Por: Katerin Erazo, Periodista
El pasado 21 de agosto, 16 congresistas de diversos partidos se unieron para presentar un proyecto de reforma constitucional que busca prohibir el aborto en Colombia, una propuesta que rápidamente encendió un acalorado debate nacional. Esta iniciativa se produce en un contexto donde, gracias a un fallo histórico de la Corte Constitucional en febrero de 2022, en el país es posible acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 24 de gestación. El fallo representó un avance significativo en los derechos reproductivos de las mujeres, pero este nuevo proyecto amenaza con dar marcha atrás en esos logros.
Una de las sorpresas más impactantes en torno a esta propuesta fue la firma de la representante Mary Anne Perdomo, del Pacto Histórico, quien, a pesar de pertenecer a una coalición que históricamente ha defendido los derechos de las mujeres y el feminismo, decidió apoyar la reforma.
Su decisión ha generado un debate interno en el Pacto Histórico, cuestionando la coherencia del movimiento y evidenciando las tensiones dentro de sus filas. Este apoyo a la agenda “pro-vida” por parte de Perdomo sacudió el tablero político y abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre los derechos reproductivos en Colombia.
El proyecto también cuenta con el respaldo de figuras prominentes de la derecha, como la senadora Lorena Ríos, presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, y el senador conservador Mauricio Giraldo. Ambos han sido defensores acérrimos de la llamada agenda “pro-vida”. Ríos ha subrayado que esta propuesta es un esfuerzo por “proteger la vida desde la concepción”, mientras que Giraldo celebró la pluralidad de apoyos al proyecto, señalando que la iniciativa cuenta con respaldo de conservadores, sectores de Colombia Justa Libres, los verdes e incluso algunos miembros del Pacto Histórico.
La presencia de Camila Rojas, una figura destacada de la derecha que ha utilizado estrategias mediáticas para desinformar en debates anteriores, añade más tensión al panorama. Su involucramiento resalta el carácter ideológico y polarizado que rodea la discusión sobre el aborto en Colombia, un país donde los derechos reproductivos siguen siendo un tema candente.
La propuesta de reforma constitucional llega en un momento crucial, dado que la normativa vigente fue fortalecida por la reciente circular de la Superintendencia Nacional de Salud que reglamenta el acceso al aborto hasta las 24 semanas. Este marco legal ha sido celebrado por organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos como un hito en la lucha por la autonomía de las mujeres. Sin embargo, la nueva iniciativa legislativa pone en riesgo estos avances y plantea preguntas sobre el futuro de los derechos reproductivos en Colombia.
El debate sobre el aborto en Colombia ha sido largo y complejo. Desde la despenalización parcial en 2006, el país ha vivido una evolución constante en la legislación sobre el tema, con avances que culminaron en la histórica decisión de 2022. Sin embargo, la discusión nunca ha estado exenta de controversia, con sectores conservadores y religiosos oponiéndose vehementemente a la ampliación de derechos para las mujeres. Ahora, con esta propuesta de reforma, el país se enfrenta a un posible retroceso que podría reabrir heridas y reavivar una batalla social y política que parecía superada.
Mientras el Congreso se prepara para debatir esta reforma, la sociedad colombiana sigue dividida. De un lado, quienes defienden la autonomía de las mujeres y el avance en derechos; del otro, aquellos que, en nombre de la protección de la vida, buscan limitar el acceso al aborto. Lo que está en juego no es solo un cambio legislativo, sino el equilibrio entre derechos, ideologías y alianzas políticas que, en Colombia, parecen ser tan volátiles como el clima mismo.
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