jurídicos viables y de la implementación de acuerdos que respondan a las demandas de las comunidades afectadas por la violencia en las regiones donde opera este grupo armado.
Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Seguridad y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), señaló que uno de los principales desafíos jurídicos en el proceso de sometimiento de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano radica en la reincidencia de sus integrantes en la lucha armada. Al haber firmado el Acuerdo de Paz de 2016 y posteriormente retomado las armas, estos excombatientes quedaron excluidos de los beneficios de la justicia transicional y están sujetos a la justicia ordinaria.
Según Marín, uno de los mayores retos en estos procesos es la falta de una base jurídica sólida que defina con claridad la metodología para su sometimiento. Aunque se han planteado rutas y mecanismos legales, aún no existe un marco definitivo que respalde el proceso de manera estructurada.
En cuanto al papel de la Ley de Justicia y Paz, Marín explicó que esta norma constituye un referente fundamental para los procesos de sometimiento, al igual que la justicia transicional a cargo de la JEP, la cual se basa en parte en este marco legal. No obstante, advirtió que los tiempos legislativos para ajustar la normativa dentro del actual gobierno son limitados, lo que dificultaría su aprobación en el Congreso. Esta situación no solo afecta las negociaciones con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, sino también otros diálogos en curso con distintos grupos armados.
Respecto a la implementación de un cese al fuego, la investigadora destacó que uno de los mayores desafíos es la georreferenciación y ubicación precisa de las tropas de los grupos negociadores. La falta de claridad en este aspecto ha derivado en enfrentamientos entre organizaciones armadas y ha limitado la capacidad de acción del Ejército en situaciones humanitarias. Para que un eventual cese al fuego sea efectivo, será necesario establecer nuevas estrategias que permitan al Ejército proteger a la población civil y, al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento de los acuerdos. En este sentido, el mecanismo de verificación, junto con organizaciones nacionales e internacionales, jugaría un papel clave en la supervisión y reducción de los niveles de violencia contra la sociedad civil.
Por otro lado, Marín enfatizó la importancia de reconocer el rol de las organizaciones y comunidades en los territorios afectados por el conflicto. Durante años, estas han tenido que negociar y mediar con los grupos armados como parte de su estrategia de supervivencia. En regiones como Nariño y Cauca, organizaciones como el CRIC han desempeñado un papel fundamental en la exigencia del cumplimiento de acuerdos territoriales.
En este contexto, además de garantizar un espacio de participación para estas organizaciones, es crucial que existan mecanismos de protección para sus integrantes. Esto es especialmente relevante en departamentos como el Cauca, donde numerosos líderes del CRIC han sido víctimas de violencia en los últimos años.
Comentários