Por: Paola Andrea Marín Molano
El pasado 3 de febrero, se dio conocer la reanudación de la mesa de diálogo socio jurídico, con el grupo armado más grande del país, el Ejército Gaitanista de Colombia o mejor conocido como el Clan del Golfo. Aunque la negociación no ha podido salir de un estado “gestacional”, tras puntos críticos como el Paro Armado del 2022[1], protagonizado por este grupo, o el bombardeo ejecutado por las FFMM en el municipio de Cáceres (Antioquia) en el cual fueron dados de baja cuatro integrantes de este grupo[2]. Desde pues casi dos años de la suspensión del cese al fuego con este grupo en marzo del 2023, pareciese que este nuevo espacio de negociación podría oxigenar la política de Paz Total, la cual, no salió bien librada tras el Consejo de Ministros en donde el ministro de Defensa y la ministra de Justicia, hicieron hincapié en la necesidad de replantear esta política expresando la dificultad de su implementación.
¿Por qué es importante negociar con el Clan del Golfo?
Para el año 2024, de acuerdo con el monitoreo de presencia armada realizado por PARES[3], se identificó que este grupo tenía presencia en 316 municipios, distribuidos en 24 departamentos del país. En comparación con el 2023, en donde se registró presencia en 270 municipios, este aumento en un 17%. Es decir, es uno de los grupos con más capacidad de expansión, teniendo en cuenta que grupos como el ELN, aumento su presencia en un 7%, o el EMC antes de las rupturas en su interior tenía un porcentaje de crecimiento del 25%, con relación al mismo periodo.
Su capacidad de expansión responde, en gran medida a su consolidación como un “holding criminal”, debido a que su estructura delictiva podría compararse a un holding empresarial. En donde sus actividades no solo son dirigidas al control de rentas ilícitas, sino que responden a una diversificación, gestionada y coordinada con diversos grupos delincuenciales, los cuales actúan en un nivel de “subcontratación”. Sin embargo, en regiones como el Caribe Colombiano, ya no actúan a través de la “subcontratación” con otros grupos, sino a través de la participación directa en las fases criminales o a través de alianzas estratégicas. Frente a este punto, autores como Reynell Badillo y Luis Fernando Trejos, han logrado caracterizar forma de operar en esta región. [1]
La experiencia y trayecto de sus mandos, muchos pertenecientes a grupos como las AUC o reductos de grupos paramilitares, les ha permitido arraigarse territorialmente, infiltrando diferentes niveles el orden institucional, generando articulaciones con sectores políticos y gobiernos locales, como ocurre en subregiones como el Bajo Cauca Antioqueño y el Sur de Córdoba en donde, por ejemplo, se ha reportado financiación a campañas de alcaldías y alianzas con diversos sectores políticos. [2]
De igual forma, su “portafolio de economías ilegales es variado. Este va desde el control de la comercialización de medicamentos, madera, licor, minería ilegal, lavado de activos, extorsión, el secuestro y el trafico de migrantes, las cuales se regulan a través de la amenaza del uso de la violencia o la violencia en sí misma. De ahí, que el jefe negociador de gobierno, Álvaro Jiménez, resalte que en el marco del dialogo socio jurídico, se trabajaran temas relacionados con el sometimiento a la justicia y la salida de las economías ilegales, como el narcotráfico, la minería, y el tráfico de personas migrantes y el control de las rutas en el Darién siendo este último, crucial, teniendo en cuenta el contexto de migración y la inasistencia y acción contestaría frente a la población migrante por parte del gobierno de Donald Trump.
Así, dejar a este actor fuera de la política de paz total, ha traído una serie de obstáculos, especialmente en lo que respecta, a la dispersión de la disputa territorial con otras organizaciones armadas, lo cual ha dejado un grave impacto humanitario en zonas de confrontación, tales como la cuenca media del Rio San Juan en Chocó, que por más de 3 años se ha visto afectada por paros armados, la mayoría decretados por el ELN, desplazamientos forzados y confinamientos; o más recientemente en la zona minera de la Serranía de San Lucas, el Alto Caribona y El Guamocó en municipios como Cantagallo, Santa Rosa del Sur y Montecristo; en el Sur de Bolívar, donde desde mitad del 2024, no cesan las acciones armadas por parte del Clan del Golfo, el ELN y el EMBF, o Estado Mayor de los Bloques, facción disidente liderada por “Calarcá”
¿Qué esperar de este escenario de dialogo?
Dado el contexto actual y el tiempo restante del gobierno, el escenario de diálogo con el Clan del Golfo no podrá materializarse en un proceso de desmantelamiento oficial de sus estructuras. Sin embargo, lo que sí es posible es la configuración de un espacio de concertación territorial, donde se avance en acuerdos parciales que mitiguen la violencia en zonas de alta conflictividad.
En este sentido, el gobierno podría enfocar sus esfuerzos en fortalecer mecanismos de diálogo regionales, con participación de comunidades, organizaciones sociales y gobiernos locales, lo que permitiría una aproximación más pragmática a la reducción de las hostilidades y al control de la expansión territorial del grupo. Esto no solo facilitaría la creación de condiciones para una eventual desmovilización, sino que también permitiría evaluar con mayor precisión la capacidad del Clan del Golfo para cumplir compromisos y generar confianza en el proceso. Claro que, para este punto, será crucial tener el panorama claro de quienes serán los jefes negociadores, teniendo en cuenta el arraigo y la capacidad de acción de sus líderes regionales.
Además, el seguimiento al cese al fuego y a los mecanismos de verificación será fundamental para darle credibilidad a este esfuerzo. Sobre todo, cuando los escenarios de ruptura del cese al fuego se han dado en el marco de los paros armados, como el del Bajo Cauca. La experiencia de los últimos intentos de tregua con el Clan del Golfo ha demostrado que, sin un monitoreo riguroso, la suspensión de acciones armadas puede convertirse en una estrategia del grupo para reorganizarse y expandirse territorialmente. En este sentido, la veeduría y la participación de organizaciones de derechos humanos y el uso de herramientas tecnológicas para la supervisión del terreno, como las que se esperaban realizar en el marco de la georeferenciación de los diálogos regionales con las disidencias de “Calarcá”, serán clave para evaluar la implementación real de los acuerdos y evitar que se repita la falta de control observada en experiencias previas.
Finalmente, este escenario de diálogo debe considerar que la transformación del Clan del Golfo no puede abordarse únicamente desde un enfoque jurídico o militar, sino que requiere una comprensión de sus dinámicas económicas y sociales. Su arraigo en las economías ilegales y sus conexiones con actores políticos y empresariales demandan un enfoque integral que no solo contemple mecanismos de sometimiento a la justicia, sino también estrategias para el desmantelamiento de sus redes financieras y la recuperación del control estatal en los territorios que domina. Así, aunque en los próximos 18 meses no se logre una desmovilización definitiva, sí es posible establecer un modelo de intervención territorial que siente las bases para un proceso de paz más estructurado, evitando que el Clan del Golfo siga operando como el actor armado con mayor influencia en el país.
[2] Ver: https://www.swissinfo.ch/spa/cuatro-muertos-en-primer-bombardeo-de-petro-contra-clan-del-golfo-en-colombia/88560395
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