Por: Katerin Erazo, Periodista
La Superintendencia Nacional de Salud (SNS) ha lanzado una nueva circular que refuerza la obligación de las EPS, IPS, entidades territoriales y demás actores del sistema de salud para garantizar el acceso integral y de calidad al servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Colombia. Esta actualización, que reemplaza la circular 003 de 2013, se enmarca en un contexto de avances legales y sociales que buscan asegurar que las personas gestantes puedan ejercer su derecho a decidir sobre sus cuerpos, una lucha que ha sido impulsada por movimientos feministas y organizaciones de derechos humanos durante décadas.
La importancia de esta nueva reglamentación radica en su alineación con los estándares establecidos por la Corte Constitucional en sentencias clave como la C-355 de 2006, que despenalizó el aborto en tres causales específicas, y la C-055 de 2022, que amplió el plazo para acceder a la IVE hasta la semana 24 de gestación. Estas decisiones judiciales no solo reconocen el derecho fundamental de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo, sino que también establecen obligaciones claras para el Estado en cuanto a garantizar condiciones dignas y seguras para ejercer dicho derecho.
Durante la firma de la nueva circular, el Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, subrayó la relevancia de adoptar regulaciones que permitan que el derecho a la salud sea realmente efectivo para todas las personas. “Es importante avanzar en circulares como esta, que nos permitan garantizar el derecho fundamental de la salud a todas las personas y acompañar los procesos que tienen que generar transformación a nivel social para que estos derechos realmente logren ser efectivos”, afirmó Leal. En la ceremonia participaron grupos de mujeres de Bogotá, junto a representantes de Antioquia, Atlántico, Boyacá y Nariño, quienes manifestaron su apoyo a esta iniciativa.
Entre las 13 directrices emitidas por la circular, se destaca la obligación de prestar el servicio de IVE sin importar la etapa del embarazo, siempre que sea dentro de las primeras 24 semanas, y con especial atención a evitar barreras administrativas y discriminación.
Esta normativa tiene un enfoque particular en asegurar que las mujeres y personas gestantes con discapacidad reciban los ajustes necesarios para acceder a la IVE en condiciones de igualdad. Asimismo, se recalca la importancia de la confidencialidad y el respeto a la autonomía, subrayando que ninguna persona gestante menor de edad necesita autorización de terceros para tomar decisiones sobre su cuerpo.
La circular no solo se dirige a los prestadores de salud, sino también a entidades de aseguramiento, tanto del régimen general como de regímenes especiales, incluyendo a las comunidades indígenas. Además, contempla la necesidad de establecer canales de comunicación efectivos entre los diferentes actores del sistema de salud para garantizar una atención oportuna y sin demoras injustificadas.
Organizaciones como Causa Justa, que han estado al frente de la lucha por la despenalización del aborto y la protección de los derechos reproductivos en Colombia, han celebrado esta actualización como un avance significativo. Según representantes de la organización, “esta circular es un paso más hacia la protección del derecho al aborto y la autonomía reproductiva en Colombia. Esperamos que los prestadores y demás actores del sistema de salud acaten las instrucciones establecidas. No hay excusa para no hacerlo”.
Es crucial comprender que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es un pilar fundamental en la lucha por la igualdad de género y la autonomía personal. La posibilidad de acceder a una IVE de manera segura y sin estigmatización no solo salva vidas, sino que también otorga a las mujeres y personas gestantes el control sobre su futuro, algo que ha sido históricamente negado. Las recientes disposiciones legales y la voluntad de organismos como la Superintendencia Nacional de Salud para hacer cumplir estas normas son un reflejo de los avances que, aunque tardíos, responden a una deuda histórica con los derechos reproductivos en Colombia.
En un país donde los obstáculos para acceder a la IVE han sido persistentes, esta nueva circular representa un paso adelante en la consolidación de un sistema de salud que respete y garantice los derechos de todas las personas, sin importar su origen étnico, condición socioeconómica o identidad de género. Este marco normativo busca construir un entorno más equitativo y justo, donde la autonomía y la dignidad de las mujeres y personas gestantes sean plenamente respetadas y defendidas.
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