Por: Daniela Quintero. Redacción Pares.
Desde 2016 hasta inicios de 2019, la Fundación Paz y Reconciliación – Pares, ha registrado el asesinato de 211 líderes sociales. Las investigaciones de Pares, han señalado que el perfil de las víctimas corresponde a líderes reclamantes de tierra, líderes que quieren participar en política y, líderes comunales que apoyan procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito o se oponen a mercados ilegales en sus territorios.
¿Qué dicen los líderes y lideresas?
“A pesar de todos los que siempre nos han querido callar, no estamos solos. Nos tenemos a nosotros mismos y a nuestras comunidades que confían en el trabajo hecho con profunda convicción a pesar de que nos siguen matando”, expresó Soraya Bayuelo lideresa a nivel nacional y fundadora de la Corporación Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21, en su intervención durante la reunión entre defensores de derechos humanos y el gobierno desarrollada en los Montes de María.
Bayuelo, también pidió el cumplimiento de lo pactado en La Habana, Cuba y sobre todo la garantía a la verdad, justicia y reparación para la no repetición. “Nosotros como víctimas nos tomamos muy en serio este objetivo que nos obliga a todos a seguir trabajando porque esas vidas que se han perdido ayer, una semana atrás, un mes atrás, un año atrás, cinco, diez, quince y cuarenta años atrás no sean solo cifras”, puntualizó.
Dicho encuentro se realizó en el marco de la llamada Mesa por la Vida en el Carmen de Bolívar, uno de los 15 municipios que integran dicha subregión que fue azotada durante décadas por el conflicto armado y que ahora intenta salir de ese pasado de violencia.
Hace más de veinte años ese territorio fue testigo de al menos 50 masacres por la disputa territorial entre guerrillas y paramilitares, sin embargo, aún hacen presencia grupos armados como el Clan del Golfo, principal banda narcotraficante; y el ELN, última guerrilla del país.
¿Qué hace el gobierno?
Desde el año pasado la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 026 del 2018 en la que señaló todos los municipios en los que había un riesgo leve para la seguridad de los líderes sociales. Según la entidad, el 80 % de los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos se presentaron en los lugares que fueron advertidos.
Tras el aumento de asesinatos, el gobierno decidió reunirse con las comunidades pues, “el asesinato de líderes sociales todavía persiste”, dijo el defensor del pueblo, Carlos Negret. Además indicó que en zonas como los Montes de María es importante que el estado haga presencia todos los días hasta que la causa que lleva a la muerte de los lideres sociales no vuelva a suceder.
“Las alertas tempranas deben ser atendidas con mayor rigurosidad porque somos una entidad que vivimos todos los días en terreno escuchando a la comunidad y diciéndole al gobierno que el tema no es solamente de seguridad, lo que se vive en esta zona es un problema de hambre, la gente no tiene qué comer, fuentes de empleo o una casa”, agregó.
En ese sentido, hay sectores que critican el nuevo Decreto 2137 que lanzó en noviembre del 2018 la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, con el fin de hacerle frente a este flagelo. Puesto que, ya estaban en funcionamiento otras cinco resoluciones del gobierno anterior que estipulaban la protección y garantías a los defensores y que nacieron producto del pacto de paz.
Se trata del Plan de Acción Oportuna (PAO), integrado por funcionarios del alto gobierno y que pareciera no entender las dinámicas de los líderes sociales pues deja por fuera a las organizaciones y ciudadanos que trabajan por los derechos humanos. De acuerdo con investigadores de Pares, este es un proyecto de corte ofensivo y que al final no termina solucionando las problemáticas sociales en las comunidades.
En la declaración final de la Mesa por La Vida, tanto gobierno como representantes de la comunidad reconocieron la necesidad de reestructurar la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero lo curioso es que con el decreto lanzado por Duque no se sabe entonces con exactitud cuál es la ruta para seguir protegiendo a los líderes, puesto que hay diversas medidas pero pocas que terminen funcionando.
Por lo pronto, los luchadores por los derechos humanos siguen alzando su voz para intentar prevenir más hechos victimizantes. Como expresó Bayuelo, “lo único que todos quieren es que no vuelva la guerra, por lo que exigen garantías de no repetición”.
Colombia vive con más de 7 millones de víctimas producto del conflicto armado interno. Ahora lo que quieren diversas organizaciones de derechos humanos es que esa cifra no siga aumentando, sin embargo, este gobierno ha mostrado poca voluntad de paz: con la implementación de los acuerdos de paz, con la protección de líderes sociales y las medidas de defensa y ofensa.
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