Por: Mateo Quintero, Redacción Pares
En Nariño, las familias inscritas en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS) se encuentran inconformes. Esto se debe a varias problemáticas que vienen desde la falta de financiamiento por parte del Estado, hasta problemáticas internas del programa. Sin embargo, el problema de la sustitución ―forzada o voluntaria― proviene de un asunto de perspectiva que ha cambiado en el periodo Santos y en el periodo Duque.
En el Acuerdo de Paz se estableció que se haría una Reforma Rural Integral para transformar de manera integral las condiciones de vida de las comunidades rurales, mediante la superación de la pobreza y de la brecha entre el campo y la ciudad. Así se estableció el PNIS como programa para ejecutar procesos de construcción y desarrollo participativos a través de asambleas comunitarias.
Sin embargo, el actual presidente de la República, Iván Duque, más allá de la erradicación voluntaria de cultivos, ha promovido la sustitución forzada. Esto es cada vez más claro, al afirmar que se retomará la aspersión aérea para la erradicación. Además, el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, ratificó esta posición al decir públicamente hace una semana que “es importante la aspersión aérea para no arriesgar la vida de los policías”, refiriéndose al policía que murió debido a una mina antipersonal el 29 de octubre de este año.
Esto ha hecho que el empalme y las perspectivas entre el anterior y el actual gobierno sean cada vez más disímiles. Lo que afecta directamente el proceso de sustitución de cultivos ilícitos. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), de los 64 municipios que tiene Nariño, 27 tienen afectación por coca. Es el departamento con mayor cantidad de cultivos de coca desde el 2003, y para 2017 acumulaba un total de 45.734,6 hectáreas, es decir, el 26% del total nacional. Además, recientemente, el representante de la UNODC, Bo Mathiasen, aseguró que “en Nariño existe la misma cantidad de hectáreas de coca de las que existen en Perú”.
¿Por qué se estancó el PNIS en Nariño?
Los contratistas del PNIS, más allá de la verificación de resultados, deben encargarse de realizar la inscripción de familias al programa, los pagos correspondientes a las familias inscritas y, sobre todo, conformar la Comisión Municipal de Planeación Participativa. En esta última se articulan los planes de cada comunidad en el Plan de Atención Inmediata (PAI) y Plan Integral Comunitario y Municipal de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA).
A través de la Comisión Municipal se construyen el PAI y el PISDA, que tienen una incidencia directa sobre las regiones. Sin embargo, estos planes dependen del Consejo Permanente de Dirección del PNIS. El último tuvo lugar el 18 de julio, en el gobierno de Juan Manuel Santos. Después de esto, el encargado actual del PNIS, Daniel Ramírez, no tiene capacidad de decisión. En este sentido, el Consejo Permanente no está sesionando y se está limitando a seguir directrices del Gobierno. Lo que ha generado los atrasos en la implementación del PNIS.
El PISDA tiene como propósito dar solución al problema de los cultivos de uso ilícito mediante la construcción comunitaria, participativa y concertada. Por otro lado, el PAI está pensado para garantizar los ingresos de las familias que sustituirán los cultivos. El PAI promete otorgarles a las familias en proceso de sustitución un millón de pesos mensuales durante un año para poder tener seguridad económica mientras realizan el proceso de sustitución.
Sin embargo, pese a que 23.500 familias de Nariño firmaron pacto de voluntades para entrar en el PNIS, 16.000 de ellas se encuentran inconformes con el programa. Primero, por los atrasos en los pagos del PAI y segundo porque no se han concretado los proyectos productivos que permitan a las familias establecer una transición económica que les garantice su sustento. El gobierno brindó nueve millones de pesos a la mitad de las familias suscritas al PNIS para desarrollar proyectos productivos a mediano y a largo plazo. Sin embargo,para el resto de las familias que buscaban la atención del proyecto, la situación está en veremos.
Pero también hay problemas estructurales en el PNIS. El primero de ellos es el financiamiento. El gobernador del departamento de Nariño, Camilo Romero, dijo que el PNIS nació desfinanciado. Según Romero, “el Gobierno Nacional debió invertir $1,8 billones para que las 50.000 familias interesadas en la sustitución voluntaria acabaran con los cultivos de uso ilícito, pese a esto, los recursos comprometidos no llegan a los $50.000 millones”.
Finalmente, los proyectos productivos que benefician a las familias y comunidades inscritas se construyen sí y solo sí hay asistencia técnica. Sin embargo, esta asistencia técnica se escoge a través de la Comisión Municipal de Planeación, es allí donde se selecciona a los operadores encargados. El problema recae en que, como lo menciona el nuevo consejero para el postconflicto, Emilio Archila Peñalosa, no hay recursos suficientes para realizar asistencia técnica.
Además, como las Comisiones Municipales no están funcionando, no se está escogiendo a ningún operador y, a su vez, esto impide que los proyectos productivos no puedan ser aprobados y, por ende, financiados. Así las cosas, hay problemas concatenados en el funcionamiento integral del PNIS. Hoy por hoy, el PNIS tiene un palo en la rueda. Los habitantes de Nariño siguen esperando.