Por: Juan Sebastián Peña Editor – Pares
Hoy se cumplen 5 meses del inicio de las históricas jornadas de movilización que sacudieron al país desde el pasado 28 abril. Esto luego de que múltiples demandas ciudadanas encontraran un cauce común con motivo de una reforma tributaria propuesta por el Gobierno (y que le costaría la cabeza a Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda) que, a todas luces, parecía ir en contravía de los intereses de la clase media y de las poblaciones más vulnerables y afectadas por la realidad que trajo la pandemia de covid-19. Precisamente para el día de hoy, 28 de septiembre, el Comité Nacional del Paro (CNP) ha convocado a nuevas jornadas de movilización para reclamar que se dé respuesta a muchas de las exigencias de distintos sectores de la sociedad civil que no han sido atendidas por el Estado.
En el marco del impacto político y social que produjeron las protestas (re)iniciadas el 28 de abril, y como respuesta a la ausencia de compromiso y voluntad política por parte del Gobierno para establecer acuerdos en la mesa de negociación que fue abierta para responder a las demandas sociales que alimentaban el estallido y la indignación social, a mediados de junio, el Comité Nacional del Paro suspendió las conversaciones con el Gobierno y decidió llevar los reclamos de los sectores que representaba en forma de un pliego de emergencia ante el Congreso. Finalmente, el 27 de julio, a través de las bancadas alternativas y de oposición, los 10 proyectos de ley que se recogían en el pliego fueron presentados en el Congreso. Sin embargo, de acuerdo a lo comunicado por el Comité Nacional del Paro, estos no han sido discutidos ni tramitados en el Legislativo. Esta sería la principal razón por la que esta organización ha llamado el día de hoy a desarrollar una nueva jornada de movilizaciones.
Al respecto, Diógenes Orjuela, Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) e integrante del Comité Nacional del Paro, en entrevista con la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), señaló que esta jornada de protestas convocada para hoy “tiene como elemento principal agitar los proyectos de ley que tenemos presentados ante el Congreso de la República. Es un reclamo porque el presidente y el secretario del Congreso de la República, del Senado y de la Cámara, no han agendado ponentes ni han agendado estos proyectos en el orden del día, pero además esta jornada constituye la denuncia de más asuntos dentro de las tantas tropelías que el Gobierno comete contra los colombianos”.
El pliego de emergencia presentado en julio por el Comité Nacional del Paro intentaba recoger puntos centrales que ya habían sido el eje de demandas constantes por parte diversos sectores en movilizaciones sociales anteriores como las desarrolladas en noviembre del 2019. Los diez proyectos allí consignados giran en torno a: renta básica por 12 meses para cerca de 7,5 millones de hogares, garantías para ejercer el derecho a la protesta pacífica, la derogatoria del Decreto 1174 de 2020, la implementación de la matrícula cero en educación superior, la reactivación económica de las pequeñas y medianas empresas a través de apoyos en subsidio y créditos, reforma a la ley 1622 de 2013 para robustecer los Consejos de Juventud y la participación política de esta población, la modificación del decreto 569 de 2021 para contemplar medidas de alivio a deudores del fondo de solidaridad agropecuario y del programa nacional de reactivación agropecuaria, el desarrollo de una política de fijación de precios de los productos e insumos agropecuarios, la realización de una reforma policial estructural y el avance en acciones contra la violencia basada en género.
Son estas las peticiones, entre muchas otras, que aún no encuentran espacio en el Congreso. No solo estas demandas, sino también las de sectores sociales que no se hallan representados en el Comité Nacional del Paro, pero que también han alimentado la fuerza de las más recientes movilizaciones a través de la puesta en el escenario público de sus identidades, demandas, expresiones y propias formas organizativas, no parecen hallar respuesta en un Gobierno que va de salida.
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