Por: Katerin Erazo, Periodista
El primer mes del año terminó con un total de once líderes y lideresas sociales asesinados en Colombia. El último caso reportado fue el 31 de enero, la víctima, Edilsa Andrade, lideresa campesina del sur del departamento del Cauca, quien hacía parte de la guardia campesina y había sido candidata al concejo municipal y parte del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), fue asesinada a unos metros de su casa por integrantes del grupo armado post FARC Carlos Patiño, quienes llegaron a su hogar y la sacaron a la fuerza de la vivienda para posteriormente asesinarla.
Otro caso reciente se registró en la noche del 30 de enero, cuando dos sicarios le dispararon a Gerard Vásquez, precandidato a la alcaldía del municipio de Mogotes, Santander, por el partido de Colombia Humana. Varias figuras cercanas a Colombia Humana se pronunciaron rechazando este crimen.
Sumado a estos homicidios, el 24 del mismo mes fue asesinado Arley Jaramillo Monsalve, comerciante y dirigente comunitario, quien, según la hipótesis de las autoridades, se había negado a pagar una extorsión en el municipio de Yarumal, Antioquia, y por esto fue asesinado.
Según Catalina Lema Casallas, asistente de investigación de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la situación de los líderes y lideresas sociales es “crítica” en muchos territorios. Destacó el caso de Tumaco, Nariño, ya que allí las comunidades se encuentran, en este momento, en confinamiento forzado debido a la presencia de grupos armados como el ELN y el grupo de Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC.
El fenómeno de asesinatos a líderes y lideresas sociales no es actual y se sigue manteniendo en unas cifras alarmantes. En el año 2020 fueron 199 los líderes sociales asesinados a manos de los diferentes grupos armados al margen de la ley que se reparten en el territorio nacional; esta cifra se redujo en el siguiente año, 2021, cuando se registraron 145 asesinatos de defensores de derechos humanos. Sin embargo, el año 2022 fue clave para visualizar las pocas garantías de protección que se les brindan a los líderes y lideresas sociales, ya que se registró un total de 180 asesinatos ese año, siendo los meses más críticos febrero y mayo, con 18 asesinatos cada uno y octubre con 20.
Según Mauricio Valencia, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, los seis departamentos en los que más se concentraron el 60% de homicidios contra líderes y lideresas sociales en ese año (2022) son: Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo y Arauca. Actualmente según el investigador nacional, los departamentos que mayor tienen presencia de grupos ilegales son: Cauca, Nariño y Antioquia.
Teniendo en cuenta los casos más recientes, se cuestiona el cese bilateral al fuego al que algunos grupos armados, como las disidencias de las FARC, se habrían acogido con el Gobierno Nacional. Según Mauricio Valencia, para reducir los asesinatos contra líderes y lideresas, se debe tener lograr un cese multilateral, es decir, el cese de la violencia entre las mismas organizaciones ilegales, ya que a pesar de que hay un cese bilateral con el Ejército y la policía, los grupos armados aún mantienen confrontaciones entre ellos mismos por las disputas de los territorios, ocasionando muchas veces que la misma comunidad y hasta los mismos líderes sociales queden inmersos dentro de las dinámicas del conflicto (Ver: Colombia es el sexto país en el mundo con más víctimas de minas antipersonal).
Cabe añadir que los protocolos para verificar y monitorear el cese al fuego bilateral todavía no estarían listos, por tal motivo las autoridades competentes no podrían verificar si ha habido alguna infracción o violación por parte de estos grupos armados, lo que deja mucho por pensar alrededor de si en realidad se está cumpliendo.
Como medida de protección para los líderes y lideresas sociales, el Gobierno actual, desde el año pasado, ha implementado un Plan de emergencia con la Unidad Nacional de Protección (UNP), cuyos objetivos son:
1. Generar una respuesta rápida por parte de las instituciones del Estado en los municipios y regiones que concentran el incremento de agresiones.
2. Poner en marcha de una manera inmediata acciones de carácter preventivo que apunten a reducir los niveles de hostilidad y estigmatización.
3. Iniciar la configuración de una política pública de garantías.
Cabe añadir que desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016, se vienen implementando garantías de seguridad para los líderes y lideresas, sin embargo, el Gobierno del expresidente Iván Duque no se acogió a las estrategias de garantías diseñados en el Acuerdo, sino que creó el Plan de Acción Oportuna (PAO), que, según Valencia, priorizaba una agenda enfocada en la seguridad y militarista, contrario al actual plan de emergencia de Petro, el cual tiene una visión más global del asunto, integrando tanto las medidas de protección como las instancias que se crearon en el marco del Acuerdo de Paz y que habían sido relegadas por el Gobierno de Duque.
Estas instancias son la Comisión Nacional de Garantías, el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, el Sistema de Verificación e Implementación del Acuerdo y la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según Mauricio Valencia, es importante que estas instancias tengan una interconexión, es decir, que todas estas estén en la misma sintonía con el fin de que en el momento de que ocurra alguna emergencia, se coordinen y actúen de manera oportuna.
En el marco de la creación del plan de emergencia de Petro para la atención de los ataques contra la población civil también fueron creados los Puestos de Mando Unificado (PMU), los cuales tienen el gran reto de articular a la institucionalidad nacional, regional y organizaciones sociales para identificar entre ellos acciones efectivas y eficaces que permitan prevenir y mitigar vulneraciones a los derechos humanos en un contexto de disputa territorial continua por parte de los grupos armados, el desarrollo de economías ilegales y la austeridad de los recursos económicos públicos (Ver: Se instaló el primer Puesto de Mando Unificado por la Vida en el Cauca).
Según Valencia, aún no se podría dar un balance de si realmente este plan de emergencia de Petro está funcionando, sin embargo, dado a las cifras registradas en lo transcurrido de su mandato, es preocupante la situación y se espera que en los próximos meses este plan empiece a tener mejores resultados a mediano y largo plazo.
Finalmente, según Mauricio Valencia, de 2016 a 2023 fueron asesinados aproximadamente 1.015 líderes y lideresas sociales. Como se mencionó anteriormente, se espera que con el plan del gobierno actual se den buenos resultados y se brinden garantías de protección y bienestar de manera prioritaria a los líderes y lideresas sociales del territorio colombiano.